Salvo algunas iniciativas menores de los Ministerios del Interior, Salud y Educación, y de los gobiernos regionales, prácticamente toda la inversión pública en deportes y actividad física en Chile se canaliza a través del Instituto Nacional de Deportes, antes conocido como Chiledeportes y recientemente convertido en Ministerio del Deporte, bajo la Dirección del ahora ministro Gabriel Ruiz Tagle.

Los recursos que maneja el IND son gastados en muy diversos fines: deporte de Alto Rendimiento, Rally Dakar, construcción de estadios para el fútbol profesional, organización de corridas y otros eventos masivos, o talleres deportivos para los grupos sociales menos favorecidos. Por otro lado, poco más de un 5% del presupuesto anual del IND se destina al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte), que se entrega desde 2002 y que en 2014 repartirá cerca de $4 mil millones de pesos para la realización de actividades deportivas recreativas, formativas y competitivas, o la ejecución de obras menores de infraestructura deportiva municipal. De acuerdo a la Ley de Presupuesto, a lo menos un 80% de estos recursos se deben entregar mediante un concurso público en el cual participan organizaciones deportivas y otros tipos de instituciones públicas y privadas.

Cabe señalar que desde el 2011 a la fecha, los recursos del Fondeporte han sufrido una merma considerable. Mientras en 2010 superaron los $10 mil millones (11,5% del presupuesto anual del IND), para 2014 la Ley de Presupuestos contempla poco menos de $5 mil millones, de los cuales cerca de $4 mil millones son concursados. El resto se entrega mediante asignación directa.

Además, el Fondeporte ofrece financiamiento para investigaciones científicas en temáticas deportivas, lo que ha permitido abordar el fenómeno del deporte desde diversas disciplinas. Es el caso de Katalejo, centro de investigación independiente integrado por sociólogos de la U. de Chile, quienes han generado varias publicaciones sobre el rol del sistema educacional y del entorno urbano en la promoción de una cultura deportiva y la disminución del sedentarismo, y sobre políticas deportivas municipales, incluyendo la elaboración de Planes de Desarrollo Deportivo Comunal.

Para Katalejo, como para todas las organizaciones que participan en este concurso, la burocracia del IND ha sido un obstáculo habitual, al punto que la gran mayoría de los clubes deportivos se encuentran inhabilitados para participar del concurso por motivos administrativos. Sin embargo, durante la gestión de Ruiz Tagle las dudas sobre la legitimidad y transparencia de este concurso se han visto intensificadas debido a una serie de irregularidades.

Así, mientras con bombos y platillos se anunciaba la creación del Ministerio del Deporte, que pretende convertirse en el gran legado del gobierno de Piñera en materia deportiva, paralelamente (y con bastante menos interés de parte del ambiente del deporte y la prensa "especializada"), se publicaban las bases del concurso Fondeporte 2014.

Para 2014, los recursos destinados a la categoría "Ciencias del Deporte" alcanzaron a los 200 millones de pesos, a repartir entre 8 proyectos de investigación, destinados justamente a generar Planes de Desarrollo Deportivo Comunal en municipios de distintas zonas geográficas del país. Sin embargo, las bases del concurso establecían algunos requisitos impensados:

Al igual que en 2013, el único tipo de postulante habilitado en la categoría Ciencias del Deporte eran las universidades o institutos privados. Cabe señalar que desde 2006 a 2012 se asignaron recursos tanto para el sector privado como para entidades públicas (servicios públicos, municipalidades, universidades estatales).
Los proyectos debían desarrollarse únicamente en determinadas comunas, establecidas arbitrariamente, sin que se justificara cómo fueron seleccionadas. En el caso de la R.M., por ejemplo, debía trabajarse en San Bernardo, Lo Espejo, Renca y Lampa.
 Debía adjuntarse en la postulación una carta de respaldo de cada uno de los municipios involucrados.

Dados estos requisitos, para poder participar del concurso, el equipo investigador de Katalejo formó alianzas con las universidades privadas Santo Tomás, Alberto Hurtado y SEK. Sin embargo, al contactar a las municipalidades indicadas en las bases, la mayoría no estaba informada de esta iniciativa, e incluso algunas se manifestaron reacias a participar en ella, pues ya contaban con algún tipo de plan deportivo, por lo que se negaron a emitir una carta de respaldo.

Ante esta situación, se consultó al IND, dentro del período de consultas formales, por el procedimiento para modificar las comunas, e incorporar a otros municipios que sí estaban interesados en esta iniciativa. La respuesta nunca se publicó dentro de los plazos que establecen las bases. En el intertanto, el encargado de Investigación y Diseño del IND, manifestó telefónicamente que el IND haría gestiones necesarias para garantizar el compromiso de los municipios, lo que en definitiva no ocurrió.

Tras la postulación de los proyectos (durante la cual la plataforma informática del IND presentó serias fallas), se conocieron los resultados de la preselección, resultando inadmisibles los tres proyectos en los que participan profesionales de Katalejo, argumentando que "el proyecto no cumple con adjuntar la carta de respaldo del municipio". Finalmente, de acuerdo a los resultados publicados el 30 de diciembre recién pasado, no fue seleccionado ningún proyecto en la categoría Ciencias del Deporte, e incluso se omite cualquier mención a esta categoría.

Esta aparente intención de impedir administrativamente la asignación de los fondos resulta aún más sospechosa si se considera que todos los recursos del Fondeporte que no son entregados mediante el concurso anual pueden posteriormente ser entregados por el IND de manera discrecional, a través del mecanismo de "asignación directa". Ello permitiría desviar recursos hacia otras iniciativas, cuyos fines no coinciden necesariamente con los que estipula la Ley del Deporte para el concurso Fondeporte.

En consecuencia, esta artimaña administrativa transgrede la obligatoriedad de asignar los recursos a través de un concurso público, y vulnera los principios de probidad y transparencia que deben primar en la gestión pública.

Por Cristobal Feller