Avisaje Estatal en Medios de Comunicación: Discriminación en favor del relato hegemónico neoliberal

El avisaje en medios en Chile por parte del Estado se concentra primeramente en televisión, en segundo orden en medios impresos y digitales, siendo los grandes beneficiados de estos formatos los diarios pertenecientes al “duopolio” El Mercurio y Copesa. El hecho ha sido ratificado por el capítulo sobre libertad de expresión del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. (Country Reportson Human RightsPracticesfor 2013).

La política de discriminación hacia los demás medios de comunicación existentes en el país es evidente. Tantos medios de carácter nacional, como medios de carácter regional y comunal, se ven afectados por la medida que favorece a las cadenas de Agustín Edwards y Álvaro Saieh, respectivamente.

La justificación que rige la medida, hoy parece inválida, pues la lectoría de medios en Chile ha cambiado rotundamente con la aparición de las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación Social (NTICS) .

Hoy los medios de antaño no son los más leídos y las personas se informan a la vez por medio de otras plataformas, como lo son Facebook, y Twitter en segundo orden.

Incluso la Televisión como soporte para la información de la población ha perdido posición, respecto a la comunicación sobre Internet ya sea ésta para dispositivos móviles o fijos, debido al avance de lo digital.

Comisión Investigadora, primeros antecedentes

La Comisión Investigadora sobre el avisaje estatal en medios de comunicación, que presidió Marco Enriquez-Ominami en la Cámara de Diputados el año 2005 llegó a la conclusión de que no existían” cifras públicas sobre la inversión del Estado en publicidad como tampoco hay información disponible sobre la inversión en radios ni sobre los medios regionales”.

Por ello el Observatorio de Medios Fucatel estudió la inversión del Estado consultando ministerio por ministerio, al no contar esta con un ente centralizado de adquisiciones. Ello se revertiría en cierta forma, tras la creación de Chile Compras y el llamado a Convenio Marco de avisajes estatal, cuyas puertas han permanecido cerradas por más de 6 años, en perjuicio de muchos medios.

La investigación de Fucatel concluyó para entonces que hay una “excesiva concentración de recursos provenientes de algunos ministerios (Hacienda, Mideplan, Ministerio Público y Justicia) en “El Mercurio” (sobre 70 %), lo que no tiene relación con las ventas ni con el número de lectores de este medio. “El Mercurio” también recibe casi el 90 % de los recursos de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de empresas estatales como Corfo, Conaf y Fonasa, a pesar que el público de esta institución de salud corresponde a los estratos socioeconómicos medio-bajos, que no se ajusta al perfil de los lectores de dicho diario, según sus propias metas declaradas.”

El informe también da cuenta de que “la selectividad arbitraria en el avisaje del Estado ha sido, entre otras, la causa de que numerosos medios independientes se han visto obligados a cerrar por falta de apoyo publicitario. Debido a ello el pluralismo se ha ido debilitando a un extremo que se ha hecho muy peligroso para el desarrollo del propio sistema democrático”.

Otra de las conclusiones es que la forma en que se ha llevado a cabo “la inversión del avisaje pagado por el Estado y asignado a un agente económico específico rompe con el principio de la igualdad de trato que el Estado debe mantener frente a sus compras, conforme a lo establecido en la ley N° 19.886 (Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios).”

La Torta que no se reparte y la amenaza mercurial

La adquisición de espacios en medios de comunicación por parte del Estado se hace como ha clarificado el Senador Navarro, citando a El Mostrador en intervención en el Senado “bajo la Ley de Compras Públicas (N°19.886) y los dos Convenios Marco que hay para estos casos. Uno es para avisaje en medios impresos y electrónicos´, mientras que el otro es para ´campañas comunicacionales y servicios de asesoría creativa´. Este último Convenio la administración piñerista lo habría tratado de dejar amarrado, pero fue bajado del portal.

Mientras a las agencias de medios y en segundo orden a las creativas nacionales y trasnacionales, van a parar cerca de 41 millones de dólares anualmente, a los medios directamente unos 19 millones de dólares.

Del total para medios, señala la editorial de El Mostrador, más de 13 millones fueron para los conglomerados mediáticos El Mercurio y COPESA.

“ Las instituciones que más gastaron fueron el SERVEL, un millón 576 mil dólares; la Universidad de Chile, un millón 164 mil dólares; Dirección Nacional del Servicio Civil, 963 mil dólares, y el SERNATUR, 562 mil”, especifica el medio digital.

El Mercurio, al actuar como monopolio en muchas regiones y provincias con sus ediciones impresas, resulta ser el único beneficiado para este tipo de publicaciones que por Ley se requieren hacer en publicación de carácter “diario”. Atendiendo a que el avisaje en general apunta a la segmentación de los públicos, esta cadena de la mano de Cristián Edwards, inició una avanzada para inscribir más de 300 dominios en NIC Chile en miras de crear diarios comunales sobre la Red y acaparar el mercado del avisaje publicitario.

Desmantelando a “La Nación”

Tras la dictadura militar y la llegada de la “democracia” a Chile, la política de silenciar medios de comunicación, los que hacían investigación o eran simplemente más críticos al modelo, no tardó en llegar.

Sí para el 11 de septiembre el pueblo de Chile perdía a Punto Final, y Clarín -indemnización pendiente del Estado a su dueño Víctor Pey- como medio de comunicación popular que apoyaba el proceso democratizador, la vía chilena al socialismo de Salvador Allende, con la llegada de Patricio Aylwin a la presidencia, y la creación de la “Oficina”, se socavaría la existencia de publicaciones que lucharon por el retorno de la democracia como Fortín Mapocho, el diario la Época y revistas como Análisis, APSIS y Hoy.

El premio nacional de periodismo y director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas lo grafica en la entrevista a El Ciudadano “cuando vino la transición, estos medios de comunicación aspiraron a tener publicidad y, por supuesto, las agencias de las grandes empresas no nos apoyaron. No ponían avisos, pese a los altos índices de circulación que teníamos. Pensamos tener publicidad estatal y tampoco la tuvimos. Aylwin respetó los convenios que Pinochet había dejado amarrados con El Mercurio y La Tercera. Pero lo más escandaloso fue que ofertas de países amigos, como la del gobierno holandés para que nos afianzáramos, fueron boicoteadas por el primer gobierno democrático. Éste le hizo ver a los holandeses que la ayuda sería vista como una injerencia en los asuntos internos de Chile y nos bloquearon esta ayuda fundamental”.

“En la operación también participaron Enrique Correa y seguramente, Edgardo Boeninger. Ellos definieron los acuerdos que se tomaron en la transición, en lo que toca a la comunicación social”, agrega Cárdenas.

Siguiendo la vía neoliberal de un capitalismo desregulado, la hegemonización de los discursos en la prensa, se hizo más evidente y los intentos por mostrar con comunicación la diferencia o un camino más social, donde El Estado recupere su rol como garante de los derechos de los pueblos fueron silenciados.

El Estado perdió poder a manos del mercado manejado por grandes capitales, Chile cedió soberanía con leyes de concesiones plenas heredadas de la dictadura y varias empresas estatales, pasaron a precio huevo a manos de privados y otras fueron simplemente deshuesadas.

La desaparición de Vía Directa, la distribuidora de publicaciones que daba circulación a La Nación el medio de “todos los chilenos” y otras publicaciones como TheClinic, El Ciudadano, Punto Final, Plan B, El Siglo… sería la primera señal.

Luego el gobierno del piñerismo, se encargaría de quitarle el Diario Oficial, a La Nación, siendo el primero el gran sostenedor económico del segundo producto del avisaje legal diario a realizarse. Con la acción, en poco tiempo el diario tendría que dejar de ser impreso y la patronal alegaría que no se sustentaba económicamente y se dejaría solo funcionando al sitio web lanacion.cl Las prensas que funcionaban bajo Grafica Puerto Madero, fueron vendidas.

Emparejar la cancha

“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmaba la demanda de Punto Final ante el Tribunal de Libre Competencia contra El Estado, por este tener una política preferente en su avisaje hacia El Mercurio y Copesa; que finalmente fue desestimada .

El periodista y director de Punto Final, Manuel Cabieses alegaba una infracción a la Ley de libre competencia. Pero el tribunal no comprendió el fondo del asunto y es que al concentrarse sobre el 70 % del avisaje en medios de El Mercurio y Copesa, el Estado de Chile estaba discriminando negativamente a muchos otros medios para la época, y hoy sigue limitando aún a más, pues la proliferación de medios sobre todo locales y de nicho sobre la Red es una realidad.

La situación que debe atender el Estado y el Parlamento, si bien no está en el centro de la agenda política, sí lo está en la agenda de diversos medios de comunicación que han tomado consciencia de la situación y buscan un reconocimiento en relación a su lectoría o audiencias.

Hoy las cifras de tráfico de los medios, sobre todo digitales, pueden ser transparentadas por tecnologías como googleanalytics, estadísticas de Facebook o twitter, muchas de las cuales son de acceso público.

El seguir negando una distribución más equitativa del avisaje del Estado en los medios de comunicación del país solo vendría a ser otra prueba más del pago de favores a quienes justamente no les interesa favorecer a las grandes mayorías…habrá que ver las bases del llamado a un nuevo Convenio Marco en la materia.

Foto: Agustín Edwards junto a candidatos presidenciales.

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