Junto con la privatización del puerto de San Vicente el año 2000, unos doscientos trabajadores fueron cesados de su trabajo en el sector portuario a cambio de una indemnización. La organización de ellos persiste a través del Sindicato de Empleados de Bahía, Movilizadores y operadores portuarios (SIENBAPOR). Sus dirigentes han conversado con sucesivos gobiernos para que se implemente un plan de reparación al daño causado. 

Manuel Vejar, representante del Sindicato, relató a Resumen que la indemnización recibida por cada uno de ellos fue de $7.200.000 entregados en 2 cuotas, la última, 5 meses después de la primera. El discurso del gobierno de la época fue que con ese dinero podrían invertir en herramientas de trabajo para su conversión laboral, pero esta distancia provocó que el dinero fuera gastado en las necesidades básicas de sus familias, ya que no tenían otros ingresos. 

A pesar de esto, igualmente se realizaron los cursos para la reconversión laboral de ellos. El Estado entregó a las entidades ejecutoras de estos $800.000 por cada uno, sin embargo -afirma Manuel- ninguno recibió un certificado que acreditara su paso por este proceso y la calidad de estos fue deficiente. Por ejemplo, una empresa llamada OMNIA, dictó cursos de computación en Penco, ahí concurrieron una gran cantidad de trabajadores para disponer de un computador para 5 de ellos. Finalmente, no aprendieron nada, concluye. 

Manuel explica que estas denuncias las hacen porque intentan que el actual gobierno reconozca que el plan de conversión laboral fue un fracaso y que requieren de una jubilación, pues su edad ya es avanzada. Además, les interesa denunciar el fraude de las capacitaciones, donde instituciones sin ofrecer cursos de calidad, lucraron con parte de su indemnización. 

Manuel anunció que comenzarán a visibilizarse, pues su situación no puede seguir estando oculta y el Estado debe hacerse cargo de los errores que cometió con ellos.

Foto de Archivo: Portuarios de Talcahuano, 2009.

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