A cuarenta años del golpe: las marcas quedan

Al contrario de lo que suele ocurrir con ciertos sucesos históricos en que el paso del tiempo atenúa o minimiza la percepción de los hechos, el paso de los años, de las décadas, del tiempo no hace sino aumentar la magnitud y dimensión de la tragedia que significó para Chile el golpe de estado que derrocó  al gobierno popular de Salvador Allende. Este fenómeno solo es comparable con la percepción que la humanidad fue teniendo y ha ido logrando de las atrocidades de todo orden cometidas por el fascismo nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Al cumplirse los cuarenta años del golpe las resultancias de aquel nefasto hecho siguen afectando las vivencias de todos los chilenos. Más bien siguen afectando la vida de los chilenos. La dictadura que se instauró en Chile provocó tales trastornos en la sociedad que aún hoy la ciudadanía no termina de dimensionar sus consecuencias, de sufrir por sus atrocidades, de librarse de sus cadenas.

Los efectos del terror

La dictadura se instauró a sangre y fuego, desarrollando una intensa y prolongada práctica de violación de los derechos humanos de las personas y la comisión de delitos de lesa humanidad. La tiranía provocó un reguero de muertos, detenidos desaparecidos, secuestros, prisioneros, torturas, exiliados, robos de niños, y toda suerte de represalias y vejámenes contra el pueblo chileno que hasta el presente castigan a las víctimas y sus familias. Establecer estas verdades públicas en la memoria social y judicial ha sido un largo, lento y dificultoso proceso; verdades que el pueblo chileno sigue conociendo y de las que no termina de asombrarse.

Los dictadores chilenos no respetaron convenciones internacionales sobre Derechos Humanos que Chile suscribía; convenios que se habían establecido por la ONU precisamente como consecuencia de las atrocidades cometidas por los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco respetaron los convenios y protocolos internacionales sobre la guerra y el trato de prisioneros que también Chile suscribía; la falta de principios civiles y valores militares en los entes uniformados resulta aberrante si se considera que fue la propia dictadura quien declaró el “estado de guerra” contra los chilenos.

Las consecuencias de los crímenes cometidos por las instituciones uniformadas y por los diversos aparatos represivos y servicios de seguridad de la dictadura afectan no solo por la existencia de delitos y víctimas sino por la estela de impunidad, de inmunidad, de hipocresía, de cinismo, de desvergüenza que ha rodeado a los criminales, culpables y cómplices de aquellas atrocidades. El manto de impunidad deviene del arbitrio del dictador, por una parte, que aun después de haber dejado el mando político del país siguió conservando el poder del ejército y amenazando la enclenque democracia con ejercicios de enlace y proclamas de inmunidad para “sus hombres”, es decir, para los asesinos, torturadores, criminales de todas las calañas con y sin uniforme. Eso por una parte. Pero, por otra, la impunidad también ha estado amparada por la cobardía política, la complacencia con el poder y la traición a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, en que cayó sin demasiada tardanza y reticencia la clase política que sucedió a la dictadura en el mando político del país. Esto expresa la cínica lógica concertacionista  de solo aspirar a aplicar “justicia en la medida de lo posible” enunciada por el presidente Patricio Aylwin durante el primer gobierno en democracia, claudicando gustosos a los principios que decían sostener.

A partir de entonces, ha predominado la complicidad entre dictadores y criminales, por un lado,  y la clase política y concertacionistas, por el otro, y es la razón de fondo de la tardanza en establecer la verdad y en lograr justicia. No es menor el hecho de que recién después que el tirano fue detenido en Londres, en octubre de 1998, por la justicia de otros países, los tribunales chilenos se avinieron a procesar al dictador y se generaron los espacios para abrir causas por los crímenes cometidos por la dictadura.

Pero la sensación de impunidad no ha dejado de percibirse, nunca. Si bien es cierto ha habido juicios y condenas, no es menos cierto que no se persigue a todos los responsables con rigor de justicia, de modo que unos pocos son procesados y otros tantos resultan inmunes. No solo eso, de  aquellos culpables que resultan condenados pocos cumplen pena de prisión efectiva, y los que lo hacen permanecen en recintos de lujo, en condiciones de privilegio y recibiendo rentas de sus instituciones armadas de origen. Peor aún. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, su administración y la derecha han hecho reiterados intentos por imponer un indulto o beneficios que favorezcan a los criminales procesados o condenados por delitos de lesa humanidad; solo la presión de diversas organizaciones ha impedido hasta ahora que se consumen estas maniobras. 

El objetivo refundacional

La dictadura militar no fue solo la barbarie de uniformados convertidos en energúmenos y de aparatos represivos convertidos en criminales, también fue el camino y el método escogido por la burguesía y el capitalismo chileno para resolver sus contradicciones, sentar las bases de un nuevo modelo de acumulación y establecer un nuevo sistema de dominación política que garantizara y resguardara su poder. Esta necesidad y  objetivo de la burguesía chilena se ligaba de manera dependiente y alienada con los intereses y voluntades del imperialismo yanqui y del capitalismo internacional, de modo que el proyecto burgués contó así con el respaldo externo que necesitaba para ejecutarse, mantenerse en el tiempo y consolidarse.

El régimen dictatorial instauró la constitución del 80 que aun hoy rige los destinos del país. Este cuerpo legal, fraguado y elaborado tras capotes militares por los más conspicuos representantes de la burguesía conservadora chilena, se convirtió en una constitución antidemocrática y antipopular que solo era posible imponer por medio de la amenaza y el terror. La derogación de esta constitución bastarda fue una de las principales banderas de lucha que levantó la resistencia popular y la oposición a la dictadura en los años 80. Sin embargo, luego del retorno a la democracia la clase política reinante se olvidó  de esta exigencia popular y se dedicó a negociar con los fachos y adherentes al régimen saliente para coexistir y correinar sometiéndose al engendro constitucional dictatorial. Hasta ahora, la clase política solo le ha efectuado maquillajes y seudo reformas con la finalidad de blindar con un manto de legitimidad la farsa constitucional de la tiranía.

El sueño neoliberal

Junto a la labor punitiva y represiva sobre el pueblo, la principal tarea que cumplió el régimen militar al servicio de la burguesía y del imperialismo fue imponer un nuevo modelo de acumulación. Un modelo que estuviera en concordancia con las pretensiones de la burguesía criolla y con las exigencias del capital internacional de no tener barreras ni límites para establecer sus negocios que, a su vez, les permitieran  grandes utilidades a bajo costo y en corto tiempo. Esas condiciones son las que llevan a la imposición de un modelo económico de libre mercado que ha permitido a una ínfima minoría de grandes empresarios nacionales y a diversas corporaciones internacionales, adueñarse del país para explotarlo a su antojo.  Esta colusión de capitalistas ha mantenido un sistema basado en la sobreexplotación, la desigualdad, el abuso, la concentración, la depredación de los recursos naturales, el usufructo de los recursos mineros, y otras garantías que la legislatura chilena se ha encargado de facilitarles.

El despojo del país obviamente lo inició el tirano y su dictadura, pero lo han intensificado y perfeccionado los sucesivos gobiernos de la llamada democracia. El saqueo grosero lo comenzó  la tiranía en los años 80 poniendo en subasta gran parte de las empresas, industrias y servicios que eran propiedad del estado chileno; la enajenación de los recursos naturales del país  entregándoselos al capital privado e internacional fue otra jugada impuesta por las transformaciones dictatoriales para darle continuidad y estabilidad a su nuevo modelo.  Esta política de privatización y enajenación de los recursos naturales del país la continuaron de manera escandalosa los gobiernos concertacionistas que, además, han profundizado la destrucción de la industria interna. Una economía abierta al mercado internacional traía aparejada y trajo consigo la destrucción de la industria nacional. La industria de manufactura fue la primera en sucumbir ante el embate de las importaciones imperialistas y de los tratados de libre comercio; le siguió la agricultura orientada al consumo y mercado interno. En nuestra zona esto se tradujo, por ejemplo, en el cierre de las minas de carbón, el cierre de las industrias de loza, cierre de textiles, quiebre de diversas fábricas del cuero y del calzado, privatización de Essbío, depredación del mar y pérdida de posibilidades de pesca artesanal, cierre de diversas secciones de Huachipato e industrias del metal, entre otras calamidades que han generado una cesantía crónica y el empobrecimiento de la región.

No hay mal que dure cien años

Ciertamente el sistema político y el modelo económico instaurado por la dictadura lograron consolidarse. Primero fue a través del terror, de la fuerza y de las armas; luego fue a través de la coerción, de la preponderancia de los poderes fácticos, y de la manipulación demagógica de la clase política. Pero luego de cuarenta años del golpe y de más de veinte de restablecida la democracia, el infranqueable modelo dictatorial comienza a resquebrajarse. Más bien, la movilización social de los últimos años ha provocado grietas que difícilmente podrán repararse con la tradicional albañilería de la demagogia, la manipulación y la represión que han sido las herramientas preferidas de la burguesía y la clase política para maquillar y conservar su modelito de dominación.

La dueña y madrina de este modelo, la derecha política chilena, está dando síntomas de sufrir una severa crisis. El haber accedido al gobierno y tener que ejercer el poder por métodos democráticos no calza con la vocación dictatorial de la derecha y la movilización ciudadana y sus demandas pusieron de cabeza a la coalición gobernante. En efecto, esta crisis derechista tiene su origen en la fuerza, amplitud y persistencia de las movilizaciones ante las cuales las respuestas tradicionales (represión, manipulación, demagogia) no han rendido efectos, es decir, no han conseguido aplastar y someter al pueblo movilizado. Por tanto, las opciones de la derecha se reducen a un recrudecimiento y profundización de la violencia y la represión contra los ciudadanos lo que, inevitablemente, conduce o se transforma en un estado o situación dictatorial. Método de gobierno, este último, que a la derecha chilena le resulta natural y propicio, pues es el único que le asienta a sus características sociales, ideológicas y morales. Pero también sabe que las condiciones para imponer el terror no son las mismas de hace cuarenta años, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Esta constatación les provoca incertidumbre, histeria, depresiones, visiones disímiles, crisis.

Una expresión patética de esta crisis la encontramos en que la actual candidatura presidencial de la derecha está personificada en la hija de uno de los nefandos integrantes de la Junta Militar. La raigambre e identidad dictatorial de la derecha (sumado al cinismo, hipocresía y desfachatez que le son propios) hace que esta designación resulte coherente; de cualquier forma surge en reemplazo de otro prominente producto de la dictadura que desistió declarándose enfermo. En cualquier caso, ambos son un reflejo de la descomposición y desorientación de la derecha que se ve superada por la realidad.

El comienzo del final

El pueblo chileno ha comenzado a despertar del letargo en que quedó sumido por el terror dictatorial, primero, y por la manipulación demagógica  de la concertación y la clase política en su conjunto, después. Las movilizaciones protagonizadas por diversas organizaciones sociales de distintos puntos del país y por los ciudadanos de diversas localidades de variadas regiones, si bien no tienen o no han tenido una continuidad en el ámbito de la lucha política, al menos han tenido el mérito de poner en entredicho la estabilidad de un modelito cuyos corsé ya no aprietan lo suficiente como para impedir la reactivación de las luchas reivindicativas. Lo definitivo es que el pueblo se hartó del abuso y no está dispuesto a seguir tolerando tantas injusticias.

La realidad es simple: el país es controlado por una ínfima cantidad de personas dueñas del poder económico, dueñas de quienes legislan, dueñas de quienes hacen “lobby”, dueñas, en suma, del poder político, y la población es víctima de un modelo de desarrollo desigual, abusivo y explotador. Los ricos se convierten en cada vez más ricos, y los trabajadores y el pueblo se convierten en cada vez más pobres, más esclavos del endeudamiento, más víctimas de los abusos, más vulnerables. Sin embargo, la reactivación social sigue siendo insuficiente porque las luchas locales y parciales no logran aun romper las amarras ideológicas y las limitantes organizativas con que han sido maniatadas y adormecidas por más de veinte años. Hay avances y la perspectiva indica que se ha llegado a un punto de inflexión desde donde la ciudadanía no piensa retroceder.

Las movilizaciones ciudadanas han sido de enorme importancia para marcar este momento político de inflexión. Por un lado, han tenido el mérito de poner en evidencia la vocación represiva, despótica y abusiva de la derecha chilena, pero también ha puesto al desnudo la colusión, la hipocresía, el cinismo, las traiciones y carencia de valores de la coalición concertacionista que abandonó  los objetivos que se forjaron en torno al arco iris para parapetarse tras el influjo del poder y del dinero. Por otro lado, cada movilización de cada sector social o geográfico por separado ha venido a señalar ante sí mismos, ante el resto de la ciudadanía, ante el país entero, la justeza y certeza de las reivindicaciones que originan sus manifestaciones y demandas, trasladando al estado y a la clase política la resolución de sus problemas. Es en este ejercicio de organización y lucha que los sectores movilizados han constatado la fragilidad que denota el sistema que los domina ante la fuerza colectiva de los pueblos. Esto no es un dato menor si se considera que el gran éxito de la dictadura y del sistema había consistido en inculcar el individualismo, el egoísmo y la creencia de que cada quien era responsable y garante de su suerte. Esta falacia impuesta por el peso de las armas y el paso del tiempo se ha desmoronado ante el peso de la organización que implica cada movilización, ante el peso de la fuerza que se logra con la colectividad de los esfuerzos y, sobre todo, ante el peso de la realidad que los ciudadanos y el pueblo trabajador intentan cambiar.

Fotos: Camila Lassalle / Jorge Espinoza

Estas leyendo

A cuarenta años del golpe: las marcas quedan