Represión: Leyes regresivas no faltan

La impunidad que gozan ciertas elites cuando enfrentan juicios ante la justicia, el arbitrio con que actúan otros cuando se trata de imponer sus intereses y voluntades empresariales, el jolgorio con que las cúpulas celebran estas condiciones de privilegio, contrasta inevitablemente con el trato implacable que adopta la justicia y los gobernantes hacia los sectores populares.

La impunidad como privilegio es lo que caracteriza también los juicios en que se ven involucrados funcionarios policiales o militares por delitos cometidos en el ejercicio de labores represivas. La responsabilidad plena de este descriterio de la justicia no recae solo o directamente en los tribunales y sus actores, ya que estos, por norma general, están facultados para aplicar leyes. La responsabilidad plena recae, por tanto, en quienes han establecido, legislado y promulgado esas leyes. Es decir, es de la clase política en su conjunto y de los gobernantes en particular; ellos son los que consagran el maltrato y la discriminación legal sobre los más desposeídos, sobre las mayorías, sobre los pueblos.

Este gobierno de Piñera ha hecho una demostración cabal de leyes de privilegio para unos pocos y de castigo para los más. En el espíritu de castigo hacia las mayorías ha incidido obviamente la raíz ideológica, social y económica de los gobernantes y su vocación por aplastar la protesta y reclamo ciudadano.

El gobierno no ha tenido otra forma que no sea la represión policíaca para enfrentar los movimientos sociales, la respuesta a las demandas ha sido represiva, en cualquiera de sus formas. La represión no es otra cosa que el atropello de los ciudadanos, la vulneración de derechos y la restricción de libertades. Pero esta política gobernante también ha buscado institucionalizar la represión sistemática legalizando sus desvaríos y desbordes represivos.

Eso y no otra cosa significan la presentación de la Ley Hinzpeter, la Ley Anticapucha, la Ley Antiinsultos a Carabineros y, más recientemente, el restablecimiento de la Ley de Detención por Sospecha. Todas iniciativas gubernamentales y de parlamentarios de la alianza gobernante que pretenden acallar, contener y aplastar la movilización de los ciudadanos. No es casual esta secuencia; demuestra una tendencia y una conducta.

Leyes sobran

La Ley Hinzpeter. Este proyecto busca ampliar y reforzar los conceptos y definiciones del orden público que las autoridades son mandatadas a garantizar. Entendamos que para la clase política y gobernantes “orden público” significa mantener el orden que necesita el bloque empresarial dominante para perpetuar su dominio sin perturbaciones sociales; por ello el gobierno y las fuerzas policiales y represivas persiguen y encarcelan a quienes perturban ese orden.

Este proyecto establece el delito de Desórdenes Públicos encausando a quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado desórdenes o cualquier acto de fuerza que implique: paralizar o interrumpir el tránsito o algún servicio público; invadir, ocupar o saquear establecimientos públicos o privados; impedir o alterar la libre circulación de las personas; atentar contra la autoridad o sus agentes.Además, faculta o permite a las Fiscalías apelar la declaración de ilegalidad de una detención establecida por algún tribunal competente. Aumenta la pena de reclusión menor en su grado medio de 541 días a 3 años. Aumenta la pena por utilización de capucha en caso de desorden público, aplicando la pena más alta.

Por último, el proyecto Hinzpeter agrega al concepto de autoridad a Carabineros, PDI y Gendarmería, eliminando las multas por los delitos contra la autoridad y dejando solo las penas de reclusión como castigo penal.


La Ley Anticapucha. Este proyecto modifica el Código Penal con el objetivo de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante. En concreto, crea un agravante al delito de Desórdenes Públicos, tipificado en el Código Penal, aumentando la pena en un grado si el sujeto acusado turba gravemente la tranquilidad pública en condición de embozado, encapuchado u ocultando su identidad.

Junto con eso, aumenta en un grado la pena establecida para el delito de Lesiones Corporales y para el delito de Daños. También considera aumentar las penas para faltas cuando éstas se cometen en lugares de uso público por personas que oculten su rostro para no ser identificadas.

La Ley Antiinsulto. Este proyecto pretende establecer como delito el insulto a carabineros o policías en ejercicio y la respuesta de los ciudadanos ante el accionar represivo; del mismo modo, eleva las penas del delito de Maltrato de Obra Causando Lesiones a carabineros o policías.

El proyecto deja al libre criterio de policías lo que ellos consideren un insulto y deja al criterio del juez si el referido insulto es grave o no es grave. Pero este detalle no puede hacer ocultar el hecho principal que esta iniciativa legal atenta contra la libertad de expresión de los ciudadanos y la libertad de crítica hacia las autoridades. Junto con ello brinda una protección especial a autoridades y policías, impropias de una democracia, y otorga a las policías facultades discrecionales que no les corresponden en un estado de derecho, ambas cuestiones son más bien propias de un estado dictatorial.

En la lógica de los gobernantes no existe la posibilidad de asumir y reconocer las detenciones arbitrarias, el maltrato, el abuso, por parte de las fuerzas policiales en sus habituales actividades represivas. Según datos de la Defensoría Penal Pública, durante el 2012, las detenciones ilegales y arbitrarias por parte de Carabineros llegaron a 2892 casos, lo que representa un aumento de 35,5 % respecto del 2011 y de 139,6 % respecto del 2010.

La Ley de Detención por Sospecha. Recientemente, un día antes del paro del 11 de julio, el presidente Piñera envió al Congreso un proyecto que intenta restablecer la Ley de Detención por sospecha (ícono de la dictadura), derogada en 1998.

Amarre preventivo

Lo que ha logrado esta seguidilla de proyectos de ley anti ciudadanos es que los movimientos sociales incluyan en sus exigencias y demandas la no aprobación de estos desvaríos regresivos. Es decir, se han convertido en otro motivo más de movilización. No por nada estas iniciativas gubernamentales siguen estancadas en el Congreso. No por nada, a su vez, Piñera y sus ministros, en cada ocasión que tienen, demandan y exigen al parlamento la aprobación de sus proyectos represivos. Lo cierto es que la cúpula empresarial y la alianza gobernante quieren dejar bien amarrado al país, como lo hizo en su momento la dictadura con las leyes de amarre que tanta utilidad les han prestado durante décadas de dominación.

Foto: Camila Lassalle

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