Hoy 7 de abril a mediodía, se realizaron los alegatos en torno a la petición de desafuero del diputado por Chillán Rosauro Martínez Labbé (RN). Unas cuarenta personas llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia para mostrar su apoyo a los familiares, quienes asistieron esperanzados en abrir el proceso contra el representante, ex miembro de la DINA y Mayor (r) del Ejército de Chile.

Martínez está acusado de dirigir y ejecutar el asesinato de tres militantes del MIR en 1981.  En ese momento capitán del Ejército, Martínez participó en la Operación Machete, destinada a perseguir y aniquilar a los guerrilleros de Neltume, en la pre cordillera valdiviana. Vladimir Riesco, abogado querellante de la Agrupación de familiares de ejecutados políticos de Valdivia, define exactamente la responsabilidad del parlamentario de derecha en las acciones que acabaron con los militantes del MIR: "... en este caso se requieren sospechas fundadas en su participación en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito, creemos que hay más de seis testimonios de testigos presenciales de los hechos, todos funcionarios del Ejército, que declaran que Rosauro Martínez Labbé tuvo participación activa en la dirección y en la ejecución de los operativos, en específico en el de Remeco Alto, por tanto existen sospechas fundadas. Pero además se encuentra acreditada la existencia del delito por autos de procesamiento dictados el año 2011"

El ánimo entre los abogados que se hicieron parte a favor de los familiares de los ejecutados políticos de Neltume era de optimismo, ellos plantearon que hay una jurisprudencia bastante explícita que desarmó la defensa de la parte acusada, representado por Fernando Saenger, abogado penquista que también ha defendido a los acusados por crímenes de lesa humanidad en Villa Baviera.

Magdalena Garcés, abogada querellante en el juicio, explica en que consistió la audiencia realizada hoy en la capital de la Región de Los Ríos: "Lo que se vio hoy día es que el pleno de la Corte Suprema tiene que decidir respecto de un diputado, Rosauro Martínez Labbé si el puede ser juzgado por esta causa, como los diputados tienen fuero parlamentario para que no los estén molestando en su labor parlamentaria todo el tiempo, no pueden ser procesados ni juzgados, pero si es que hay una causa en que hay antecedentes, hay sospechas fundadas de que participó en un delito, la Corte de Apelaciones respectiva, en pleno, o sea, todos los ministros, tienen que autorizar que esa persona sea juzgada".

Un elemento que causó extrañeza y repudio entre los familiares presentes, fue el planteamiento del abogado Saenger en orden a pedir la inhabilitación de la magistrada Ruby Alvear, debido a sus pronunciamientos en casos anteriores de derechos humanos. La maniobra puede ser considerada como distractiva, pero llamó poderosamente la atención a la parte querellante, quienes le restaron importancia en el proceso de desafuero que se revisó en esta instancia.

Los familiares se refirieron en torno a lo sucedido hoy en la corte, subrayando la importancia que esto tiene para la sociedad chilena en su conjunto y en particular para los familiares y agrupaciones de derechos humanos. María Elena Calfuquir reflexiona que "Yo creo que tiene mucha importancia, no sé cuál es más relevante que otra, pero hay una importancia humana como familiar, de necesidad de verdad y justicia, que esto efectivamente pueda caminar y que puedan aclararse los temas que tienen que ver con todos los hechos y la responsabilidad de las personas que actuaron ahí en la ejecución de mi hermano y de sus compañeros en ese momento el 20 de septiembre de 1981. Eso es por un lado; lo otro es lograr que a través de esta instancia judicial se pueda determinar responsabilidades de aquellas personas que ocupan altos cargos o estén, de alguna forma, con la impunidad encima, ya sea porque no pueden ser juzgados debido al fuero parlamentario y que han estado engañando durante muchos años a sus electores con discursos, que son discursos falsos, porque en el fondo han actuado en violaciones a los derechos humanos y como tal debieran ser considerados".

Por otra parte, resaltaron  el deber que tienen las instituciones políticas del país para con las deudas históricas que tienen con los familiares de represaliados por la dictadura; del mismo modo reivindicaron el legítimo derecho a enfrentarse contra una dictadura que aniquiló a miles de chilenos, cambiando el rumbo de miles de vidas. En palabras de Jovita Monsalve "Bueno por la parte de nosotros quedé feliz, conforme con todo lo que se informó, la otra parte encontré que era muy baja, no fueron argumentos buenos, pero igual me voy conforme, con la sensación que se puede lograr algo y que si hay que seguir luchando vamos a seguir luchando. Es importante que en el parlamento no tiene que estar gente asesina, para nada, han sido años que se luchó, sé que mi hermano luchó por algo y tengo que seguir con su concepto que él tenía y por eso pienso que en el parlamento no debiera estar gente asesina".

Finalmente, la Corte valdiviana quedó en acuerdo en relación a la petición de desafuero y en los próximos días se sabrá exactamente el futuro del diputado y si podrá escudarse en el fuero parlamentario para responder por los crímenes de los que se le acusa.