Lentitud y silencio de Comisión de Ética de Diputados por vinculos de parlamentarios y empresas pesqueras
Han pasado casi 60 días desde que el director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, el dirigente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Cosme Caracciolo y Sergio Millamán del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche (GTDCPM) le entregaron a Patricio Vallespín (PDC), presidente de la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados, antecedentes sobre el conflicto de intereses que involucra al diputado Jorge Ulloa (UDI) en el proceso de discusión, votación y aprobación de la denominada Ley Longueira, la cual entregó de manera gratuita y a perpetuidada el patrimonio pesquero de la Nación a 7 familias que controlan el cartel de la pesca industrial en Chile.
En dicha reunión efectuada el 4 de junio, el diputado Vallespín se comprometió a informar oficialmente a los demás integrantes de la Comisión de Etica y Transparencia, incluir esta información en la siguiente sesión para tratar la denuncia en profundidad, y consultar a los diputados Melero (UDI) y Núñez (PS) sobre las acciones realizadas con las anteriores denuncias,y responder al Condepp, Centro Ecocéanos y al Grupo de Trabajo sobre Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche. Sin embargo, nada de lo comprometido por el presidente de la Comisión de Etica y Transparencia ha sucedido, mientras siguen apareciendo nuevas denuncias sobre otros parlamentarios involucrados con grandes empresarios pesqueros en la aprobación de la ley Longueira.
La denuncia Ciudadana
Las organizaciones denunciantes señalan que la empresa Cargo Service S.A. de propiedad de la cónyuge del diputado Ulloa, presta servicios de transporte de harina de pescado a la empresa Blumar S.A., compañía que fue beneficiada directamente con la entrega en propiedad a perpetuidad del 12% de las cuotas de pesca industrial por la nueva ley de pesca. Esta mega compañía pesquera de la región del Bío-Bío, es propiedad de Rodrigo Sarquis, uno de los empresarios claves de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), entidad gremial que representa a a los mayores conglomerados industriales del país. Sonapesca participó activamente en las actividades de lobby parlamentario, incluso su gerente general Héctor Bacigalupo, entró de manera encubierta como «asesor parlamentario» para participar en la negociación de la Comisión Mixta durante la tramitación express de la ley Longueira, y en varias otras sesiones parlamentarias.
Frente a esto, ecocéanos señaló que «como es de público conocimiento, el diputado Ulloa a sido miembro permanente por mas de una década de la Comisión de pesca y acuicultura de la Cámara de diputados. Sin embargo no comunicó esta situación ni se inhabilitó para participar en los procesos de consulta, informes, discusión y decisión de la ley Longueira. Esto a pesar que la situación denunciada pudiera «comprometer su criterio, o dar ocasión a dudas de su imparcialidad», o favorecer directa o indirectamente, «sus intereses, o los de su cónyuge».
De los hechos expuestos, las organizaciones ciudadanas, de pescadores artesanales y pueblos originarios indican que «se puede colegir que se infringen gravemente una serie de normas del ordenamiento jurídico nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y Reglamentario. Para ello citan el artículo 8, inciso 1º de la Constitución Política, el artículo 5A de la ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso nacional y los artículos 6 y 7 del Código de Conductas parlamentarias».
¿Por 3° vez comisión de Etica guardará silencio?
Esta es la tercera vez que la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados no responde y ni siquiera da acuso de recibo a las denuncias de los ciudadanos, pueblos originarios y pescadores artesanales. La primera ocurrió el 20 de Diciembre del 2011, antes de comenzar la discusión del proyecto de ley de pesca,y fue realizado por Daniel Carrillo, presidente de la Juventud Socialista de la Región del Bío-Bío, mediante carta al presidente de la Cámara de Diputados de aquel entonces, Patricio Melero (UDI). Esta denuncia nunca fue respondida, ni menos tramitada por la Comisión de Etica y Transparencia.
La segunda ocurrió el 25 de enero del 2012, cuando cuando una misiva de similares características fue enviada al presidente de la Comisión de Ética de aquel entonces, diputado, Marco Antonio Núñez (PS). Esta denuncia no fue investigada durante todo el proceso de discusión y votaciones de la Ley Longueira.
Esta tercera denuncia ocurre después de haberse promulgada la ley de privatización del patrimonio pesquero chileno en febrero del 2013, y haber empezado a conocerse el soborno de Corpesca S.A. a la diputada Marta Isasi, representante en el parlamento de la principal región de operaciones de este conglomerado pesquero propiedad del grupo Angelini. Esta situación continúa siendo investigada por la Fiscalía de Tarapaca y ya significó la renuncia del gerente general de Corpesca S.A.
A la anteriores denuncias sobre el diputado Ulloa, también se suman las relacionadas con la diputada Zalaquett, prima del presidente de Sonapesca y propietario de Blumar S.A.
Exigen ética a la Comisión de Etica
Frente a toda esta situación, Juan Carlos Cárdenas del Centro Ecoceanos señaló que «estos hechos demuestran a los ciudadanos chilenos que la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados no sirve para nada. Históricamente sólo ha encubierto y diluído las responsabilidades de quienes violan la ley. Estas situaciones afectan a lo que señala claramente el código de ética y transparencia de la Cámara de diputados. Cualquier respuesta basada en que la inhabilitación del diputado Ulloa es un tema de carácter personal, agudizaría la percepción ciudadana de que el parlamento no resguarda un comportamiento de probidad y transparencia de sus miembros durante los procesos de elaboración de leyes».
Por su parte Cosme Caracciolo, miembro del Condepp señaló que «queremos que la Comisión de Ética de la Cámara, tal como investiga los actos de la diputada Marta Isasi, también investigue la situación de conflicto de interes del diputado Ulloa. Sabemos que este parlamentario por años ha sido el representante de los intereses de la gran industria pesquera en el Parlamento, y debe ser investigado por el favoritismo que siempre le ha dado a los empresarios».
Y desde Temuco, Sergio Millaman del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche, afirmó que «el parlamento, especialmente en la discusión sobre recursos naturales, y evidentemente en lo que respecta a temas pesqueros, legisla a favor de las empresas a las cuales están vinculados de manera directa o a través de familiares cercanos. Y cuando se le exige revisión de sus actos, desde un punto de vista ético, la unica respuesta es silencio y protección entre los mismos parlamentarios».
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