Valparaíso y Bío Bío, vocación por el lamento

El gran incendio de Valparaíso ha desatado copiosas investigaciones periodísticas, cuestionamientos políticos e interés por la previsión de estos fenómenos. Hasta el momento, se han revelado múltiples alertas recibidas por las autoridades municipales y regionales, sin que por ello gatillaran las acciones necesarias. 

La expansión urbana sin calles que permitieran el tránsito de vehículos de emergencia, como carrobombas, sin grifos o con ellos, pero sin funcionar; la inexistencia de cortafuegos que separaran suficientemente las viviendas de las plantaciones forestales o matorrales y la proliferación de cientos de basurales en las quebradas de los cerros porteños, fueron algunas de las condiciones que favorecieron la trágica propagación del fuego. 

Las justificaciones que las autoridades dieron para no desmalezar, construir cortafuegos o retirar los microvertederos, fue la falta de recursos. No obstante, el gasto que estas acciones implicaba, bien pudo haberse solventado con dineros municipales o gubernamenteales, si no hubiesen existido los flagrantes casos de corrupción y malversación de fondos. Por ejemplo, en los casos visibilizados por un artículo de CIPER publicado recientemente

En nuestra región, aun caldeada por los inequívocos signos del calentamiento global, también ha habido debate en torno a los riesgos de incendio que sufren sus localidades. Por estos días se conoció el planteamiento del Colegio de Ingenieros Forestales del Bío Bío, a través del portal biobiochile.cl. En ella mencionaron algunas zonas del Gran Concepción susceptibles a ser afectadas por éstos, como Penco, Tomé, Palomares, Valle Nonguén, Agüita de la Perdiz, Chiguayante y San Pedro de la Paz. 

La alerta de los profesionales no hizo más que mencionar localidades que durante el verano sufrieron o se vieron cercanas a incendios forestales. 

Por otra parte, se hace necesario incluir en la lista de zonas de riesgo a localidades de las provincias de Arauco, Ñuble y Bío Bío que habitan en medio de verdaderos cúmulos de combustible, como son las plantaciones forestales. Sin duda, habrá una nómina enorme, pero de qué servirá si la disposición de la clase política continúa amparando el negocio del empresariado forestal. 

La ocurrencia y propagación de incendios en nuestra región está asociada a la disminución de las precipitaciones, que en la zona centro sur han sido de un 40% en las últimas décadas. Junto a ésto, lo que ha llovido, no se ha aprovechado por la erosión sufrida por los terrenos forestados y sometidos a las acciones de cultivo y cosecha propios de la industria forestal, tales como aplicación de sustancias tóxicas, talas rasa y compactación del terreno. 

Casi en el millón de hectáreas que, según INFOR, hay plantadas de pinos y eucapitos en la región, se ha perdido el suelo (la conocida tierra de hojas) que permite la infiltración del agua hacia las napas. Además, éstas han sido disminuidas por la exigencia que les provocan los 1600 árboles por hectárea de una plantación. No hay tierra que aguante. La humedad propia de un bosque, en una plantación, no existe y por lo tanto la temperatura asciende. 

Las autoridades, tal como lo demostró la alcaldesa tomecina Ivonne Rivas, aun confunden una plantación con un bosque y podría designarse a éste como uno de los errores que contribuyen a no dimensionar el riesgo a que las poblaciones se somete. Ediles, como la de Tomé, Santa Juana o Florida, piden cortafuegos que distancien las plantaciones de las viviendas, sin embargo no es suficiente ni tampoco es una alternativa que aporte significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Pensar que es suficiente con aislar las plantaciones con las zonas urbanas o pobladas es no preguntarse por cómo la población satisfacerá sus necesidades de agua y alimentación. Por ello, debe establecerse un plan integral de recuperación de los terrenos y con ello el aprovisionamiento de agua. Los riesgos de incendios, son el efecto de un desastre mayor y su prevención requiere un reordenamiento territorial que pasa por restringir el uso en plantaciones forestales. No hay alternativa, nuestra región tiene más de un 24% de su superficie plantada y se hace imperante revertir la degradación edáfica e hidrológica ocasionada por esta industria. 

Así, como en Valparaíso, está claro qué se debe hacer, falta estar dispuestos. Hasta el momento, las actitudes indican una lamentable vocación por el lamento.

Foto de Archivo: Caleta Punta Lavapié, diciembre de 2013, después del incendio forestal que la afectó.

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