Las críticas a la designada subsecretaria de Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría siguen aumentando. Primero, debido a las presiones realizadas contra la Agrupación de Marinos Antigolpistas a retirar sus cargos contra torturadores de la Dictadura a cambio de beneficios y luego por las denuncias de que su padre, Victor Echeverría, fue designado como encargado de inteligencia del Regimiento Buin en 1973.

El 29 de diciembre de 2009 Víctor López, marinero 1ro en el crucero Praten en 1973 y presidente de la Asociación de Marinos Antigolpistas, envió una carta a la Presidenta Bachelet, en la cual denunciaba el chantaje de su Subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría Moya, exigiendo un desagravio por esa afrenta y al mismo tiempo solicitó una audiencia. Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta ni un acuso de recibo.

En el marco de las violaciones a los derechos humanos, se denuncia que el padre de la futura subsecretaria tuvo un papel importante en las torturas desarrolladas en el Regimiento Buin a los uniformados "constitucionalistas".

Uno de estos, Carlos Pérez Tobar, detalló a Radio Bío Bío los vejámenes que sufrió por cerca de ocho meses en el regimiento, tras ser arrestado y sometido a "horrendos interrogatorios con un sistema de torturas que es casi inimaginable", bajo las instrucciones de Víctor Echeverría.

"Salí con nueve roturas en los tímpanos y una lesión tremenda en el oído interno que me ha sido muy difícil incluso poder estudiar", sostuvo Pérez, quien asegura que vive "con un ruido permanente en los oídos que es incluso peor que la tinnitus".

Al respecto, manifestó que el proceso irregular que se llevó en su contra lo habría gatillado en parte su participación en la contención del "Tanquetazo", insurrección militar contra el presidente Salvador Allende en 1973. Sin embargo, lo que inició la seguidilla de horrores fue su negativa a tomar parte en una ejecución ordenada el 11 de septiembre por el 2º comandante del Regimiento Buin, Hugo Gajardo Castro.

Además de las torturas, Pérez detalló que estuvo al menos por cinco meses atrapado en una pared de barro en una superficie "un poquito mayor que un ataúd".

En el intertanto recibió una condena de muerte por un tribunal militar, sentencia que fue rebajada a cadena perpetua ya que se estableció que sus presuntos delitos no se desarrollaron en tiempos de guerra. Más tarde se ordenó su expulsión del país.

"Por supuesto, la hija no tiene por qué asumir la responsabilidad del padre. Sin embargo, ojalá ese señor hubiera hecho algo", declaró.