[Matanza del 23 y 24 de agosto de 1984] Operación Alfa Carbón: ¿Justicia cuándo?

Este 23 y 24 de agosto se conmemoran 29 años de la matanza de la Vega Monumental. En esa ocasión los aparatos represivos de la dictadura efectuaron una amplia operación destinada a exterminar a militantes y dirigentes del MIR de la zona sur del país.

En efecto, el operativo denominado “Operación Alfa Carbón” por los mandos represivos se desarrolló en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otros pueblos y localidades sureñas. La acción fue la culminación de una operación de inteligencia que se prolongó durante varios meses por parte de efectivos de la CNI; en esos meses fueron trasladados desde el Cuartel Borgoño de Santiago, más de medio centenar de agentes de la División Antisubversiva de la CNI, principalmente los miembros de la Brigada Azul de esa división, además de agentes de la Brigada Amarilla, Plomo,  Especial y otras unidades. Este contingente, sumado a los agentes de las ciudades sureñas involucradas, sumaba cerca de un centenar de miembros de la CNI tras los pasos de los miristas durante los días del operativo final.

Los días 23 y 24 de agosto “reventaron”  la operación. En la práctica eso consistió en el asesinato de 7 dirigentes miristas, tres de ellos en Concepción, uno en Los Ángeles, 3 en Valdivia. Junto a ello se produjo  la detención de una veintena de militantes en distintas ciudades del sur, y otros tantos que escaparon de la acción represiva. El día 23, en Hualpén, fue asesinado Luciano Aedo Arias; en la Vega Monumental fue ejecutado  Mario Lagos Rodríguez, allí mismo apresaron a Nelson Herrera Riveros el que fue llevado camino a Santa Juana y ejecutado a sangre fría. En la ciudad de Los Ángeles fue asesinado Mario Mujica Barros; en Valdivia fueron ejecutados Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala en el sector de Puente Estancilla, un descampado camino a Niebla. El día 24, también en Valdivia, fue asesinado Juan José Boncompte Andreu en su vivienda en la calle Rubén Darío.

Los asesinatos cometidos por los agentes de la dictadura en la “Operación Alfa Carbón” hasta ahora permanecen sin justicia. En los hechos se ha desarrollado un largo proceso por casi 3 décadas que se ha dilatado por razones propias de la impunidad que rodea las causas judiciales que afectan a los criminales de la dictadura.

Hasta el año 2009 esta causa permaneció en tribunales militares, donde fue cerrada sin resultados, reabierta, cerrada sin culpables, reabierta, identificó a involucrados que se identificaban con sus chapas operativas, finalmente procesa a unos cuantos por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. Desde agosto del 2009 sustancia la causa el Ministro Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción. Sin embargo, la tramitación de la causa avanza con demasiada lentitud y poca eficacia. En lo principal, el Ministro Aldana modificó el auto de procesamiento por “homicidio calificado” respecto de los acusados como autores materiales en algunos de los casos; otros involucrados y partícipes de los crímenes están saliendo impunes por la falta de decisión de la justicia para inculpar a todos los responsables.

En diciembre del año 2012, a través de su abogado Magdalena Garcés, interpusieron un recurso solicitando el procesamiento de los agentes que el Ministro Aldana se ha negado a encausar y pidiendo que el procesamiento sea por los delitos de “asociación ilícita y homicidio calificado”; en marzo de este año, el Programa de Derechos Humanos  a través de la abogada Patricia Parra, interpuso recurso en el mismo sentido. El Ministro Aldana denegó la solicitud por lo que los abogados apelaron la resolución. Hasta ahora la Corte de Apelaciones penquista no se ha pronunciado respecto del fondo del recurso. La dilación en el tiempo de las causas y de los procedimientos judiciales forma parte del efecto de inmunidad e impunidad que beneficia a los culpables.

No es solo una cuestión de tardanza producto de desidia o lentitud burocrática. Es más bien una actitud que tiende a la lógica de imponer la impunidad por vía del efecto del paso del tiempo. Es el mismo espíritu que animó al primer gobierno concertacionista cuando habló de aspirar a la “justicia en la medida de lo posible”, dando a entender con ello que no era posible a aspirar a obtener justicia, por tanto, víctimas y familiares deberían considerar suficiente cualquier cosa que se dignaran a “avanzar” en el problema de derechos humanos, y la sociedad aplaudir y, sobre todo, olvidar.

Durante los gobiernos democráticos no ha habido un interés real por aplicar justicia. Esto ha sido responsabilidad de la clase política dominante que ha impulsado una verdad oficial que ha ocultado sistemáticamente la verdad real de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. En ese sentido es que ha existido una verdadera colusión con los representantes políticos, cómplices y continuadores de la tiranía para morigerar la verdad y tender mantos de olvido para proteger a sus peones victimarios.

En estos años en que la derecha ha estado en el gobierno ha realizado demasiado intentos para brindar beneficios, indultos u otras garantías que favorezcan a los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. Los crímenes y delitos de derechos humanos y de lesa humanidad son inadmistiables e imprescriptibles, y eso lo saben de sobra los políticos chilenos puesto que son convenios que Chile ha firmado, pero, como es su costumbre, siempre buscan el modo de ignorar o bypasear las leyes, los convenios, los compromisos que no respondan a sus intereses y voluntades.

En el mismo sentido, los tribunales de justicia han demostrado seguir siendo demasiado permeables a la presión de los poderes fácticos, de la derecha dictatorial, de la derecha conservadora y tradicional. También para bypasear y burlar el sentido de las convenciones internacionales que Chile ha suscrito, han introducido la prostituida figura de la “media prescripción” (reiteramos: los crímenes de lesa humanidad son inadmistiables e imprescriptibles, es decir, no se amnistían o indultan, ni prescriben por el paso del tiempo), pero nuestros tribunales aludiendo precisamente al paso del tiempo (y otras infamias leguleyas que tienen la finalidad de camuflar el lobby o la tendencia ideológica de los jueces) inventaron la inexistente figura de la media prescripción. En palabras comunes significa que si un delito merece una condena de dos años, o luego de las sucesivas instancias queda en ese tiempo, los jueces de la Corte Suprema (por arte de birlibirloque) reducen la condena  a un año. Valga la pena señalar que las penas que aplican los jueces y ministros a los criminales de la dictadura son irrisorias si se compara con lo que establece el código penal para delitos de la magnitud de los que se juzga. Es una burla, y a esa burla le agregan la media prescripción.

Esta tendencia, inducida desde el poder político de la clase política dominante, e inducido por la presión de los poderes fácticos, ha llevado a que sucesivamente y por reflejo los jueces y ministros de casos en primera y segunda instancia tratan de ponerse a tono con la corriente que imponen los jueces superiores. También, por supuesto, los jueces subordinados tratan de ponerse a tono con los que dominan en el gobierno y en el Congreso puesto que sus ascensos y promociones dependen de ser bien evaluados por los mismos integrantes de la clase política dominante. Es decir, un círculo vicioso que se fragua solo con fines de inmunidad e impunidad.

Hasta ahora ha sido principalmente  la presión, tenacidad y perseverancia de los familiares y sus organizaciones la que ha logrado imponer la verdad real, arrastrar hasta la superficie la verdad judicial y lograr retazos de justicia que mantiene a unos cuantos criminales en cárceles de lujo y gozando condiciones de privilegio, pero en cárceles al fin.

Los responsables, autores, cómplices y encubridores de los crímenes de la Operación Alfa Carbón siguen sin castigo. La verdad está expuesta hace rato pero falta aún la voluntad de la justicia por aplicar justicia.

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