Declaración de Corte Suprema: Un paso con pies de plomo.

La conmemoración de los 40 años del Golpe ha producido una serie de actividades sociales, reportajes periodísticos, programas especiales de los medios, declaraciones de todo tipo, que han dejado de manifiesto la crueldad del régimen, la complicidad y participación de civiles en las acciones de la dictadura y la complicidad e inoperancia del poder judicial. Ante la presión que han significado todas estas expresiones públicas, la Corte Suprema de Justicia se ha visto obligada a emitir una declaración que hizo pública este viernes 6 de septiembre sobre su papel en la época ominosa del régimen dictatorial.

En lo sustancial de su declaración los Supremos señalan: “Que el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico militar que, sobre la base de restaurar esa misma democracia, pero contradiciendo tal supuesto objetivo, violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Muchos de tales hechos fueron legalmente establecidos en los procedimientos y juzgamientos respectivos”.

Este enunciado se convierte en un acto sin precedentes puesto que deja establecido que la verdad de la criminalidad y crueldad del régimen dictatorial ha sido demostrada y ya “casi nadie en nuestra sociedad niega”.

Continúa la declaración aceptando parte de la responsabilidad de los tribunales en tales delitos: “Que, frente a esta realidad, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se  promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva  tutela judicial de que gozaban los afectados”.

Por fin un reconocimiento al papel complaciente y cómplice de los jueces de entonces, particularmente los Supremos post golpe, con la barbarie de sus aliados uniformados. La actitud de aquellos integrantes del poder judicial sigue teniendo expresión hoy día en algunos que se esfuerzan por ser benévolos, comprensivos y amigables con los criminales que deben enjuiciar por los delitos cometidos bajo la dictadura. Los “casi nadie” a que aludía el párrafo anterior de los Supremos también existen en sus estrados.

Sigue la declaración asumiendo errores: “Que en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que  correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.

Con el pretexto de que los errores son individuales y no institucionales, los Supremos son incapaces de pedir perdón por el comportamiento durante el pasado dictatorial. Solo se dignan a asumir que sus pares y su institución cometió “una dejación de funciones jurisdiccionales”, pero no asume que esa “dejación” significó vidas humanas, significó prisión y tortura, significó detenidos desaparecidos que se prolongan hasta hoy. Sin embargo, los Supremos omiten que fue la institución que ellos lideran y representan la que incurrió en “las graves acciones y omisiones” que contribuyeron a la impunidad conque se cometieron crímenes, conque se hizo desaparecer detenidos, conque se torturó a prisioneros, conque se reprimió a ciudadanos; esos individuos constituidos en jueces y ministros de los tribunales de justicia obraron a nombre de los tribunales y por obra y gracia de su cargo en los tribunales. Sin esa investidura eran unos simples ciudadanos, pero ellos usaron esa investidura para ser parte de una venganza, primero, y de un sistema represivo, después. Fue en 1978 que el Presidente de la Corte Suprema de entonces, Israel Bórquez, manifestó: “los desaparecidos ya me tienen curco”, si eso no amerita pedir una disculpa, entonces qué.

Finalmente la declaración de la Corte Suprema señala: “Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República”.

Interesante, valiosa y necesaria la declaración de la Suprema, pero claramente insuficiente. La Suprema debiera instar a sus subordinados e instarse a sí misma no solo al “esclarecimiento de esta clase de delitos”, sino que a juzgarlos y sancionarlos conforme a derecho y conforme a los pactos y compromisos que en el plano de los Derechos Humanos la humanidad ha establecido y Chile suscrito. Debiera instar a sus subordinados y a sí misma no solo “al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos” sino a juzgar los delitos cometidos conforme a derecho y no según la interpretación y el amaño de jueces y ministros que siguen actuando como cómplices al inventar subterfugios como la media prescripción, la remisión condicional de la pena, y otras interpretaciones antojadizas que tienen el único propósito de beneficiar a criminales.

Ciertamente esta declaración pública de la Corte Suprema constituye un paso pero dista mucho de constituirse en un acto reconciliatorio con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con la historia. Los Tribunales de  Justicia de este país siguen teniendo deudas con la Justicia.

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