Nuevas maniobras para impunidad ante el asesinato de Rudy Cárcamo

Según se supo en fuentes de tribunales, la tarde de este viernes se habría hecho la presentación de una denuncia que reviste el carácter de maniobra perversa y de diversionismo judicial iniciada por uno de los oficiales de la Armada condenados por la detención y desaparición del mirista Rudy Cárcamo Ruiz. La denuncia fue presentada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por decisión de Rossy Lama, la funcionaria jefe del departamento aludido.

Como es de público conocimiento, Rudy Cárcamo Ruiz fue detenido en su domicilio, ubicado en la población Leonor Mascayano de Talcahuano, el 27 de noviembre de 1974 por agentes del organismo represivo de la armada denominado Ancla II y que se especializaba en la persecución de los militantes y organizaciones de izquierda. Rudy Cárcamo fue visto, señalado y reconocido por otros detenidos en el recinto de tortura que funcionaba en las instalaciones de la Base Naval de la Armada en Talcahuano.

Las gestiones judiciales desarrolladas durante los años de dictadura por la familia de Cárcamo por ubicarlo, establecer su paradero, investigar lo ocurrido con el detenido, obviamente no dieron ningún resultado de ninguna naturaleza. Recién el año 2001 el juez Juan Guzmán Tapia inició una investigación judicial tendiente a esclarecer los hechos y dar con los responsables.

En septiembre del año 2005 el Ministro Especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Carlos Aldana Fuentes, procesó a los primeros cuatro acusados de la comisión del delito de secuestro. Estos cuatro procesados fueron: Hugo Nelson González D'Arcangeli, capitán en retiro de la armada, José Raúl Cáceres González, capitán en retiro de la armada, Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitía, coronel en retiro de carabineros, y Osvaldo Francisco Harnish Salazar, oficial de investigaciones en retiro. A estos, posteriormente se suma el procesamiento de Víctor Ernesto Donoso Barrera, también capitán de la armada en retiro.  Todos ellos eran miembros activos del Ancla II en la época de cometidos los delitos.

El 15 de enero del 2010, el Ministro Aldana condena en primera instancia a los cinco procesados a la ridícula pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, con el beneficio adicional de la remisión condicional de la pena, es decir, que los condenados podían irse en libertad. El mismo 2010 esta vergüenza es ratificada por la Corte de Apelaciones penquista confirmando el fallo que premiaba a los cinco agentes represores integrantes del Ancla II.

Sin embargo, en abril del 2012, la Corte Suprema enmienda en parte la burla, anula el fallo penquista, dicta sentencia de reemplazo y condena a los cinco oficiales a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.

La diferencia de criterios entre las instancias judiciales no parece casual. Los dos primeros fallos son una expresión de la influencia de los poderes fácticos de la Armada que se han rodeado de un denso muro de impunidad. Esta influencia es más notoria, por no decir grosera, en los territorios donde los marinos tienen sus bases de operaciones y en donde se han visto involucrados en delitos y crímenes de derechos humanos, particularmente en Valparaíso y Concepción. No por casualidad este, el de Rudy Cárcamo Ruiz, es el primer y hasta ahora único caso de derechos humanos donde oficiales de la armada resultan condenados; procesados ha habido en varios casos, pero condenados en ningún otro.

Un reflejo de esta perniciosa presión es la maniobra judicial iniciada este viernes ante la Corte de Concepción pues es el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior quien hace la presentación. El fundamento de la denuncia es la maniobra iniciada por el condenado José Raúl Cáceres González quien, ahora, dice contar con antecedentes que conducirían a la ubicación de los restos de Rudy Cárcamo Ruiz y a la individualización de otro partícipe en los hechos, que no fue procesado en la causa. Todo ello con la pretensión de "demostrar" su no participación en el crimen, cuestión que tendría que señalar el nuevo involucrado por él denunciado. Este nuevo partícipe se trata de un suboficial en retiro de la Armada, en la época de los hechos cabo y agente integrante del Ancla II.

Macabra y curiosa la acción del ex oficial naval. Es una burla para la familia del mirista desaparecido volver a generar falsas expectativas sobre la posibilidad de encontrar los restos de Rudy Cárcamo. Es una burla para la justicia porque luego de haber logrado un fallo condenatorio los responsables intentan eludir su culpabilidad, nada más que por el peso de sentirse impunes o porque la hotelería del penal Punta Peuco no les resulta del todo cómoda. Lo que es evidente es que en ningún caso, ninguno de estos oficiales represores, tenía considerada la posibilidad de ser condenados y menos aún de tener que cumplir una pena efectiva de prisión por los crímenes que cometieron. Parece que sus expectativas de inmunidad no se han cumplido y eso los lleva a intentar nuevas maniobras. Mientras duró el proceso judicial, los procesados se dedicaron exclusivamente a burlarse, a mentir, a hacer maniobras distractoras. Durante más de diez años de investigación judicial el condenado José Raúl Cáceres González jamás se acordó o mencionó tales posibilidades de dar con los restos de Rudy Cárcamo que ahora dice saber. Ni cuando se hicieron las reconstituciones de escena en la Base Naval, ni cuando la información que aportaba uno de los ex agentes del Ancla II llevó al tribunal a hacer excavaciones en el Parque Pedro del Río Zañartu, en Hualpén, porque allí habría sido enterrado ilegalmente por los agentes de la armada el cuerpo de Cárcamo. Ni cuando la información que aportaba otro agente procesado llevó al Ministro a hacer excavaciones en la ribera del río Itata, cerca de Coelemu, porque allí habrían sido trasladados los restos del desaparecido. Ni se acordó de nada cuando la condena que le aplicó el Ministro Aldana era de 541 días que podía cumplir en plena libertad. Ni mencionó nada cuando tal condena fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Ahora que habita Punta Peuco el condenado Cáceres González pretende seguir causando daño con otra mentira.

Es una incongruencia que el Programa de Derechos Humanos le preste oídos y espacio de tramitación a una maniobra de esta naturaleza. Pero tampoco es una sorpresa. Mal que mal, la señora Rossy Lama es funcionaria de este gobierno derechista y este gobierno hizo compromisos de ayuda legal para con los agentes criminales y represores de la época de la dictadura; no es extraño que en las esferas de gobierno se deje sentir la influencia de los marinos fachos.

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