Movimiento de Pobladores demanda una mesa social desde las riberas de la pobreza

En la mañana del pasado miércoles 11 de junio, a eso de las 8.00 AM, desafiando al frío más intenso de los últimos meses y a pesar de las lluvias torrenciales que anegaban calles y vías de Santiago, la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) comenzó una movilización indefinida por la vivienda digna y el derecho a la ciudad. Bajo el puente Pío Nono, a unos pasos de la Plaza Italia –lugar predilecto de encuentro de protestas, manifestaciones y celebraciones populares—, los pobladores decidieron instalar un campamento. Pertrechados con unas cuantas tiendas de campaña y una escalera instalada precariamente para bajar a las orillas del río Mapocho, las y los pobladores ocuparon uno de los lugares más emblemáticos de la capital chilena. Al lado de las mismas aguas sobre las que aparecieron los primeros cuerpos mutilados por la dictadura en las madrugadas posteriores al 11 de septiembre del 73, pero también en la misma cuenca en la que acamparon los deudores habitacionales liderados por Roxana Miranda o el movimiento de estudiantes se ven hoy tiendas de campaña, un fuego, un improvisado centro de prensa y pancartas en las que pueden leerse consignas como “Nuestra lucha es más grande que una casa…barrio y vida digna”. Río de esperanzas, río nuevamente cargado de historia.

El objetivo de la protesta, dicen los dirigentes de la FENAPO, va más allá de la mera visibilización del déficit de construcción de viviendas que legó el gobierno del derechista Sebastián Piñera a familias que cuentan con subsidios habitacionales y terrenos. Según Rafael Soto, líder del Comité de Allegados Don Bosco, “esto obedece a la crisis del sistema subsidiario, que es el sistema que instala Pinochet, sistema neoliberal que le entrega la forma de construir ciudad y la planificación urbana, al sector privado. Hoy día estamos frente a la evidencia de que el sistema ya colapsó, ya no resuelve el problema. Y desde ahí nos vamos encontrando que en cada territorio, a nivel nacional, se expresa de distinta forma el mismo fenómeno. Nosotros hoy día estamos acá persiguiendo que se instale una mesa social que permita que los pobladores tomen el protagonismo hacia la solución del tema habitacional, poder producir nosotros desde nuestras poblaciones el hábitat contraponiéndolo a la forma en que el Estado ha venido haciendo ciudad y hacinando a los más pobres”.

El modelo subsidiario de vivienda que nace a finales de los 1970, vino aparejado del repliegue progresivo del Estado de la planificación urbana y social. Con ello, mientras el Estado se convirtió en un mero proveedor de subsidios para las familias que buscan una solución definitiva a su carencia habitacional (subsidio a la demanda), el mercado y las empresas inmobiliarias comenzaron a asumir un rol central en la definición del tipo de vivienda que se construye y, más importante aún, su localización. A lo anterior se suma, como segundo elemento, una política de suelo urbano orientada a la maximización del beneficio económico de los propietarios; eso, pues la liberalización del mercado de suelo, en virtud del carácter no “reproducible” de este “bien económico”, resulta ser el escenario ideal para que sus dueños actúen especulativamente, con el consecuente alza de precios de la tierra disponible para implementar proyectos de vivienda social. El incremento sostenido de precios del suelo, así como la incapacidad del Estado de asumir un papel protagónico en el desarrollo urbano, ha redundado en la conformación de una ciudad altamente segregada donde las familias pobres, en su deseo por obtener una vivienda, son expulsadas hacia los márgenes de Santiago.

Si bien los gobiernos post-dictadura han realizado modificado algunos aspectos de las políticas de vivienda –por ejemplo, mediante la implementación de un subsidio a la localización para, eventualmente, “incentivar” el desarrollo de proyectos habitaciones en sectores bien equipados de la ciudad-, el carácter mercantil y subsidiario no ha sido mayormente cuestionado. En este contexto, los comités de allegados afiliados a la FENAPO están reivindicando con fuerza el derecho no sólo a la vivienda, sino también a permanecer en las comunas donde los pobladores han nacido y crecido. Esta “demanda territorial” es sostenida férreamente por agrupaciones como el Movimiento de Pobladores en Lucha (Peñalolén, San Joaquín y Santiago Centro); el Movimiento Pueblo Sin Techo (Peñalolén, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda); el Comité de Allegados don Bosco (La Florida); y la agrupación Techo Ahora (La Pintana). Aunque la realidad específica de cada una de esas asambleas es diversa –desde comités recién formados hasta otros cuya espera se prolonga por más de siete años, aún habiendo obtenido subsidios y habiendo terrenos ya comprometidos— todos ellos coinciden en la necesidad de criticar férreamente la política subsidiaria de vivienda y, con ello, eliminar el lucro y las lógicas mercantiles en la construcción de vivienda para familias populares. Dicha crítica se sustenta en la escasa existencia de proyectos habitacionales en las comunas de origen de los pobladores movilizados, dado el creciente valor del suelo dentro de los márgenes urbanos.

Así, la ocupación indefinida de las riberas del Río Mapocho busca poner en tensión las actuales lógicas en que se organiza el desarrollo urbano y, últimamente, la vida social en una ciudad segregada. Tal y como explica Lautaro Guanca, “desde el campamento de la Federación en la ribera del río Mapocho, creemos que sólo la lucha nos permite avanzar. Hoy día hay una contradicción entre el programa [de la Nueva Mayoría] versus la calle, nosotros ya hemos tomado partido en instalar un diálogo, un debate, sobre desigualdad desde las riberas de la pobreza. Decimos que a nivel planetario se está produciendo un agotamiento de las estructuras jerárquicas asociadas al mercado y al Estado. El capitalismo en su conjunto vive una de sus peores crisis”. Por tal motivo, uno de los objetivos políticos del campamento es propiciar una “mesa social” donde los pobladores participen en tanto productores sociales del hábitat y agentes deliberativos. “Hablamos –explica Lautaro Guanca– de una mesa social para ir abriendo un espacio nuevo en la política donde podamos ejercer el control popular y social de los bienes comunes, es decir, el traspaso de áreas estratégicas de la producción como, por ejemplo, la del hábitat popular, al control comunitario”. El mecanismo para este traspaso, según Guanca, es la “vía popular y de los pueblos a la asamblea constituyente y social”.

En sus siete días de existencia, la toma ha conseguido reactivar y visibilizar la dialéctica de lucha popular contra los intentos de cooptación reformistas del gobierno de Michelle Bachelet. Alrededor del campamento del río Mapocho se ha ido tejiendo toda una red de solidaridad y apoyo que la constituyen, entre otros, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, además de artistas populares como Anita Tijoux, SubVerso, Evelyn Cornejo y Chico Trujillo, entre otros.

El campamento, en este sentido, es mucho más que la suma de sus demandas específicas, pues trata de poner en práctica un nuevo modo de vida en común que transforme conciencias y abone la rebeldía para cambiar de raíz el sistema de desigualdades y segregación impuesto a sangre y fuego por la dictadura y consagrado por la constitución de 1980. Quiénes se acerquen al Río Mapocho estos días, podrán ver de primera mano una nueva forma de entender la política y de luchar por una vida digna; podrán observar y participar de las estrategias de las pobladoras en el Puente Pío Nono gritándole a los carabineros “martes femenino” o “minuto feliz” para su sonrojo, dándole la vuelta a aquello que nació para oprimirlas y subyugarlas, desplegando el humor popular para desarticular una represión, por desgracia, demasiado real.

La política, en el sentido fuerte del término, está en la calle y en las orillas del viejo Mapocho. Y es que la demanda por barrio y vida digna de los pobladores de Santiago, así como su rechazo a la mercantilización de los derechos sociales, interpela a todo el país a cuestionar la estructuración de una vida cotidiana que, por varias décadas, ha sido objeto de especulación, lucro y abuso; una vida cotidiana que, tal como lo demuestran las asambleas de pobladores en lucha, contiene, sin embargo, las condiciones para crear un movimiento de clase capaz de romper con el carácter exclusionario y segregacionista del actual modelo de vivienda social.

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