Este miércoles, profesores de las provincias de Concepción y Arauco confluyeron en el centro penquista para manifestar su descontento y la necesidad de que se concreten las demandas planteadas desde hace bastante tiempo. Además afirmaron que el Gobierno no los ha consultado ni menos ha considerado sus exigencias de fin al lucro en la educación financiada por el Estado y el fin a la precariedad laboral.

Agregaron que sus condiciones laborales están estrechamente relacionadas con los resultados educativos por cuanto, son temas que repercuten en toda la sociedad y el Gobierno debe hacerse cargo de ello, pues en todos los países que muestran mayor eficacia en sus procesos pedagógicos, los profesores laboran en condiciones adecuadas. 

En el pliego de demandas que aglutinó a los profesores en esta jornada, figuran: 

Titularidad para los profesores a contrata. 

Según el Estatuto Docente, sólo un máximo del 20% de la planta de profesores de una municipalidad puede estar con un contrato a plazo fijo, el resto debe estar en condición de «titular» (contrato indefinido). Sin embargo, en la realidad esta proporción, prácticamente, se ha invertido. El año pasado, el proyecto de ley de titularidad que permitiría pasar a ser titulares a los profesores sujetos al Estatuto Docente, con más de tres años de contrato en la misma municipalidad, no se aprobó, siendo necesaria la presión de los profesores para ello. 

-Fin a la burocracia 

El trabajo pedagógico de los profesionales de la educación de establecimientos municipales o particular subvencionados está normado por el Estatuto Docente. En este documento se establece que los profesores son agentes consultivos en las políticas que la planta directiva de un establecimiento decida, sin tener herramientas legales que amparen el poder de decisión. Este factor contribuye a que sobre los profesores se impongan constantemente diferentes arbitrariedades, tales como el que las planificaciones pedagoǵicas se conviertan en certificados que acredita su labor. 

50 y 50 

También los profesores exigen que se reserve un 50% de sus horas de contrato para planificar y hacer actividades no lectivas en general. Actualmente, el Estatuto sólo reserva un 25% de su carga horaria. Este constituye un factor que precariza la labor, pues debe dedicar tiempo fuera de su jornada laboral para cumplir con sus responsabilidades, pero además empobrece la propuesta que los profesores puedan hacerle a los estudiantes, pues no hay tiempo para enriquecerla. Estas situaciones han desembocado en una alta tasa de malestar y agobio para los profesores. 

Descongelamiento del ingreso mínimo docente 

Desdeel 2010, el ingreso mínimo docente no presenta un aumento. El gobierno anterior presentó un proyecto de ley dónde los docentes podrían acceder a un aumento salarial, a través del mérito individual, compitiendo entre si y sometiéndose al poder de directivos y autoridades. Los profesores rechazaron este plan, pues creen que las mejoras salariales deben ser universales y entendidas como derechos. 

Bono de incentivo al retiro 

Muchos profesores tienen una edad, que si bien no es la suficiente para jubilar, están cansados. El sistema de jubilación ha establecido que es necesario aprovechar a los trabajadores hasta lo último. Sin embargo, los profesores han planteado que es necesario un plan de jubilación anticipada, que además pueda reparar el robo de sus fondos previsionales por las AFP. 

Solución a la deuda histórica 

Los profesores de 1980, luego de sucesivas luchas consiguieron arrancarle la conquista de un aumento salarial de un 90% a la dictadura. En ese momento dependían directamente del Ministerio de Educación. Pero, luego de la municiapalización de la administración de los establecimientos que logró imponerse, los profesores que pasaron a depender de las municiaplidades no recibieron el dinero correspondiente a este aumento. Hasta el día de hoy, en múltiples ocasiones, los tribunales han dado la razón a los profesores, obligando al Estado a cancelarles, no obstante, aun faltan varios profesores por acceder a esta devolución que debería ser proporcional a los años trabajados en el sistema municipal.

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