Ley de Pesca: interrogan cuatro horas a ex gerente general de Corpesca por posible soborno

La investigación por posible cohecho y soborno en la Ley de Pesca, que tiene bajo la lupa a la diputada Marta Isasi y a Corpesca, se desarrolla en tres frentes y sin tregua. Al interrogatorio del ex gerente de la empresa de Angelini se sumó la revisión total a los gastos de campaña declarados por Isasi ante el Servel y el cotejo con los aportes reservados que recibió de empresas. Hasta ahora las cifras no cuadran. En la Cámara, su Comisión de Ética evalúa sanciones y faltas a la probidad. Su votación junto a otros diputados, como Orlando Vargas (PPD), abre nuevas aristas para un juicio que torna urgente la regulación del lobby.

Mientras las marejadas sorprendían a los iquiqueños y a gran parte de la población del litoral, Francisco Mujica, el gerente general de Corpesca que debió abandonar su cargo tras 14 años en la empresa pesquera del grupo Angelini, tuvo que permanecer durante cuatro horas en dependencias de la Policía de Investigaciones de Iquique. Mujica enfrentó a la justicia el jueves 4 de julio, casi dos meses después de que CIPER revelara los vínculos de esa pesquera con la diputada Marta Isasi y con ello abriera una ventana en el oscuro mundo del lobby de las grandes empresas vinculado al financiamiento de la política (ver reportaje).

Acompañado de su abogado, Daniel Praetorius, del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, Mujica llegó hasta Iquique y en ese viaje no se reunió, ni intercambió correos electrónicos con la diputada Marta Isasi. Así lo aseguró la parlamentaria en una breve conversación con CIPER: “No me he encontrado con el señor Francisco Mujica, a quien conozco desde hace muchos años, antes que ingresara a la política”, afirmó.

Esta vez no hubo contacto cara a cara entre los dos protagonistas que levantaron el velo a una práctica habitual que hasta ahora no había sido reconocida públicamente, y que da cuenta de la existencia de una caja negra entre política y el mundo empresarial.

En poder del fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, se encuentran decenas de correos electrónicos que tienen como actores principales a Isasi, Mujica y al ex asesor de la diputada, Georgio Carrillo, entre otros. Las misivas son parte de las pruebas con las que se busca acreditar la existencia de cohecho por parte de la parlamentaria y soborno por la empresa de Angelini. Una operación destinada a que Marta Isasi votara en julio de 2012 gran parte de los articulados de Ley de Pesca a favor de la industria pesquera, como retribución al financiamiento que el propio Francisco Mujica reconoció haberle otorgado en su campaña a diputada (2009) y a “muchos más” parlamentarios. Y también determinar el origen de otros pagos a Isasi por parte de Corpesca, los que quedaron al descubierto con las declaraciones de Carrillo.

En sus declaraciones a la PDI, el ex gerente de Corpesca reveló que, efectivamente durante la tramitación de la Ley de Pesca se contactaron, como empresa, con muchos parlamentarios. Incluso se refirió a una suerte de “Frente del Norte”, donde participarían el senador por Iquique Fulvio Rossi (PS) y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.

CIPER contactó al senador Rossi pero éste rechazó categóricamente que él formara parte de esa instancia y también que Corpesca haya financiado su campaña electoral. “Yo nunca le he pedido apoyo a Corpesca. Es más, tengo una relación distante con el señor Mujica”, afirmó el parlamentario socialista.

Las declaraciones del ex ejecutivo de Corpesca deberán ahora ser contrastadas con las de los propios aludidos y también tendrán que ser cotejadas con los documentos que tiene en su poder el Servicio Electoral (Servel) sobre los aportes reservados que hizo la empresa de Angelini a las campañas políticas en la pasada elección presidencial y parlamentaria.

BOLETAS CUESTIONADAS

Hasta el momento, el equipo de la PDI que por orden de la fiscalía de Tarapacá investiga los posibles delitos cometidos por Marta Isasi y Corpesca, ha constatado imprecisiones en la información que entregó Isasi al Servicio Electoral de sus gastos de campaña. Esto corresponde a las boletas y respaldos de los gastos en que incurrió. Lo anterior dará paso a una nueva diligencia en que se chequeará la validez de cada una de las boletas entregadas por Isasi al Servel.

Una falta de veracidad en los gastos de campaña que Isasi declaró es un hecho que perfectamente pudo pasar inadvertido para el Servicio Electoral. Y ello, porque el personal que ese servicio vital para la democracia cuenta para realizar la fiscalización de esas declaraciones, es muy reducido. La Unidad de Control de Gastos Electorales del Servel la integran siete funcionarios, y en año electoral se contrata además a otras 70 personas, de las cuales el 80% aproximadamente son contadores. Las personas que garantizan esa función solo alcanzan para que se revise si lo declarado por candidatos y partidos políticos está sustentado en facturas y boletas. No tienen la facultad para fiscalizar en terreno el gasto realizado. Se limitan a chequear que el respaldo de las facturas y boletas cuadre con lo rendido y que facturas y boletas de honorarios estén correctamente emitidas.

Respecto a los gastos electorales de la diputada Isasi, el Servicio Electoral le aprobó su cuenta en la Resolución 0866, y autorizó que se le devolviera la suma de $8.611.119 (ver documento).

LA OTRA INVESTIGACIÓN

En medio de la polémica desatada por las aseveraciones de Mujica a CIPER, los diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados publicaron declaraciones bajo juramento de “no haber solicitado o recibido ningún tipo de beneficio económico para realizar una acción o incurrir en una omisión en el desempeño de sus funciones, con anterioridad, en forma coetánea, o posterior a la tramitación de la ley que modificó el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, contenida en la Ley Nº 18.892”. (ver declaraciones). Los  únicos diputados que no firmaron fueron los diputados Carlos Recondo (UDI) y Marta Isasi.

La diputada permaneció en la ciudad nortina hasta la segunda semana de julio, con licencia médica. Ella ya fue informada de que, en estos días, será notificada del desarrollo de la otra investigación de los hechos, y que lleva a cabo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por eventuales faltas a la probidad. Si su licencia médica se prolonga, un funcionario de la corporación deberá viajar a Iquique para continuar con la indagación iniciada a principio de mayo, de manera que la diputada Isasi comparezca nuevamente ante dicha comisión. Y ello debido a que, según fuentes de la investigación, existen contradicciones que deberán ser aclaradas por la parlamentaria.

Isasi podría ser sancionada con la disminución de hasta un 15% de su dieta parlamentaria, y recibiría un reproche por la desprolijidad con que ha operado sus cuentas y correos institucionales. Un ejemplo de ello es un email que le envía a su ex asesor Georgio Carrillo en el que le instruye que adultere su firma e informe a la Cámara de su opción sobre el color de un tablet. Una instrucción que la diputada hizo antes de que la compra de esos tablet desatara una fuerte polémica, la que finalmente obligó a los diputados a suspenderla (ver correo).

EL “COPY PASTE” DE CARRILLO

La declaración del ex gerente general de Corpesca ante la PDI de Iquique comenzó pasadas las 10 de la mañana del jueves 4 de julio y se prolongó hasta después de las 14:00 horas. Se le preguntó a Francisco Mujica por qué Corpesca en el año 2009 pagó $25 millones al ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo, por estudios del sector que contenían “supuestos un tanto antiguos… tipo año 2002… con una realidad un poco diferente” (ver correo). No hubo una respuesta satisfactoria para explicar por qué realmente Corpesca contrató esos servicios, más aún cuando la propia empresa cuenta con un centro de investigación pesquera y Carrillo es un periodista que no tiene la formación técnica para elaborar un informe de esas características.

El equipo de la PDI se trasladó al Congreso de Valparaíso para obtener copia de los documentos que la diputada Isasi pidió a funcionarios de la biblioteca de la corporación que sirvieron de “insumo” para que su asesor redactara los millonarios informes. En la nómina figuran: “Mercado de  industria y comercialización de harina y aceite de pescado”; “Impacto de la crisis mundial en el sector industrial pesquero”; “Los temas que se transforman en crisis para el sector industrial pesquero”; “Desarrollo del sector pesquero artesanal y sus limitaciones”; e “Impacto social-económico ante pretensión marítima peruana y el corredor bioceánico” (ver documentos).

En la investigación judicial se han adjuntado además, correos que prueban que la diputada solicitó tales textos a Leonardo Arancibia, del Área de Recursos Naturales, Ciencia, Tecnología e Industria de la Biblioteca del Congreso. En ellos, figura el mismo funcionario mencionado enviándole esos informes a Isasi respecto a dos de los temas solicitados (ver correo). Según pudo constatar CIPER, no existen cambios relevantes en los papers que Carrillo le envió a Corpesca, por lo que éste habría incurrido en un simple copy paste, lo que dejaría a la diputada ad portas de una sanción, pues estaría incurriendo en faltas al derecho de autor.

En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Georgio Carrillo afirmó que, gracias a esos papers, la parlamentaria Isasi recibió $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique. En el interrogatorio frente a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Iquique, el ex asesor entregó copia de tres cheques que él mismo transfirió a la cuenta personal de Isasi por la suma de $4 millones, con los que dijo probaría que esos dineros iban dirigidos a Isasi y no a él. Al preguntársele por el destino de los $21 millones restantes, Carrillo aseguró que ese dinero fue usado para pagar ítems de campaña de la parlamentaria, lo que estaría consignado en un cuaderno de cuentas que en el mismo interrogatorio entregó a la policía.

Otro antecedente que está siendo investigado tanto por la Comisión de Ética de la Cámara como por la fiscalía en Iquique, es cómo y por qué el subgerente de gestión y desarrollo de Corpesca, Ramón Pino Correa, ingresó a la Comisión de Pesca como asesor de la parlamentaria cuando se discutía el articulado de la Ley de Pesca. Según el presidente de la Comisión de Ética, el diputado Patricio Vallespín (DC), es irregular que un parlamentario, teniendo ítems para pagar a asesores, acuda a una comisión en la que se está viendo el futuro de la pesca en Chile con un ejecutivo del mismo rubro.

-Discernir si ella votó la Ley de Pesca influida por Corpesca es complejo, pero si se llegara a acreditar, la Cámara de Diputados no tiene facultad para investigar hechos constitutivos de delitos, solo determina sanciones –precisó Vallespín a CIPER.

INDICACIONES DE ISASI Y ORLANDO VARGAS

Una de las aristas más complejas que la investigación judicial debe resolver es si los elementos de juicio de la diputada Isasi, al momento de votar la Ley de Pesca, estuvieron influidos por Corpesca.

El fiscal Manuel Guerra mantiene en su carpeta un email con el power point que contiene las “instrucciones” de la “Nueva Ley de Pesca: Propuestas de Industriales Pesqueros del Norte”,redactadas por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica (ver presentación), y en el que se explica en detalle cómo se debe defender “el derecho de propiedad” de esas empresas para reducir el impacto en la industria pesquera que podrían tener las indicaciones a la ley en trámite.

Si se analizan las votaciones de la parlamentaria, Isasi defendió los intereses de la empresa en dos de los articulados clave: votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes; y también rechazó la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada.

Entre las 13 indicaciones presentadas por la diputada Isasi en la Comisión de Pesca, a favor de las empresas pesqueras, en nueve casos su firma va acompañada de la del diputado (PPD) Orlando Vargas, del Distrito N° 1 de Arica. Destacamos cuatro de ellas pues favorecían claramente los intereses de Corpesca:

  • Indicación 47: “Licencias indefinidas para industriales incumbentes. En aquellas pesquerías que se declaren en plena explotación y se establezca una cuota global de captura se le otorgarán a los titulares de autorizaciones de pesca licencias transables de pesca. Las autorizaciones de pesca en dicha pesquería quedarán sin efecto por el solo ministerio de la ley. Estas licencias serán indefinidas y equivaldrán al coeficiente de participación de cada armador expresado en porcentaje con siete decimales”.
  • Indicación 120: Isasi y Vargas propusieron reemplazar la sanción de suspensión por un año (propuesta por el gobierno) por sanción de multa en el evento de que el titular, arrendatario o mero tenedor de una licencia transable de pesca, cometa más de dos infracciones en un periodo de dos años calendario consecutivos.
  • Indicación 128: Isasi y Vargas pretendían rebajar el impuesto específico (propuesto por el gobierno) disminuyendo de un 4,2 a 1,8% del valor de sanción de la respectiva especie hidrobiológica para el año 2011 multiplicado por el último valor anual del índice estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) asociado a dicha especie, dividido por el valor de este mismo índice en el año 2011.
  • Indicación 226: Isasi y Vargas propusieron garantizar a la flota industrial la posibilidad de perforar la zona de reserva artesanal en las regiones del Norte (XV a IV). El artículo propuesto por el gobierno permitía dicha autorización, pero no la garantizaba.

Aunque hasta ahora la salida de Francisco Mujica de Corpesca apunta a que la responsabilidad por el eventual soborno en que habría incurrido Corpesca recaiga en el ex ejecutivo, lo cierto es que la empresa pesquera de Angelini deberá zanjar varios obstáculos más antes de librarse de una investigación judicial. Con la incorporación de Chile a la OCDE, el Ministerio Público cuenta con una nueva arma para investigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos y cohecho a funcionarios públicos. Y ello involucra directamente a la empresa para la cual trabajaba el ejecutivo al momento de cometer el delito. De hecho, Corpesca ya contrató al abogadoCarlos Balbontín, quien se coordina con el abogado de Mujica, Daniel Praetorius, para efectos de establecer una defensa coherente.

AUDITORIA A ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

Mientras las investigaciones judicial y de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados continúan desarrollándose, otros hechos vinculados al mismo caso se han producido en los tribunales de Valparaíso. Allí, Johana Lorena Gallardo Beiza, esposa del ex asesor de la diputada Isasi, Georgio Carrillo, fue formalizada por estafa y otras defraudaciones el 20 de junio. Gallardo deberá firmar mensualmente como coimputada ante el Ministerio Público de La Calera.

Su nombre salió a la palestra el 9 de mayo, en la audiencia de formalización de Carrillo por las irregularidades cometidas con los dineros de las asignaciones parlamentarias de la diputada Isasi. Fue entonces que sorpresivamente Carrillo confesó que todo había sido ordenado por su ex jefa y reveló los aportes de dinero que recibió de Corpesca. En su declaración, afirmó que fue Isasi quien le pidió un “nombre de confianza” para triangular dineros de las asignaciones parlamentarias y así engrosar su dieta. Carrillo le propuso a su esposa, lo que fue aceptado por la diputada, sin que la supuesta beneficiada se enterara del origen del dinero que recibía cada mes y que, según insiste el ex asesor, era traspasado por mano a la diputada.

Isasi lo niega y denunció a Carrillo por emitir boletas de honorarios a su nombre y pagadas con fondos de la Cámara de Diputados, sin que ella tuviera conocimiento de estas operaciones.

En el telón de fondo de este polémico juicio por las vías ocultas entre empresarios y políticos, la ley que pretende regular el lobby en nuestro país y que ha esperado por años, sufrió un fuerte revés en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El 2 de julio fue rechazada la idea de crear un registro público de lobbistas y gestores de intereses particulares (ver informe).

Foto: http://img.emol.com

Mala Pesca: La depredación pesquera en Chile (documental en línea HD)

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