La caja negra de financiamiento de las campañas

A Marco Enríquez-Ominami le llega dinero desde Argentina; Michelle Bachelet recibe dinero del grupo Luksic y Endesa; Evelyn Matthei está con serios problemas para levantar fondos; algunos descolgados de RN le aportan a Franco Parisi; y desde Venezuela vienen algunos pesos para Marcel Claude. Todos rumores, datos de pasillo y algunos off que no hay cómo corroborar o descartar.

¿La razón? La deficiente legislación que existe sobre financiamiento de la política, que contiene escasos mecanismos de transparencia y que empuja la existencia de métodos “informales”.

En medio de la campaña presidencial en curso, el problema se hace aún más patente tomando en cuenta que las nueve candidaturas presidenciales han transparentado muy poca información sobre el financiamiento de sus campañas. Lo que no varía al analizar a los candidatos al Parlamento, salvo un par de excepciones.

Como botón de muestra, El Mostrador consultó formalmente a los comandos de Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami quién los financiaba y por qué montos. Ninguno respondió.

Silencio que no tiene nada de ilegal, pero que sustenta uno de los mayores problemas de la política actual: la falta de credibilidad. Lo que además deja en tierra de nadie la interrogante de a quién terminan representando efectivamente los políticos, elegidos por la ciudadanía pero financiados por importantes sectores económicos.

Las mineras, AFP, Isapres y las familias más ricas del país se cuentan entre los poderosos donantes que todos mencionan, pero nadie acredita. Según la revista Qué Pasa, la candidata de la Nueva Mayoría arrasa en la recolección, a diferencia de Evelyn Matthei, desde cuyo comando señalan que los grandes empresarios han aportado mayores sumas a Bachelet. ¿Quiénes son? ¿Cuánto han aportado? ¿A cambio de qué? No es posible saberlo.

EL SECRETO

Este secretismo, en opinión del presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, “afecta la confianza en las instituciones públicas, que lo que hacen es facilitar que terceros que financian campañas puedan anteponer sus intereses al de los ciudadanos. Hoy estamos en un contexto de gasto electoral obsceno, excesivo. Son tan altos los montos que muy pocos sectores podrán hacer donaciones para financiar a esos niveles, por lo que son pocos los privilegiados que lograrán influenciar a representantes políticos”.

Por ello Ciudadano Inteligente impulsa ¿Quien Te Financia?, una de las dos iniciativas que buscan presionar a los actores políticos para que transparenten sus finanzas, junto a Candidato Transparente, que lanzó hace dos meses la organización Chile Transparente.

La falta de transparencia en el financiamiento trasciende los tiempos de campaña y se mantiene durante las votaciones de leyes en el Parlamento. Un caso emblemático es el que involucró a la diputada por Iquique, Marta Isasi, y la mayor empresa pesquera extractiva del país, Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini y que fue denunciada por haber entregado al ex asesor de la parlamentaria $25 millones a cambio de unos papers. Dineros que fueron recibidos antes del período de campaña y de que se votara la Ley de Pesca, en julio de 2012. Coincidencia o no, Isasi votó en línea con gran parte de los articulados que favorecían a la industria pesquera.

No sólo eso. El entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica –que luego dejó el cargo y menos de un mes después fue designado en el Concejo Nacional de Pesca–, reconoció haber pagado ese dinero a Carrillo y además haber donado dinero para la campaña de la diputada independiente por Iquique, señalando que “hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios, pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más”.

La historia causó gran revuelo y críticas desde diversos sectores, incluido el Parlamento. En este escenario El Mostrador consultó a 66 diputados si habían recibido ayudas, donaciones o financiamiento de Corpesca. Nadie admitió que así fuera: 63 dijeron que no, mientras que tres señalaron que “no lo sabían”, a raíz de los aportes reservados que permite la ley.

En tanto, de 31 senadores consultados, 28 negaron haber recibido dineros de Corpesca. Los tres restantes –Camilo Escalona (PS), José García Ruminot (RN), y Jaime Orpis (UDI)– jamás contestaron.

Además, una amplia mayoría de los parlamentarios entrevistados manifestó que cambiaría la normativa vigente. De 62 diputados consultados sobre si estarían de acuerdo con cambiar la ley y transparentar los aportes secretos y reservados, 84% (54) contestó que sí.

En el caso de los senadores, de 30 consultados, 70% (21) también dio una respuesta afirmativa.

Pese a estas buenas intenciones, lo cierto es que ad portas de una nueva elección presidencial y parlamentaria, la ley vigente, aprobada el 2003, está lejos de garantizar transparencia a la hora de saber qué favores podrían estar pagando eventualmente quienes salgan electos. O a cuánto ascendió el gasto real de las campañas.

HECHA LA LEY…

El financiamiento de la política y sus actores está regulado por dos leyes en Chile: una sobre Transparencia, Límite y Gasto Electoral (Ley 19.884) y otra  sobre el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios (Ley 19.885). Ambas con serias falencias en materia de  transparencia.

Quienes han actuado como encargados de recolectar fondos para las diferentes campañas electorales, tras lo cual deben presentar la cuenta ante el Servicio Electoral (Servel), cuestionan la ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Principalmente porque, según admite un militante de la UDI que ha participado históricamente en la recaudación de fondos para campañas del partido, la normativa “está mal hecha, porque no resguarda con suficiente rigurosidad que efectivamente se cumpla. Y como en una campaña siempre se gasta más de lo que la propia ley permite, siempre hay que estar haciendo algunas triquiñuelas para pasar bien por la revisión del Servel”.

En tanto, quien fuera el principal recaudador de fondos y responsable ante el Servel de una de las campañas presidenciales del año 2005, asegura que la ley 19.884 se había aplicado por primera vez, sólo un año antes, para las elecciones municipales. Por lo que existía, recuerda, “mucha incertidumbre sobre el proceso y qué tan posible era cuadrar los recursos de la campaña, como exige la normativa. Sobre todo, porque en una elección muy competitiva, como se dio ese año, eran necesarios muchos recursos”.

De ahí que explique que su tarea, y la de todos quienes desempeñan esa labor en las campañas, era “hablar con diferentes empresas, particularmente con los presidentes de los directorios, casi nunca con los gerentes, para preguntarles acerca de la posibilidad de aportar a la campaña que uno representaba”, obviamente, en todo este proceso “se les explican las ‘bondades’ del candidato”.

Cuando los empresarios o eventuales donantes se abren a poner recursos para una determinada campaña o “a varias a la vez, porque es sabido que algunos grupos económicos ponen plata a diferentes candidatos, incluso de distintos colores políticos a la vez”, aclara, hay que intentar salvar el tema del límite de las donaciones y cuadrarlo con el tope que la ley permite gastar a los candidatos.

Por lo mismo, reconoce que se recurre a algunas “triquiñuelas”, porque “en una campaña toda la plata se hace poca. Antes no había problema, porque no se controlaba el gasto”. En este contexto, explica que algunos empresarios eludían, como aparentemente aún lo hacen, con un singular mecanismo: “En vez de aportar como grupo económico, lo hacían entregando recursos a través de cada una de las empresas del grupo. Así cada empresa aportaba el máximo que le estaba permitido para recuperar a través de la ley de donaciones. Por ejemplo, si el tope que podía dar era 22 millones, cada empresa del conglomerado, de manera independiente, donaba 22 millones, lo que sumado daba mucho más”.

También existen otras fórmulas para que no se consigne como donación, que es a través “de facturas o boletas de honorarios que las candidaturas entregan a quienes aportan la plata”. Entonces, a la hora de entregar las cuentas al Servel, este organismo puede rechazar una cuenta u “objetar, por ejemplo, una factura”, y la persona a cargo debe reemplazar el documento, pero, “a veces, lo que uno hacía era que, si no necesitaba recuperar esa plata, mejor no la reponía no más y daba la plata por perdida. Porque finalmente las campañas siempre gastan más de lo que les permite la ley y los que aportan recursos, también muchas veces, donan más de lo que les está permitido”. En este escenario, aclara que, en la práctica, “el Servel no tiene cómo saber cuánto, de verdad, gastó un candidato. Porque la cuenta tiene que ajustarse a los límites de la campaña, por lo que se rinde sólo lo que se quiere rendir, acreditando los gastos que uno quiere”.

NI TRANSPARENTE NI FISCALIZABLE

Para entender por qué la ley vigente está lejos de ser transparente y de cumplirse cabalmente, basta revisar cómo funciona.

Actualmente los partidos políticos no están obligados a hacer pública su información, rendiciones de cuentas, control de gestión y actividades. Por ello, en general, no hay claridad sobre las finanzas de los partidos políticos, así como tampoco exigencias para que estos transparenten sus gastos y cuentas. Menos sanciones. Todo esto afecta la desgastada imagen y escasa legitimidad que tienen  políticos y partidos en nuestro país.

Los tres ejes sobre los que sí existe legislación son el financiamiento privado, el público y el límite del gasto electoral.

El financiamiento privado tiene tres modos de donaciones: reservados, públicos y anónimos. Los primeros dos se hacen al Servicio Electoral (Servel) y es elección del donante si su nombre es reservado o público. Estos aportes se consideran como gasto para efectos tributarios de los donantes.

En cambio, los aportes anónimos se hacen al administrador electoral del candidato o partido. Estos aportes son anónimos para la ciudadanía, pero no para el candidato. Hay tres limitantes: que no supere las 20 UF ($422.760 aprox.), el candidato o partido no puede recibir más del 20% del límite de gasto electoral establecido por este método, y finalmente, no se puede considerar como gasto para efectos tributarios.

En el caso del financiamiento público funciona a través del Servel. Después de que se inscriben las candidaturas los partidos reciben 0.01UF -$ 211 aproximadamente- por voto obtenido en la elección anterior. Finalizada la elección, candidatos y partidos reciben 0.03UF, unos $687, por voto.

Para el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, la ley actual es un avance importante respecto de lo que existía antes, aunque insuficiente en materia de transparencia. Según Delaveau, las falencias de la legislación actual son dos: limitación del Servel y estructura de los aportes. “Por un lado, el Servel no tiene ni las capacidades, ni los recursos para fiscalizar, monitorear y efectivamente ver si las rendiciones de cuentas de los candidatos son las adecuadas y, por otro lado, ver si se ha cumplido con los límites que establece la propia ley”, dice Delaveau.

En esta misma línea, señala que la segunda falencia es la estructura de los aportes que pueden ser anónimos, reservados o públicos. “Creemos que esto hay que mejorarlo. Hay varios que sostenemos que los aportes deben ser de personas o empresas individuales y no de empresas productivas o que transen en la bolsa, sino que sean los ciudadanos los que hagan los aportes en forma pública. Además, debiera haber un mayor financiamiento público. Creemos que si ese financiamiento público va acompañado de transparencia y rendición de cuentas, sería un gran avance”, dice el presidente de Chile Transparente.

En opinión de Felipe Heusser, de Ciudadano Inteligente, “el problema radica en el mismo nombre de la ley, que no está siendo transparente, no establece límites reales, ni mecanismos de control adecuados”. Según Heusser: “No es transparente porque permite de manera explícita que existan ingresos secretos y reservados. El problema con el límite radica en que la ley establece un límite, pero sólo en el papel. Por ejemplo, para las candidaturas presidenciales es de 9 mil millones de pesos. Y si uno revisa los gastos de 2009 en el Servel, la suma total del gasto de las candidaturas presidenciales de Frei, MEO, Arrate y Piñera sumaban todas juntas esa cifra. O sea, no cumple su objetivo”.

En cuanto al control y fiscalización “radicado en el Servel, que debiese revisar las declaraciones de ingresos y gastos,  al ser dotado de pocos recursos humanos y no muchas atribuciones, no termina sino revisando el neteo –compensar saldos a acreedores y deudores presentando un saldo único– de ingresos y gastos, chequeando sólo si está fuera del límite y los porcentajes de financiamiento reservado. Pero no hace una fiscalización más proactiva sobre el gasto real, ni auditorías más detalladas de las boletas que se van presentando”.

En el mismo sentido, el director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Claudio Pérez, coincide en las críticas a la ley del 2003. Pérez cree que ella se puede perfeccionar y que uno de sus problemas está en “las atribuciones del Servel para poder jugar un rol más activo en las rendiciones que se entregan del gasto electoral”.

“Estamos muy atrasados en materia de transparencia y financiamiento a las campañas políticas y las actividades regulares de los partidos políticos. Con el financiamiento el problema está en los montos de aporte de los privados a la campaña electoral. En la última campaña el mayor aporte vino de los privados”, dice Pérez.

Así lo indica un estudio del CEP-Cieplan, elaborado por Claudio Agostini, bajo el títuloFinanciamiento de la Política en Chile: Campañas Electorales 2009-2010. En esas elecciones, los aportes privados fueron el 57% del financiamiento, mientras que el público fue del 16%. El aporte de los propios candidatos a sus campañas fue de 9% y los créditos bancarios fueron del 18%. “Si bien el financiamiento que provee el Estado es importante, el financiamiento privado es 3.5 veces mayor a pesar de que el número de donaciones es relativamente pequeño”, concluye el trabajo del CEP.

Para el director del CED el problema de la transparencia y financiamiento en la política es un tema integral que pasa por aumentar el financiamiento público. “Chile debe contar con un financiamiento público a las funciones regulares de los partidos políticos para que estos no tengan que buscar otros mecanismos de financiamiento de los cuales hoy no tenemos mayores datos” dice Pérez.

Asimismo, cree que con un mayor financiamiento público se puede “evitar la captura de quienes toman las decisiones por determinados actores del mundo privado que, a través del financiamiento de la política, pueden influir en la toma de decisiones”.

MODELOS EXTRANJEROS

Chile Transparente publicó, en julio pasado, un completo estudio sobre el estado actual del financiamiento de los partidos políticos en nuestro país, titulado Transparencia en los Partidos Políticos: Revisión de experiencia internacional y propuesta de estándares de transparencia. En él hay un capítulo que analiza modelos de financiamiento de la política de otros países. Al hacer la comparación, quedan al descubierto las falencias y limitaciones de la ley en Chile.

En EE.UU. existe una transparencia total de quienes financian a los políticos. Tal como consigna el trabajo de Chile Transparente: “EE.UU. posee uno de los sistemas de transparencia activa más eficientes y sofisticados en este tema, ofreciendo a los ciudadanos la capacidad de monitorear constantemente las fuentes y a quienes se dirigen las contribuciones, a través de reportes electrónicos o escritos antes, durante y después de las elecciones”.

En el caso de Canadá, la ley se centra en los partidos políticos –dado el régimen parlamentarista– y la transparencia total de sus gastos. Los partidos deben hacer públicos dichos gastos; las contribuciones de los candidatos registrados, partidos y sus asociaciones locales, registradas; todos los grupos e individuos que deseen gastar dinero en publicidad electoral de manera propia e independiente de un partido o candidato;  gastos de las elecciones para nominar y elegir al líder del partido, así como los candidatos del partido al parlamento.

En Alemania es obligación constitucional para los partidos políticos indicar la publicidad de los activos, las fuentes y los usos de sus fondos. El financiamiento de los partidos es mixto, por lo que reciben aportes privados –que no pueden ser más de $2.227.500 por persona– y públicos, según el resultado electoral.

Finalmente, en el Reino Unido hay transparencia sobre contribuciones por donaciones y gastos de las organizaciones partidarias. La ley regula a los partidos y candidatos por igual, imponiendo un férreo sistema de control para las organizaciones o individuos de la sociedad que realicen donaciones. Uno de los aspectos más llamativos es que los donantes deben estar registrados y tener el permiso de la Comisión Electoral para financiar a partidos políticos o candidatos.

En Chile hay un largo camino por recorrer y muchas mejoras por hacer. De momento, sólo hay un proyecto de ley que el Ejecutivo ingresó a tramitación en el Senado el 14 de mayo de este año, el que, si bien incluye aspectos de mayor transparencia en los partidos políticos, no aborda el tema medular: transparentar el financiamiento de la política.

Foto de archivo: Mural en Concepción, 2010.

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