Chile: Todos por el agua

El Estado concede derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad, permitiendo que éstos se puedan comprar, vender o arrendar, sin considerar prioridades de uso o la protección medioambiental.

Unas diez mil personas participaron, este 22 de abril, en la Marcha Nacional por la Defensa y Recuperación del Agua. Tres columnas confluyeron en la Plaza Los Héroes, marchando desde Nos, Til Til, y el frontis de la Universidad de Santiago. La Intendencia negó, a solo a horas del inicio de la movilización, el acceso a la Plaza de la Ciudadanía. Tras la marcha, las más cien organizaciones medioambientales, sociales y de comunidades indígenas realizaron una asamblea en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Los convocantes buscan sensibilizar a la opinión pública sobre la gravísima situación que viven diferentes territorios del país a causa de la crisis hídrica.

El Código de Aguas dictado en dictadura, convirtió el vital recurso en “propiedad privada”. El Estado concede derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad, permitiendo que éstos se puedan comprar, vender o arrendar, sin considerar prioridades de uso o la protección medioambiental. “La privatización de las aguas viola los derechos humanos”, dice Rodrigo Mundaca, del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima). “La privatización no solo es responsabilidad de la dictadura. Se perfeccionó en los gobiernos de la Concertación, particularmente en el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Lo que sucede hoy con el agua es una vergüenza para el país. Un bien nacional de uso y dominio público fue transformado en un bien de capital especulativo y lucrativo que confronta a las comunidades”, agrega.

Por su parte, Teresa Nahuelpán, del Movimiento por la Defensa del Mar en Mehuín, señala: “Las comunidades mapuches padecen escasez de agua, siendo el sur un territorio muy lluvioso. Hay comunidades que dependen de camiones aljibes, porque las forestales las han dejado sin agua. No sólo afecta a las personas, tampoco permite cultivos ni crianza de animales. No se alimentan de pinos sino que del bosque. Afecta también a la medicina mapuche, pues las plantas requieren de ciertas condiciones de humedad”. Juan Carlos Labrín, del Movimiento Ciudadano Brigada S.O.S Huasco, agrega: “La naturaleza es más sabia que cualquier gobierno. El agua en sí misma es vida y da vida. Nuestras comunidades entienden su realidad de cuencas, de acuerdo al ciclo de la naturaleza, y rechazamos rotundamente las ‘soluciones parche’, que no son para las comunidades sino que para el mundo industrial, empresarial y megaminero, que destruye, contamina y envenena nuestras aguas. Queremos el fin del lucro en el agua y su establecimiento como un bien común, como propiedad colectiva, y avanzar en su gestión comunitaria… Y terminar con las mafias de la administración de las juntas de vigilancia; eliminar cualquier instrumento que privatice el agua y la tierra. Los habitantes que han sufrido por años una matanza silenciosa ya se cansaron de los criterios políticos y económicos que están por sobre la vida”.

Durante la conferencia de prensa realizada por las organizaciones convocantes, el 16 de abril, en la Fech, su presidente, Andrés Fielbaum, señaló: “Entendemos que la generación de alianzas entre las distintas luchas es fundamental. Hemos dicho que con los derechos básicos no se lucra. Con la educación y el agua tampoco se lucra. Por eso, estamos adhiriendo a esta movilización, no por mera solidaridad, sino que porque entendemos que el problema del agua afecta a todos los chilenos”.

LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES

Las demandas más sentidas son que el agua deje de ser una mercancía a merced del capital de turno; que se desprivatice, consagrándola como propiedad colectiva; impulsar y apoyar la gestión comunitaria en su uso y cuidado; derogar los instrumentos privatizadores que separan el agua de la tierra, propiciando su uso irracional: Código de Aguas y Tratado Binacional Minero, entre otros; que se dicten leyes que protejan el territorio, en especial, los ecosistemas más frágiles o dañados; y un profundo cambio institucional, especialmente en la Dirección General de Aguas, “para que detenga su ‘conducta  criminal’”, señalan las organizaciones. “Hace años venimos viendo disminuir nuestros ríos, morir nuestros cultivos, enfermar nuestros hijos, contaminar nuestras aguas; hace años venimos cambiando nuestras culturas para adaptarnos a la escasez de agua, pero nuestros esfuerzos no han mejorado la situación, y al contrario, todo es cada día más dramático. Por eso hemos salido a buscar agua y nos hemos encontrado con otros y otras, que hace más o menos tiempo vienen denunciando a autoridades sordas y medios de comunicación obsecuentes la misma realidad. Hemos descubierto que en Chile hay agua, pero que la muralla que la separa de nosotros se llama lucro y que se construye con el Código de Aguas, la Constitución, los acuerdos internacionales como el Tratado Binacional Minero, y fundamentalmente, con la imposición de una cultura que ve como normal que el agua que cae del cielo, tenga dueños. Esta muralla está secando nuestras cuencas, está devastando los ciclos hídricos que han sostenido nuestros valles por siglos, está sembrando la muerte en nuestras territorios, y debe ser derrumbada ahora”, agregan.

El Código de Aguas creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. Los derechos consuntivos -no devuelven caudal a un río-, se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Más de un 80% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos -devuelven caudal-, se encuentra en manos de transnacionales, principalmente, Endesa. El Tratado Binacional Minero, suscrito en 1997 y ratificado en 2001, entrega las nacientes de las cuencas, donde se encuentran los ecosistemas glaciares, a las transnacionales mineras. El gobierno de Frei Ruiz-Tagle, siguiendo directrices del Banco Mundial, inició la venta y entrega en concesión a privados de las empresas de agua potable. El gobierno de Sebastián Piñera, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias, salvo SMAPA de Maipú, que aún mantiene gestión municipal sólo gracias a la presión de la comunidad, pero que ya ha sido amenazada con privatización. “La privatización de las aguas, la institucionalidad creada para maquillar el saqueo, y la prevalencia del mercado como rector de las aguas, han hipotecado la vida de las mayorías, provocando además daños ecológicos irreparables. Esa es la convicción que nos hace caminar desde el norte y sur hacia Santiago, para que junto a las comunidades de la Región Metropolitana, demos una señal de alerta a las autoridades y a los inversionistas, pero sobre todo motivemos el despertar en otros y otras que aún no entienden que sin agua no hay vida y que el agua que queda debemos defenderla y recuperarla antes de que sea demasiado tarde… Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y rigurosamente los costos y beneficios que éste ha traído a las regiones, el país y el planeta… Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos… Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, detenga sus conductas criminales entregando más derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar y resolviendo cuestiones técnicas en virtud de criterios político-económicos. La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas”, agregan las organizaciones.

ROBO DEL AGUA

“Chile es el único país del mundo con sus aguas privatizadas”, dice Rodrigo Mundaca. “Más del 80% de los ríos se encuentran absolutamente sobreotorgados. Es decir, se han concedido más derechos de aprovechamientos que el agua que se encuentra realmente disponible. Claramente, han favorecido a los grandes empresarios y los poderosos en detrimento de las necesidades de los pequeños y medianos agricultores y de la satisfacción de la demanda de agua de bebida de la población. Un litro por segundo en la provincia de Petorca tiene hoy un valor nominal de 15 millones de pesos. En la Región de Atacama, cuesta 30 millones de pesos… La ONU, en julio de 2010, señaló que las aguas eran un derecho humano esencial e irrenunciable. Sin embargo, en Chile son un bien de capital especulativo”, agrega.

Conflictos por el agua hay en todo Chile: En la Región de Antofagasta, la sanitaria Aguas Antofagasta otorga derechos de aprovechamiento a mineras de propiedad del grupo Luksic mientras las comunidades indígenas, principalmente, ven secarse sus territorios. En Atacama, el conflicto mayor es con Barrick Gold y el agua del valle del Tránsito y del glaciar Milenario. En Coquimbo, con la minera Los Pelambres y el Choapa. En la Región de Valparaíso hay casos de usurpación de aguas. En Región de O’Higgins, los conflictos se dan en el Tinguiririca y las centrales hidroeléctricas que no devuelven el agua al río. En la Región del Maule, Endesa intenta apropiarse de aguas represadas en la laguna del Maule. Y un largo etcétera. “En la Ligua, Cabildo y Petorca, prácticamente el 90% de las tierras cultivadas se destinan a la producción de palto de exportación. Prácticamente la mitad se encuentra en zonas que no tienen actitud de cultivo, zonas de cerro. Se han convertido en tierras de secano. Las fiscalizaciones de la DGA dieron cuenta de una serie de obras irregulares. Pozos de captación de agua subterránea sin derechos legalmente constituidos, obras de conducción de agua sobre los lechos de los ríos sin permisos, etc. Hay una legislación tan laxa, que finalmente un delito de usurpación significa pagar 20 UTM y pueden continuar usurpando agua. Así muchos empresarios como Pérez Yoma, Cerda y otros, extraen agua sin derechos legalmente constituidos”, agrega Rodrigo Mundaca.

La privatización de los recursos hídricos ha obviado el rol que debe cumplir el Estado. Aunque el agua es un derecho humano esencial e irrenunciable, el Estado no actúa como garante en su administración y asignación. La legislación chilena -única en el mundo- no salvaguarda el interés público ni la igualdad ante la ley. Grandes empresarios y transnacionales son dueñas del agua y lucran con el vital recurso mientras comunidades enteras simplemente no tiene agua. Y Chile vive una grave sequía. Los embalses han reducido dramáticamente sus recursos. Respecto al promedio histórico el déficit es de un 56,3%. “En las actuales condiciones, el agua no es un recurso renovable. La demanda de agua excede la disponibilidad real del recurso, situación que empeora y se agudiza no solo en nuestro país. Nada justifica mantener el orden de cosas actual en materia de aguas, más aún cuando la falta de agua compromete la vida de los más sencillos”, dice Rodrigo Mundaca.

“Chile es el único país en el mundo que ha entregado el agua a privados -dicen las organizaciones-, con graves efectos en las áreas de alto valor ecológico, en la disponibilidad de agua para el riego en comunidades campesinas e indígenas y el abastecimiento de agua potable en las ciudades”. Aunque nuestro país posee 16 mil kilómetros cuadrados de glaciares, lo que es considerado una reserva estratégica que permite la recarga de ríos en períodos de sequía, la actividad minera está destruyendo irreversiblemente los frágiles ecosistemas de montaña, afectando a salares, vegas y bofedales. A pesar de su importancia, los glaciares no existen en la Constitución y no están protegidos. Recientemente, se denunció que Codelco Andina pretende expandir sus operaciones, lo que implicará la destrucción de unos 26 glaciares entre los ríos Aconcagua y Maipo.

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