Presos palestinos, en huelga de hambre para exigir fin de las detenciones administrativas
Cientos de presos palestinos rebasan ya los 45 día en una huelga de hambre lanzada para protestar por la políticas de detenciones "administrativas", mientras instituciones internacionales, así como la Autoridad Palestina, no presionan a Israel, el poder ocupante, a proteger a los huelguistas.
Los presos en huelga de hambre exigen el fin de la detención administrativa, la política y práctica israelí detener arbitrariamente a palestinos sin cargos ni juicio, basándose en informes que permanecen secretos y durante periodos renovables indefinidamente. Casi 200 palestinos están actualmente detenidos bajo el régimen de detención administrativa.
El organismo defensor de derechos humanos y de los presos palestinos, Addameer, afirma que el silencio contribuye a que los ocupantes no hagan caso de las exigencias de los huelguistas de hambre. Esto lleva a dos situaciones extremadamente peligrosas: primero, el Servicio Israelí de Prisiones (IPS) informó al comité de los huelguistas que no tiene poder de decisión para negociar con ellos; y en segundo lugar, el intento del poder ocupante por aprobar una legislación que permitirá la alimentación forzada a los manifestantes.
Aunque la Asociación Médica Israelí está rotundamente en contra de la legislación de la alimentación forzada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo recientemente que encontrará médicos que lleven a cabo el acto de fuerza, y también señaló que el proceso de aprobación de la ley se apresurará, en un intento de lidiar con los actuales huelguistas. Si se aprueba la ley habrá serias consecuencias: la Declaración de Malta sobre Huelgas de Hambre señala que "la alimentación forzada nunca es éticamente aceptable".
El IPS y sus unidades especiales siguen con las medidas punitivas extremas contra los huelguistas, en un intento por romper su protesta. Éstas incluyen la prohibición de cualquier comunicación con el mundo exterior; la restricción de acceso a su defensa legal; trasladar a los manifestantes entre prisiones continuamente; aislamiento, confinamiento solitario de los líderes de la protesta; la prohibición de visitas familiares y la imposición de multas.
Los huelguistas están encerrados en secciones y celdas vacías; sus ropas y posesiones más básicas les fueron confiscadas, y sólo se les permite tener tazas para beber agua. En algunas prisiones, se les fuerza a beber agua sucia de los grifos o a caminar 40 metros para obtener el líquido.
Los guardias de las cárceles y las unidades especiales de la IPS golpean e insultan a los huelguistas diariamente, y los fuerzan a estar de pie para los pases de lista sin tomar en cuenta sus condiciones de salud y su imposibilidad de mantenerse en pie.
Además, los médicos y enfermeras de IPS tratan de forma inhumana a los huelguistas, en violación a la ética profesional establecida en las declaraciones de Tokyo y Malta. Estas violaciones incluyen dar a los manifestantes sal y agua en contenedores para muestras de orina, y que las unidades especiales de IPS se retrasen al llevar a los huelguistas a los baños. Muchos de los participantes de la huelga que fueron transferidos a hospitales civiles, y están esposados a sus camas 24 horas al día, demandaron que los devuelvan a las cárceles. Hay aproximadamente 80 de ellos en los hospitales civiles.
De acuerdo con testimonios recogidos por los abogados de Addameer, los huelguistas ya perdieron entre 13 y 20 kilogramo de peso, y los desmayos se elevan. Como resultado del deterioro de su salud, algunos sufren de sangrados intestinales y vomitan sangre.
La mayoría de los huelguistas participan en un boicott a las clínicas carcelarias y se niegan a tomar vitaminas y suplementos, los que llevó a que transfirieran a 80 de ellos a centros médicos: Meir Medical Center, Ichilov Hospital, Kaplan Medical Center, Barzilai Medical Center, Tel HaShomer Hospital, Beilinson Hospital, Afouleh Hospital, Soroka Medical Cente y Wolfson Medical Center.
En respuesta a la huelga de hambre, la fuerza de ocupación israelí persiste en cometer crímenes contra los prisioneros y detenidos palestinos, así como contra quienes los apoyan de cualquier forma. Por ejemplo, el 15 de mayo dos jóvenes palestinos desarmados fueron asesinados a tiros por la fuerza de ocupación durante una manifestación pacífica en apoyo a los huelguistas afuera de la cárcel de Ofer.
Addameer exige a la Organización para la Liberación de Palestina y al nuevo gobierno palestino que desarrollen una estrategia legal nacional basada en el derecho internacional humanitario y a los derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de los prisioneros, y para contener los crímenes contra los prisioneros y detenidos palestinos, entre otras demandas. Destaca que cumpla con sus promesas de priorizar la situación de los prisioneros y movilizar sus recursos -nacionales e internacionales- para exponer los crímenes y abusos cometidos por el poder ocupante.
El organismo de derechos humanos exige a la Cruz Roja Internacional que monitoree las condiciones de salud de los huelguistas, que condene públicamente el uso que hace Israel de la detención administrativa, violatorio de la Cuarta Convención de Génova, y que presione al IPS para respetar los derechos y el bienestar de los manifestantes.
A las Naciones Unidas, la exigencia es que condenen públicamente el uso de la detención administrativa, que forme un comité para que observe el tratamiento que se da a los palestinos en las prisiones y que se investiguen los atropellos realizados por el personal médico de las prisiones.
Finalmente, exige a la Unión Europea que termine con su política de doble rasero, que condene los crímenes de guerra israelíes contra los civiles palestinos, que manifieste su preocupación por los huelguistas y que condene el uso de la detención administrativa.
Foto: http://palestinalibre.org
