Proyecto ley de Obtentores: más semillas para Monsanto a costa del patrimonio campesino e indígena

Pese a que desde hace unos 15 años en Chile es legal patentar semillas, todavía la producción de semillas permanece en manos de muchos y muchas agricultores. Por eso la mayoría de la fruta y verdura que compramos en las ferias libres proviene de la pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de producción. Esa es la realidad que hoy quiere cambiar el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados en 2011 y cuya discusión inició ahora el Senado. Es lo que llamamos “privatización de la semilla nivel 2”, ligada al Convenio UPOV 91 que garantiza royalties para los dueños de las semillas híbridas y/o transgénicas. Ahora sabemos de ello y de Monsanto. Pero cuando se patentó en Chile por primera vez una semilla y se firmó, en 1996, la versión 1978 de ese Convenio de Protección de Variedades Vegetales – que protege los bolsillos de las transnacionales – sólo se enteró un estrecho círculo. Pero Chile cambió. Ahora diversas organizaciones sociales, campesinas y ambientales están denunciando los verdaderos contenidos de la iniciativa luego que el proyecto de Ley de Obtentores  se reactivara, inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera a Obama, en mayo de 2013. 

A nivel global, se mantienen sin firmar el Convenio UPOV  91: China, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Uruguay, Bolivia, Brasil, Kenya, México, Noruega, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay,  Portugal, Venezuela y Sudáfrica. Estos países se muestran interesados en resguardar su biodiversidad y su patrimonio, un tema que no preocupa al gobierno ni aparentemente a los parlamentarios. 

Van por más

El lobby del proyecto defendido por el gobierno, corre por cuenta de las transnacionales Monsanto, Dupont/Pioneer, Bayer y Syngenta, productoras de semillas y de agrotóxicos, las principales “obtentoras” de patentes de semillas, junto a su aliado nacional, Erik von Baer, con llegada directa al Senado. Si tiene éxito, se derogará la antigua ley de semillas y se impondrá la ley de obtentores vegetales. Porque ellos van por más: no es suficiente para las transnacionales ser ya dueñas de más del 80% de las semillas registradas en el SAG a su nombre o el de gobiernos extranjeros. Se quejan de que hay “piratería” respecto de su propiedad intelectual y pretenden además que  se extienda a 20 y 25 años la vigencia de cada registro. Los obtentores nacionales sin fines de lucro, como el INIA y algunas universidades, son una aplastante minoría dentro del registro, que incluye además gobiernos como el de Israel, Estados Unidos y Holanda, entre otros. Obviamente esos Estados son firmantes del Convenio pues también cobran royalties por las semillas que patentan y lo hacen en el sur global, donde se concentra la mayor diversidad del planeta. 

Privatizar un bien común

Resolver los problemas de la pequeña agricultura familiar campesina no ha sido prioridad para ninguno de los gobiernos chilenos. Pero el Presidente Piñera –y la ex presidenta Bachelet, autora de esta iniciativa de ley – buscan con este proyecto profundizar esa crisis, por la vía de entregar nuevas e ilimitadas garantías a los obtentores de semillas. Hablamos de privatización de la semilla porque la ley permite que luego de un trabajo de manipulación genética,  se garantice el cobro de un “derecho de obtentor” o royalty por  un trabajo que arranca de un bien común, patrimonio de los campesinos e indígenas, seleccionadores y guardadores de la semilla desde el inicio de la agricultura. Sin embargo  hasta ahora ni el Senado ni el gobierno han hecho consulta alguna al respecto a los pueblos indígenas, como lo estipula el Convenio 169 y el tema es ignorado por muchas organizaciones campesinas. El Senado sólo ha escuchado al MUCECH, una organización funcional a los gobiernos de turno que ya aplaudió el Convenio UPOV 91 porque también está a favor de la expansión de los cultivos transgénicos. 

Al entregar nuevas atribuciones a los obtentores, este proyecto apunta a expandir la agroindustria exportadora, a despejar el territorio rural de cultivos orientados al mercado interno (para plantar pinos y raps transgénico), y a generar nuevos monocultivos para la producción de farmacultivos cuyo nombre no se menciona en el articulado para no incluir una palabra polémica: transgénicos.

La iniciativa entrega poderes monopólicos sobre las semillas, lo que implica dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente que puedan realizar investigadores chilenos. Con este marco legal se busca impedir de hecho que los agricultores produzcan sus propias semillas, lo que generará además, pérdida de la biodiversidad. La semilla “mejorada” será impuesta en la práctica por el mercado, el Estado (a través de INDAP, los subsidios y créditos) y la publicidad, rematando una práctica ya iniciada. Así se facilitan los procesos de concentración de las empresas semilleras que tendrán en sus manos los precios de las semillas. Lógicamente los alimentos también serán más caros. Este proyecto de ley asegura  a las empresas un control monopólico del   primer eslabón de  la cadena de producción de los alimentos, que son las semillas. 

Los obtentores y el Convenio UPOV

El proyecto de ley (diciembre de 2008) que se discute en el senado deroga la ley de Semillas Nº 19.342 (año 1994) por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales y se inició el proceso de privatización de la semilla campesina. Mediante esa ley,  el país firmó la versión 1978 del Convenio UPOV  (de Protección Internacional de Especies Vegetales)  cuyos términos eran menos lesivos  para la agricultura que la nueva versión del año 1991. 

Sin derogar la ley de Semillas ni hacer la consulta a los pueblos indígenas, en marzo de 2011 el Senado chileno votó a favor del Convenio UPOV 91  luego de la visita del Presidente Obama, a poco de asumir Piñera. Obama traía en su agenda el tema del respeto a la propiedad intelectual.

La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente o royalty en virtud del llamado “derecho de obtentor”,  por la compra de semilla manipulada genéticamente,  resultando de ese proceso un híbrido registrado en SAG por las trasnacionales semilleras. Por ahora, en Chile sólo se pueden registrar semillas híbridas. Los beneficiarios del proyecto son las empresas que dominan en el país los semilleros de exportación de transgénicos, que son las mismas que controlan el mercado de las semillas híbridas. Seminis y ANASAC, que venden semillas híbridas, pertenecen a Monsanto. Durante el debate en la Cámara de Diputados, el gobierno de Bachelet y los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado, que dice relación con la propiedad intelectual. Pero no han dado a conocer públicamente ese artículo que sería parte de la “letra chica” del tratado.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV no es un Convenio de Naciones Unidas como el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio de Estocolmo u otros convenios firmados por Chile. UPOV es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas  y respaldada luego por los gobiernos, de la que Chile es parte.  Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.

Impactos negativos

Dicho convenio vela por los intereses de las transnacionales y empresas productoras de semillas híbridas y transgénicas, monopolizando la actividad agrícola, restringiendo y criminalizando prácticas ancestrales de las comunidades campesinas, tales como guardar semillas, re sembrarlas e intercambiarlas libremente.

El proyecto no establece ningún tipo de salvaguardias para especies y variedades vegetales nativas que existen en forma silvestre y no protege los usos agrícolas, medicinales u otros que tradicionalmente han ejercido campesinos y comunidades indígenas. Así, la propuesta legal facilita el establecimiento de derechos sobre especies nativas y especies agrícolas de uso tradicional. Como ejemplo se puede observar lo que ha ocurrido con el tomate, ya que las variedades registradas por Monsanto han copado el mercado y hecho desaparecer el tomate originario del país, remplazado debido a la ventaja comercial de las variedades de larga vida, pero sin tener el sabor y olor de la variedad original.

Este convenio ha sido resistido por pueblos indígenas de todo el mundo, y es considerado por ellos como una nueva forma de robo legal de plantas que ellos  han intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es  un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO, del cual Chile es signatario. Las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que utilizan  las corporaciones semilleras, para desarrollar las variedades híbridas y transgénicas. No se trata de una “creación” sino de una usurpación.

Criminalización vía Monsanto

De acuerdo a los términos de la ley, el agricultor que cultive semillas patentadas, deberá comprar todos los años su semilla  si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. Los infractores a la ley podrán ser demandados directamente por Monsanto, Pioneer, Syngenta o cualquier obtentor el cual podrá lograr que un juez ordene destruir la cosecha en caso de constatar “piratería”.

El convenio no garantiza que las variedades registradas por los obtentores sean mejores o estén accesibles en Chile, porque ello no es requisito. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que  no esté inscrita antes en un registro oficial (inexistente en Chile) y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad. Si se produce una plaga que ataca esa variedad impuesta por el mercado, ese año simplemente no habrá cosecha de ese alimento. 

Al no exigir calidad a la nueva variedad, la ley hace posible que se registren variedades de calidad inferior a todas las conocidas, por las cuales se deberán pagar los precios fijados por las semilleras. 

Este tipo de leyes dan como resultado el despoblamiento del campo y el aumento de la marginalidad en la ciudad ya que el precio de la semilla y del paquete químico/tecnológico es tan alto que no está al alcance de la pequeña agricultura familiar campesina. 

El mismo lobby para tres proyectos

El convenio UPOV 91, el proyecto de Ley de Obtentores y el proyecto de Bioseguridad que pretende legalizar los transgénicos expandiendo los actuales semilleros de exportación y legalizando los cultivos para el mercado interno, tienen los mismos actores y lobbystas: las transnacionales semilleras y agroquímicas organizadas en ChileBio y ANPROS.

El cobro de mayores regalías, la extensión de las patentes y la judicialización de la llamada “piratería” es una preocupación sólo de quienes controlan el mercado de la semilla, pero estos buscan aliados financiando universidades, institutos y científicos, lo que dificulta escuchar otras voces independientes. 

La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (www.yonoquierotransgenicos.cl, facebook Yo No Quiero Transgénicos), ha desarrollado movilizaciones en Valparaíso y Santiago contra esta ley. El objetivo implícito y no declarado de estas tres leyes, según las denuncias respaldadas también por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, y la Red de Semillas Libres del WallMapu, es generar condiciones para la introducción de los cultivos transgénicos en el mercado interno y asegurar a esa industria la rentabilidad de su inversión. La tierra quedará a disposición de las semilleras productoras de transgénicos, de la agroindustria de exportación, y las forestales, intensivas en uso de agrotóxicos y fertilizantes y con escasa utilización de mano de obra. Es el vaciamiento del campo.

Las familias campesinas e indígenas se verían forzadas progresivamente a abandonar sus predios, al ser despojadas de las semillas, que  hacían posible la agricultura de subsistencia aun en medio de precarias condiciones de vida. Las guardadoras de semillas, los pequeños agricultores, junto a centenares de colectivos y organizaciones que promueven los cultivos agroecológicos con semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas; los agricultores biodinámicos, los permacultura, y quienes desarrollan huertos urbanos y otras formas de cultivos sustentables están reaccionando. La semilla campesina se está convirtiendo en una semilla en resistencia.

En audiencia en ex Senado sembramos la Comisión de Agricultura con semillas libres

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