Por no poder probar la participación de los imputados en ninguno de los delitos que la fiscalia los acusaba en el caso del ataque al fundo San Leandro de Lautaro, fueron absueltos los siete ciudadanos mapuche a quienes se les imputaban delitos de carácter terrorista.

Luego de un largo proceso judicial que se inicio a principios del año 2009, luego que un grupo de desconocidos incendiaron diversas instalaciones al interior del predio ubicado en el sector Dollinco bajo, comuna de Lautaro. El predio pertenecía en ese entonces al terrateniente Pablo Herdener Truan conocido en la zona por ser dueño de diversos predios de las comunas de Lautaro, Vilcún y Perquenco, sobre tierras arrebatadas a comunidades mapuche del sector.

En esa oportunidad el gobierno de Michelle Bachelet en la persona de la abogada Doris Tello como representante del ministerio del interior en ese entonces, actualmente seremi de Transportes de La Araucania, invoco la ley antiterrorista para investigar el hecho.

Amparados en dicha ley la fiscalia inicio los pasos para culpar del incendio a un grupo de comuneros del la comunidad Mateo 'irripil Autónoma y algunos ciudadanos mapuche de otros sectores todos ellos sindicados por los organismos de inteligencia como militantes de la Coordinadora Arauco Malleco CAM.

Los ciudadanos imputados permanecieron en prisión preventiva por mas de un año, tiempo en el cual asumieron una huelga de hambre de mas de 80 días.

En la preparación de juicio sin embargo fueron desestimadas las pruebas obtenidas bajo ley antiterrorista con lo que la fiscalia perdió terreno y comenzó a descolgarse del proceso.

También el gobierno de Piñera se desmarco al retirar la invocación de dicha ley, pero la fiscalia continuó con el proceso ya que no podía retirar la invocación de la cuestionada ley.

Al finalizar el largo proceso judicial, la absolución parece un chiste, pues los comuneros sufrieron humillaciones y vejámenes propios de un sistema jurídico colonialista, que no pueden ser borrados por la resolución tardía de un tribunal.

Lo que queda claro aquí es que existe en Wallmapu una mafia antimapuche que se ha atrincherado en las instituciones judiciales y policiales que el estado chileno mantiene en nuestro País Mapuche ocupado, especialmente en el ministerio publico y desde allí utilizan las herramientas que les da el sistema jurídico colonialista chileno para perseguir a los mapuche, especialmente a través del uso torcido de la figura del testigo protegido y de la ley antiterrorista.