Familiares de asesinados el 23 y 24 de agosto de 1984 buscan ampliar los procesamientos a los homicidas

Este martes, familiares de militantes del MIR asesinados entre el 23 y 24 de agosto de 1984 concurrieron a la Corte de Apelaciones de Concepción en compañía de las abogadas Marcela Garcés y Patricia Parra, quienes defendieron la validez de la petición de ampliar los procesamientos en contra de los autores de estos crímenes, sumándoles el delito de asociación ilícita. 

El plan que tuvo como objetivo eliminar a los miristas que resistían a la dictadura comenzó a fraguarse con meses de anticipación, implicando el movimiento de al menos cien agentes represivos para el cumplimiento de diversas funciones en las ciudades dónde se llevó a cabo. 

La matanza comenzó el 23 de agosto con el asesinato de Luciano Aedo en la población Hualpencillo, actual Hualpén. Según se ha constatado en el proceso judicial, se le disparó a quemarropa y luego se intentó disfrazar el hecho de enfrentamiento, poniendo armas en cerca de su cuerpo. 

Por la tarde, se desplegó un amplio operativo a la altura de la Vega Monumental de Concepción para interceptar un bus de línea Las Bahías que transportaba desde Talcahuano a los militantes Mario Lagos y Nelson Herrera. En el lugar también se instaló un equipo de prensa de Televisión Nacional de Chile que registraba imágenes para construir después montajes que buscaban ocultar estos crímenes. Luego de detener el bus y gasear su interior con el fin de obligar a descender a pasajeros, finalmente bajó Mario Lagos con los brazos en alto, siendo asesinado de inmediato. Al ver su compañero en el suelo, Nelson Herrera intentó escapar, pero fue interceptado por agentes, había sufrido una caída y éstos dijeron que lo llevarían al hospital. En realidad, lo condujeron camino a Santa Juana, dónde lo ejecutaron. 

Una hora después, otro grupo cercaba la casa de Mario Mujica en Los Ángeles para entrar en ella y asesinarlo, sin dejar de representarlo como un enfrentamiento, para lo cual dispusieron de efectivos que disparaban al aire. 

En Valdivia otros efectivos de la CNI cumplían su parte del plan, deteniendo en el centro de la ciudad a Rogelio Tapia y Raúl Barrientos, llevándolos amarrados, vendados y amordazados hacia la ruta de acceso a Niebla. Los detenidos fueron transportados en medio de una caravana de vehículos hasta un descampado a la altura del puente Estancilla donde les dispararon mortalmente. En los momentos que rodearon el crímen, el tránsito fue cortado en ambos sentidos y, cumpliendo con el procedimiento habitual, se le disparó a un furgón para simular un efrentamiento. 

Al otro día y en la misma ciudad, concurrieron a la vivienda de Juan Boncompte. Algunos la cercaron y otros ingresaron a ella. Tortuaron a su pareja Inés Díaz de un embarazo avanzado. Los golpes provocaron daños físicos irreparables e inhabilitantes a su hija. Paralelamente, Juan fue asesinado en el patio de la casa, constatándose 22 impactos en su cuerpo. 

Por este macabro crimen, el ministro Carlos Aldana tiene procesados por el delito de asociación ilícita y por homicidio calificado a Álvaro Corvalán y Marcos Derpich. 13 agentes más sólo lo están por homicidio calificado. Los familiares de los militantes exigen que éstos sean también procesados por asociación ilícita, pues la vínculación sostenida por ellos, en estas acciones, es evidente. 

Aldana ha rechazado en dos oportunidades esta petición, argumentando la inexistencia de pruebas que la respalden. Para los familiares, ésto es inaceptable y acudir a la Corte de Apelaciones para enmendar estas resoluciones va en la línea de no resignarse ante la justicia a medias y mediocre, según afirmó Tamara Lagos, hija de Mario Lagos.

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