[En Dictadura] El mundo rural asolado por el terror

Despiadada e inmisericorde. Como una plaga se expandió  por los campos de la región la represión que se desató sobre los campesinos y trabajadores rurales inmediatamente después del golpe de estado de septiembre de 1973.

El campesinado de la zona se había integrado con entusiasmo y fervor a la ola de rebeldía que se forjó en el impulso de la reforma agraria y en la conquista de derechos y libertades. Una vida digna era el objetivo que motorizaba las luchas y esperanzas de los pobres de los campos. “La tierra para el que la trabaja”, era la forma específica que adoptaba el comienzo de ese camino por una vida mejor.

El gobierno popular de Salvador Allende impulsaba una reforma agraria que se proponía afectar solo a los fundos de más de 80 hs. de riego básico que, dada nuestra geografía y resquicios legales de los poderosos, dejaba reducida su aplicación a unos cuantos predios del llano central. La explotación de los trabajadores del campo, sin embargo, se desarrollaba sin límites ni reparos desde el mar a la cordillera, y desde la cordillera al mar, en fundos y latifundios de distintos tamaños y características. Pero llegado el triunfo del gobierno de Allende, los campesinos y trabajadores agrícolas que vivían y sufrían esa explotación patronal no se fijaron en límites de hectáreas, ni se subordinaron a definiciones programáticas ajenas, para proponerse zafar del yugo de los patrones. Emprendieron su propio camino de lucha y se tomaron fundos y predios para ejercer su libertad y exigir o aplicar sus derechos. Las tomas condujeron a la expropiación de los fundos y latifundios, a la generación de asentamientos y comunidades campesinas, a la construcción de sindicatos y cooperativas, a las organizaciones colectivas y amplias, a forjar su propio destino.

Esta ola de rebeldía campesina generó, inevitablemente, el odio absoluto de patrones, de los momios (fachos), de los poderosos. En esta zona las corrientes derechistas eran poderosas, contaban con grupos paramilitares organizados, siguieron y siguen siendo poderosas. Cuando lograron consumar el golpe de estado que derrocó al gobierno de Allende, desataron todo su odio, su ánimo de revanchismo, su sed de venganza sobre el campesinado y los trabajadores del campo.

Los antiguos patrones junto a bandas paramilitares de derecha, otros lacayos de los poderosos, lideraron con lista en mano las incursiones que se desataron sobre los campos por parte de las tropas uniformadas; o bien, esos civiles se integraron plenos de entusiasmo criminal a las incursiones represivas.

Las tropas de uniformados, militares y carabineros, llevaron a cabo incursiones represivas sobre los lugares, fundos, caseríos, que más se habían destacado en la lucha por sus derechos durante el gobierno de Allende, o desde antes, o desde siempre. El objetivo era acallarlos, aniquilarlos, someterlos, restablecer el orden patronal de la mano del poder de la bala y la bayoneta de los uniformados.

Esto fue particularmente masivo y virulento en la provincia de Bío-Bío, en especial en las comunas de Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco y Mulchén. Allí los civiles incluso actuaron por su cuenta, o participaron de interrogatorios y torturas al interior de las unidades militares y policiales, o participaron activamente en ejecuciones de campesinos apresados. Las acciones represivas buscaban no solo el amedrentamiento de los ciudadanos sino el sometimiento popular y sembrar el terror en la población en su conjunto. A estas razias, se agregó el despreciable método de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas que iban causando las hordas represivas; situación de desaparición que en la mayoría de los casos se mantiene hasta hoy.  Esta práctica dio inicio a la existencia de detenidos desaparecidos.

Un caso que grafica de modo brutal la brutalidad (valga la redundancia) y el odio de los ejecutores, sus métodos despiadados y macabros, lo encontramos en lo ocurrido con la familia D’Apollonio  en la comuna de Santa Bárbara. Sergio D’Apollonio Peterman, obrero agrícola de 48 años, casado, 9 hijos, y su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, obrero agrícola, 22 años, fueron detenidos a las 3 de la madrugada del 23 de octubre de 1973 por carabineros del Retén Santa Bárbara. Los aprehensores se hacían acompañar por el facho civil Jorge Domínguez y movilizaban en una camioneta del latifundista José Domínguez, padre del anterior. Luego de detenerlos los llevaron a un puente cercano que cruza el río Bío-Bío; los hicieron descender del vehículo; los ejecutaron con ráfagas de fusilería; una vez muertos, arrojaron sus cuerpos al río. Todo esto fue visto por la esposa de Sergio Apollonio y su hija Cristina quienes habían seguido los pasos de la comitiva y observaban ocultas los hechos a cierta distancia. Al amanecer, cuando los policías se habían marchado del lugar, ambas mujeres bajaron hasta el lecho del río e intentaron recuperar los cuerpos de sus deudos desde las aguas. Solo pudieron rescatar el cuerpo de Carlos Jacinto. El día 24 de octubre, en circunstancias que se encontraban velando el cadáver de Carlos en la casa familiar, llegaron hasta la vivienda los mismos carabineros del Retén Santa Bárbara quienes, por el imperio del poder de las armas, se llevaron el cadáver para arrojarlo nuevamente al río Bío-Bío, esta vez sobre el Puente Pinto, más al interior de la cordillera. Casos como éste se encuentran por decenas en los campos de la zona, pero no sólo en los campos se atacó al campesinado.

En los hechos, la represión desatada sobre localidades y pequeños pueblos de la zona también se inscribe en esta gran represalia dirigida contra el mundo campesino y rural. En ese marco se incluyen las masivas y notorias acciones de represalia y aniquilamiento desarrolladas en lugares como Santa Juana, Nacimiento, Laja, Hualqui, Coelemu, San Rosendo, entre otros lugares.

Para los gestores y ejecutores del golpe de estado el mundo rural fue un objetivo prioritario de la subsecuente represalia desatada sobre la población. No menor es el dato que en la zona que comprende la actual región el 29 % de las víctimas (ejecutados y detenidos desaparecidos) provocadas en la primera época post golpe (entre septiembre y diciembre de 1973) es gente del mundo campesino y rural de la zona. En la provincia de Biobío este porcentaje alcanza el 43,5 % de las víctimas y en la provincia de Ñuble el 34,5 %. A estas víctimas hay que agregar aquellos campesinos que fueron detenidos, encarcelados, torturados, expulsados de sus tierras, como parte de esta guerra contra el pueblo instigada por los patrones y ejecutada por uniformados y fachos.

Así se estableció el imperio del terror en los campos. Y los antiguos patrones recuperaron sus fundos y potestades, restablecieron su orden amparados en la violencia y criminalidad del régimen dictatorial.

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