Organizaciones piden agilizar juicios a violadores de derechos humanos para impedir la “impunidad biológica”

El ex juez de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, ha alertado sobre la “impunidad biológica” que se ha ido instalando en las causas por violaciones a los derechos humanos. A los limitados avances en materia de justicia se ha sumado el paso del tiempo y el consiguiente fallecimiento de testigos, familiares de las víctimas y represores.

Es exactamente lo que ha sucedido en la mayoría de las causas y lo que se está produciendo día a día: cuando los crímenes se cometieron, las autoridades cómplices encubrieron y el Poder Judicial no investigó los hechos delictuales ni protegió a las víctimas del terrorismo de Estado. Posteriormente, tampoco se dispusieron todas las medidas necesarias para ello, y el tiempo transcurrido fue un nuevo argumento para justificar los lentos y en muchos casos nulos avances.

Los dichos del ministro Alejandro Solís confirman esta apreciación que han denunciado persistentemente las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas.

Por eso las autoridades del nuevo gobierno y el Poder Judicial deben disponer, sin más dilaciones, las medidas que, desde hace años, han venido reclamando, entre ellas:

 • La necesaria designación de más jueces con dedicación exclusiva. Los recientes fallos judiciales se han demostrado completamente insuficientes: en general los procesos que han concluido han condenado a un reducido grupo de victimarios y responsables, con bajas condenas y sin haber avanzado en el establecimiento de la verdad sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas.

 • Término de beneficios a ex represores que conduzcan a la excarcelación de los mismos, sin el cumplimiento cabal de las condenas impuestas.

 • Fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, especialmente la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), y recomposición de los equipos desarticulados durante el gobierno pasado. Ello permitirá, además, dar cumplimiento oportuno a diligencias solicitadas por las familias querellantes.

 • Hay que dar un paso más en la reparación social a las víctimas y castigo a los represores: la degradación de los militares condenados que no hayan colaborado con las investigaciones judiciales. Hasta ahora caben en esta categoría todos los militares condenados y procesados.

• Disposición, de parte de las autoridades civiles, de las medidas necesarias para ubicar todas las evidencias, documentación y archivos aún existentes en los organismos policiales, de inteligencia y militares que, según indican múltiples antecedentes, todavía existen.

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