El 17 de marzo, el gobierno de Michelle Bachelet anunció el retiro del proyecto de Ley de Obtentores Vegetales. Este proyecto de ley había sido ingresado por el anterior gobierno, el año 2009, y fue retirado fundamentalmente por las presiones que realizó el movimiento social contra la iniciativa. 

El Convenio UPOV91. 

El convenio UPOV91 es una organización intergubernamental, que a pesar de pertenecer al dominio público de  los países responde a los intereses de empresas  transnacionales. El UPOV91 se traduce en la protección a las obtenciones vegetales -es decir, las semillas- mediante un derecho de propiedad intelectual. Lo que en sencillos términos viene a significar que si «una variedad está protegida por un derecho de obtentor, para reproducir o multiplicar la variedad con fines comerciales es necesario disponer de la autorización del obtentor»(UPOV91) 

Si un campesino utilizara una semilla que está patentada por una empresa, significa que estaría obligado por ley a pagarle a la empresa que tiene los derechos sobre los «obtentores vegetales». Lo que solo para la lógica del lucro es correcto, puesto que las semillas no son propiedad privada, sino patrimonio de la humanidad. 

Como señaló a Radio Bío Bío, el bioquímico Gabriel León, en las notas aclaratorias del convenio, se indica que "el mero descubrimiento o hallazgo no permite la protección. Se necesita desarrollo". Lo que significa poner en manos de grandes empresas las semillas, pues ¿qué campesino cuenta con los ingresos suficientes para realizar estos desarrollos? 

Monsanto y la semilla transgénica. 

La iniciativa legislativa era conocida por el mundo social como Ley Monsanto. Fundamentalmente, porque la aprobación de la ley de obtentores significaba el control del campo chileno de esta empresa transnacional – y otras más, entre ellas la empresa de la familia de la Senadora Von Baer- y su semilla transgénica, pues el proyecto enfatizaba uso de la biología molecular y la ingeniería genética de los obtentores vegetales. 

Comunidades campesinas de todo el mundo han denunciado a la empresa por crear dependencia a la semilla que les venden, degradación de la tierra, excesivas fumigaciones, entre otras tantas críticas. De hecho, un agricultor chileno demandó a la transnacional pues, como señala María Elena Rozas (RAP-Chile) en la descripción de la denuncia "El agricultor no sabía exactamente qué sembraba, no tenía idea de qué era una semilla transgénica; en el contrato figura un nombre de fantasía: maíz Mon49. En   el cultivo tenía que usar obligadamente y  en forma intensiva,  más de diez plaguicidas dañinos para la salud y el ambiente. El contrato que firmó lo obligaba a recurrir sólo a la Cámara de Comercio, no podía querellarse en tribunales. El nos explicó que muchos productores también han tenido problemas con Monsanto, pero no acuden a la Cámara porque es muy caro". 

La Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón al agricultor, pero el pago indemnizatorio fue absolutamente insuficiente. 

El proyecto se volvía sumamente peligroso para las comunidades agrícolas, para quienes producen alimentos y para quienes los consumen debido a que, en primer lugar, la semilla transgénica en Chile no esta regulada, para su cultivo requiere de plaguicidas dañinos para la salud y el medioambiente, y además, hay diversos estudios que señalan no poder determinar si los alimentos modificados genéticamente son dañinos para la salud. 

Soberanía alimentaria 

El proyecto de ley de obtentores vegetales es un atentado contra la soberanía alimentaria, porque al permitir la patentización de semillas, es decir su privatización, se atenta contra la posibilidad de «decidir libremente sobre los alimentos que cultivemos, compremos y cocinemos, tomando en cuenta nuestra cultura tradicional» (Declaración Yo no quiero Transgénicos) 

A pesar de no estar permitida la producción de alimentos y semillas transgénicas para su comercialización interna, los productos que consumimos están «contaminados» con ADN modificado. Cereales, soja, fideos, arroz, aceites, jugos y golosinas, a lo que se suman la carne de los animales alimentados con productos transgénicos importados, son parte de nuestra dieta básica. 

Frente a ello, la organización Yo No Quiero Transgénicos plantea una interesante salida «En los últimos años  se redescubrió en Chile y en el mundo el valor de la agricultura familiar campesina, y de la agroecología como alternativas reales para enfrentar problemas como el cambio climático, y la necesidad de contar con más y mejores alimentos para la población. Agua, tierra y semillas son componentes esenciales para lograr la soberanía alimentaria»