Pescadores exigen mitigación para las consecuencias de la sobreexplotación pesquera

Este jueves, pescadores provenientes de diferentes caletas concurrieron hasta la Intendencia para exigir que el Estado implemente un plan de mitigación de las consecuencias que les ha traído la sobreexplotación de la sardina y anchoveta. 

El pasado viernes 22 de noviembre, la subsecretaría de pesca determinó el fin de la extracción de sardina común y anchoveta que se había reabierto el lunes 18 de noviembre. La decisión fue producto de la acción de los pescadores que se negaron a salir a pescar a causa de las mínimas tallas que presentaban los ejemplares y que éstos aun no habían desovado.

La decisión de los pescadores constituye un giro, en tanto nunca se había registrado una negativa a salir a pescar con un propósito de conservación. En este contexto, han quedado sin fuente de ingresos. 

La recuperación de las poblaciones de peces constituye una determinación de interés común, por lo que el Estado, no sólo debe impulsar medidas que tiendan a tomar el control sustentable de la pesca, sino que también a dar respaldo económico a los trabajdores que han quedado cesantes producto del nefasto manejo pesquero. 

Hasta el momento los planes de mitigación ofrecidos a los pescadores han estado marcados con el sello del asistencialismo y la instrumentalización. Paquetes de mercadería, aumentos en cuotas de captura y bonos se les han entregado sin erradicar las causas que originan la pobreza crónica de los trabajadores de la pesca: la sobreexplotación y el control omnímodo del empresariado pesquero en la defición e implementación de las políticas del área. 

La instrumentalización, ha ido desde lo electoral (como es el de haber otorgado mercadería y mayores cuotas de captura en vísperas de elecciones) hasta subvencionar, a través de bonos, las faenas pesqueras para la industria. Esto se hizo este 2013, cuando en marzo se inició la temporada de captura de sardina y anchoveta. Días después, tripulantes y armadores detuvieron los zarpes porque no los podían pagar con la exigua pesca capturada. Luego de sucesivas movilizaciones, el subsecretario de pesca, Pablo Galilea accedió a entregar un bono de 900 mil pesos, divido en 3 cuotas. Quienes habían completado el 70% de la cuota de captura, sólo pódían acceder al primer pago. La razón fue que no eran rentables. ¿Por qué? Porque Galilea condicionó el pago de la segunda y tercera cuota a que realizaran 3 zarpes en total, a través de los cuales pudiesen aprovisionar a la industria con materia prima para sus procesos, no importando el daño que se pudiese causar capturando ejemplares juveniles aun. En síntesis el Estado subvencionó la industria pesquera, a través de estos bonos. 

Hoy, la necesidad de mitigación de las consecuencias de la sobrexplotación persisten y sólo depende de los trabajadores que constituya parte de un proyecto de recuperación pesquera.

Foto de Archivo: Pescadores en Concepción, junio 2013.

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