Fin a la expansión de la industria forestal y a levantar las economías territoriales

Diversos referentes sociales, ambientales, de derechos humanos, tanto del Pueblo Mapuche como chileno, vienen denunciando los graves impactos que este tipo industria ha causado en los territorios y que hoy, además, con la prórroga del Decreto Ley 701 proveniente de la dictadura, pretenden doblar la actual superficie de pinos y eucaliptus. Ante este escenario devastador, se hace un llamado a poner fin a su introducción y a levantar las economías territoriales.

Durante el 2012, a través de una carta pública, unas 70 organizaciones de diversos territorios en Chile, pusieron en alerta de los intentos que tienen las empresas forestales e instituciones públicas del estado para fomentar la introducción de especies exóticas de pino y eucaliptos en territorios de comunidades y sectores campesinos que, según señalaron, solo traerá graves consecuencias para la vida rural, mayor sequía, mayores impactos, y grave exposición a la infección de plagas con pérdidas totales. Por tales razones, hicieron un llamado a no aceptar los supuestos beneficios.

Señalaban en un punto: "Ni los empresarios ni los políticos que ocupan cargos públicos que están a favor de las forestales están preocupados por nuestro presente y futuro, solo quieren ganar dinero a costa de la destrucción. Hablan de progreso, de desarrollo y solo traen a nuestros territorios pobreza, indigencia y falta de alimentos...", asimismo, hicieron referencia a la necesidad de revitalizar y levantar las economías territoriales de acuerdo a los intereses y necesidades de los habitantes de estas regiones.

Estas políticas impuestas no están cumpliendo con la obligación estatal de consulta y participación de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan y tampoco, se está atendiendo el Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo que establece la norma internacional de derechos.

Asimismo, ante la ofensiva gubernamental - empresarial - legislativo y de introducir suma urgencia al proyecto de Ley que busca dar prorroga por 20 años más del Decreto Ley 701, norma que viene desde la dictadura militar de Pinochet y que es modelo matriz de la dictadura militar, promotora de la expansión de especies exóticas de monocultivos de pino y eucaliptus a favor de dos grupos económicos (Matte: CMPC y Angelini: ARAUCO -CELCO), causante de la depredación y graves impactos a los territorios y a las poblaciones, generando verdaderos asesinatos de la vida rural, tanto en aspectos sociales, ambientales, culturales y económicos. Hoy, a pesar del escenario devastador causado, se busca proyectar nuevamente este instrumento fáctico para intensificar la introducción de plantaciones de estas especies en tierras de comunidades Mapuche y en sectores campesinos chilenos, con diversos riesgos y que conllevará además, la expansión de la contaminante industria de celulosa-papelera .

El congreso aprobó recientemente la idea de legislar pero ahora deberá discutir por artículo y definir indicaciones. Este proceso legislativo ha tenido la férrea oposición de diversos sectores sociales en Chile y además han existido acusaciones de conflicto de intereses por los vínculos de algunos legisladores con el sector forestal y el financiamiento que hacen las empresas a los Partidos. Por su parte, las empresas a través de CORMA intensifica la introducción de estas especies a través de municipios cooptados.

Es importante destacar que diversas iniciativas que versan desde lo propio, con procesos autónomos, continúan desencadenando en propuestas de desarrollo y autosuficiencia que pretenden establecer en forma soberana las iniciativas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos. Hoy se hace indispensable continuar informando, difundiendo, manifestándose en contra y dar cuenta de los impactos de esta industria, para que exista conciencia en familias en su no introducción y a su vez, se exija al estado, el respeto y garantía en las definiciones de desarrollo.

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