Chile: Resistir la “Ley Monsanto” es decir No a los transgénicos

La resistencia ciudadana ha impedido hasta ahora que el gobierno del presidente Sebastián Piñera logre concluir su gestión con la promulgación de una ley de semillas iniciada en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Este proyecto pone en riesgo el patrimonio genético de Chile y confiere más garantías a las transnacionales semilleras, a costa del campesinado. De aprobarse, liquidará la agricultura familiar campesina,  generando el espacio  para extender en el país los cultivos transgénicos, hoy sólo autorizados para su exportación como semillas.

En julio de este año el gobierno puso urgencia a la discusión de este proyecto pero en septiembre se la retiró, como resultado de una intensa movilización de organizaciones campesinas, sociales y ambientales  encabezada por la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.  Marchas, debates, y una inédita exposición pública en las redes sociales, de los senadores que se mostraban dispuestos a votar a favor de esta ley mostraron la resistencia al Proyecto de Ley de Derechos de Obtentores Vegetales.

Tal como en Colombia, las presiones derivan del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero Chile ya está adherido al Convenio de Protección de Variedades Vegetales del año 1978 y con la actual ley de semillas las transnacionales semilleras ya obtienen grandes ganancias por la venta de híbridos. Una nueva ley es innecesaria. Las semillas patentadas, prácticamente impuestas a los productores por el mercado y el Estado,  ya han  generado erosión genética, haciendo caer en desuso muchas variedades tradicionales.  Por todo ello,  la consigna de la campaña es “semillas libres de patentes y transgénicos”.

La producción de semillas aun permanece en manos de muchos agricultores. La fruta y verdura que se vende en las ferias libres proviene de la pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de producción. Esa es la realidad que hoy quiere cambiar la iniciativa citada, ya aprobada por la Cámara de Diputados en 2011 y cuya discusión está ahora en el Senado. Las organizaciones la han denominado “Ley Monsanto-von Baer” aludiendo a sus principales beneficiarios y lobbyistas.

Monsanto es el más importante exportador de semillas transgénicas en Chile, y a través de sus empresas Seminis y ANASAC controla parte importante del mercado de la semilla híbrida. Erik von Baer representa los intereses de los aliados nacionales de Monsanto,  que incluyen – entre otros parlamentarios – a su hija, la senadora designada Ena Von Baer.

 

Los “obtentores” y la transgenia

El lobby del proyecto defendido por el gobierno de Piñera, corre por cuenta de las transnacionales  Monsanto, Dupont/Pioneer, Bayer y Syngenta, productoras y “obtentoras” de semillas híbridas y transgénicas. Porque no les basta con ser  dueños de más del 80% de las semillas registradas en el Servicio Agrícola y Ganadero SAG. Pretenden que  se extienda a 20 y 25 años la vigencia de cada registro y que la ley autorice el registro de cualquier variedad de planta y declare ilegales prácticas ancestrales como la guarda e  intercambio de semillas. Estas empresas son las mismas que manejan el negocio de los semilleros de exportación de semilla transgénica de maíz, soya y raps, que ya alcanza un tope, y requieren expandir más allá de las aproximadas 30.000 hectáreas de la última temporada. Sólo pueden avanzar desplazando la pequeña agricultura campesina e indígena y la producción alimentaria local. La resistencia a esta ley en Chile busca impedir lo que  ha ocurrido en otros países de América Latina: emigración rural  y expansión de los cultivos transgénicos, es decir más pobreza, negativos impactos en la salud de las personas y el ambiente, y cero soberanía alimentaria.

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