Presos Politicos Mapuche

PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE

 

Héctor Llaitul: “Los presos políticos mapuche somos la representación de la resistencia de nuestro pueblo a la transnacionalización de nuestros territorios ancestrales”

 

En vísperas del wetripantu, año nuevo mapuche, renacer de la naturaleza y el ciclo vital. Después de atravesar varias barreras, muros de hormigón, rejas y barrotes. Después del habitual registro, barrera de prepotencia y miradas por encima del hombro, con el que los carabineros recuerdan quien es el amo y dueño de las llaves, mientras a regañadientes y con evidente desgana y recelo  señalan el camino a las celdas de los comuneros mapuche.

Fuera, el invierno cae con toda su crudeza, pero no consigue superar el frío de las blancas paredes de las celdas. Héctor Llaitul, uno de los dieciocho presos políticos mapuche en cárceles chilenas, nos recibe y con su conversación logra dar un poco de calor al gélido ambiente.

Encima de la mesita varios libros que hacen de perfecta carta de presentación. El canto libertario a la resistencia de los vascos, “Las carabinas de Gastibeltza” y “La revolución india”, de Fausto Reinaga, un regalo de  “el mallku” Felipe Quispe.

Después de un rato de conversación, otra vez los carabineros, con golpes a la puerta, recuerdan quienes son los dueños y amos de las llaves. Entre tanto, el tiempo justo para despedirse, desear fuerzas y ánimos y acabar de concretar la manera de hacer llegar un cuestionario, varios puntos y temas a desarrollar que ubiquen y recuerden las razones de una lucha, la de los mapuche. La gente de la tierra. El único pueblo indo americano que repelió la invasión española.

Meses después, tras atravesar los mismos muros en sentido inverso y pasar de mano en mano, las palabras e ideas de Llaitul llegan por fin a destino, mientras éste y otros seis prisioneros políticos mapuche cumplen ya más de un mes en huelga de hambre por la libertad de los presos mapuche y la desmilitarización de las zonas en conflicto, unas reivindicaciones que apuntan a lo que se ha convertido en practica habitual y puntal de la estrategia de contención gubernamental a la resistencia mapuche.

El precio de mantener las viejas políticas de libre comercio y alfombra roja a las grandes corporaciones, sigue siendo, como en épocas de dictadura, una represión contra cualquier movimiento de protesta, que se ceba especialmente contra los mapuche.

El retorno pactado a la democracia en Chile, conducido y dirigido por Pinochet, dejó como herencia una constitución que aún hoy rige el país y cuyos estrechos márgenes, en los que cómodamente se mueve la administración Bachelet, se reflejan en las brutales cargas policiales a las protestas sociales del pasado mes de agosto, a los actos en conmemoración del 11 de septiembre y, especialmente, en la asfixiante presencia de retenes policiales y unidades del ejercito en los territorios mapuche.

“Hemos sido perseguidos y encausados por procesos judiciales que han sido digitados desde las altas esferas del poder político de los gobiernos de turno, en complicidad o con la anuencia de los representantes del empresariado comprometido con la usurpación nuestro territorio. Somos, por tanto, la representación de la resistencia de nuestro pueblo a la transnacionalización de nuestros territorios ancestrales”, afirma, Héctor Llaitul, de 39 años, recluido desde febrero del 2007 en la prisión de Angol.

Y cuando Llaitul habla de usurpación y transnacionalización de los territorios mapuche, no está empleando palabras vacías ni conceptos abstractos, si no que se refiere a una violenta y concreta realidad que, encabezada por empresas forestales y otros proyectos de desarrollismo capitalista, castiga cotidianamente las comunidades mapuche del Gulu Mapu (territorio ocupado por Chile).

La ecuación básica de un sistema globalizador, que ofrece homogenización a los pueblos y silencio a las personas, parece sentenciar el futuro del único pueblo indo americano que resistió exitosamente la invasión española, manteniendo, durante cerca de 300 años, la soberanía en un territorio de 10.000 hectáreas, del río Bio-bio al sur.

“La actual democracia, inserta en la mundialización económica, ha hecho definiciones en torno a la situación de nuestro pueblo: la integración forzada y la desaparición paulatina de nuestras comunidades”, denuncia Llaitul, que recuerda que no fue hasta fines del siglo XIX cuando, ocupado por Chile y Argentina, el pueblo nación mapuche perdió su independencia.

Esta pérdida de soberanía, llamada Pacificación de la Araucanía en Chile  y Campaña del desierto en Argentina, ha ido trayendo una perdida de territorios que, acelerada en las últimas décadas con la implantación del modelo primario exportador, ahoga y encierra a los mapuche en un territorio que no representa ni un 5% del que defendieron frente a la espada de la España imperial.

El neoliberalismo, que encontró en Chile, durante la sangrienta dictadura de Pinochet, la entrada para posteriormente extender sus recetas privatizadoras por todo el continente, abrió, en esa misma época, las puertas a la expansión de las empresas forestales en los territorios mapuche.

La contrarreforma agraria, que revocó la práctica totalidad de las expropiaciones llevadas a cabo entre los años 65 y 73; así como el decreto 701 de 1974, que concedió privilegios fiscales y subsidios a la actividad forestal, se convirtieron en cómplices de estas empresas, que encontrarían su principal aliado en la Ley de Propiedad Individual de la Tierra de 1978, que, a juicio de Llaitul, “significó la conversión de los mapuche, de comuneros a pequeños propietarios, con el objetivo de que pudieran vender sus terrenos. Esto permitió que los empresarios forestales tuvieran la oportunidad de comprar tierras a muy bajo precio, lo que fue además subvencionado por el gobierno militar. Durante ese proceso las plantaciones forestales reemplazaron millones de hectáreas de bosque nativo y suelo cultivable”.

De esta manera se llega al día de hoy, en el que Chile es el quinto exportador de celulosa a nivel mundial y la industria forestal ocupa más de 2.100.000 hectáreas de tierra, monopolizadas, como dicta la norma capitalista, por grandes grupos empresariales. Por un lado, Forestal Arauco, del grupo Angellini, controla un patrimonio de 750 mil hectáreas; mientras, por otro lado, Eleodoro Matte acumula, a través de Forestal Mininco, algo más de medio millón de hectáreas.

“Sin embargo”, denuncia Llaitul, “resulta paradójico que en las regiones donde se desarrolla este lucrativo negocio han pasado ha convertirse en las más pobres del país, producto, obviamente, de la sobreexplotación y la concentración de riqueza en pocas manos. Es justamente en estas regiones donde se encuentran la mayor parte de las comunidades mapuche, lo que da cuenta del más impresionante sistema de inversión basado en la usurpación y despojo del Pueblo Nación Mapuche”.

Así, mientras la codicia empresarial gana terreno a un ritmo superior al 5% anual, la vida en las comunidades mapuche, entre retenes policiales y suelos erosionados, se precariza hasta alcanzar niveles de pobreza que rara vez bajan del 35%.

Además, la perdida de biodiversidad, devorada por los monocultivos de pino radiata y eucalipto, amenaza con extinguir el bosque nativo chileno en 25 años, y es también, a juicio de Llaitul, “un serio peligro para los valores y manifestaciones culturales mapuche, que tienen su principal fundamento en la tierra y su equilibrio natural”.

El uso de plantas sagradas, que siempre han sido empleadas por las machi –autoridades religiosas- en sus ceremonias, se ha convertido en una odisea, por la que hay que caminar kilómetros, o un imposible, por que ya se han extinguido.

“Para nosotros”, dice Llaitul, “la expansión de las inversiones forestales en el Wall Mapu, así como la aparición de otros proyectos capitalistas en los rubros mineros e hidroeléctricos, entre otros, constituye una amenaza tal, que podríamos afirmar que estamos en presencia de una política de exterminio, llevada a cabo por el estado, hacia las comunidades mapuche”.

En el Wall Mapu, los sucesivos gobiernos de la Concertación se muestran tal como son, con toda su crudeza, sin el maquillaje retórico de discursos supuestamente sociales.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos se aplicaron por primera vez leyes antiterroristas de la dictadura y el uso de la propaganda mediática, como herramienta de satanización y criminalización, acompañó la escalada represiva hacia el movimiento mapuche. Hoy, después de fuertes críticas, que han venido desde organizaciones como Amnistía Internacional, hasta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la presión internacional ha llevado  a que se apliquen leyes ordinarias, sin embargo las penas siguen siendo igualmente severas y los montajes jurídico políticos son tan habituales como la manipulación informativa.

El papel de la administración Bachelet, que guarda silencio y mira hacia otro lado ante el deterioro físico de los huelguistas, se evidencia en un conflicto que, a pesar de los hechos, la mandataria chilena pretende encubrir y maquillar con buenas palabras. “Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una forma que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades”, declaró, hace unos meses, la presidenta en una visita a Suiza.

“Al Chile supuestamente democrático le interesa vender la imagen de que aquí se respetan los derechos humanos. Quieren hacer creer al mundo que los pueblos indígenas estamos en una cuna de oro”, comentaba días después José Llanquileo, otro preso político mapuche, desde la prisión de Traiguén, mientras recordaba que Chile sigue siendo hoy el único estado latinoamericano que no ha ratificado el convenio 169 de  la OIT y se sigue negando a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. “La nula voluntad que tienen el parlamento y el gobierno de ratificar este convenio, o de otorgar algún reconocimiento constitucional, tiene una razón de fondo, estratégica de parte del Estado, la desaparición definitiva, tanto física como ideológica de nuestras comunidades”, denuncia Llaitul, quien piensa que este hecho no es más que otra prueba de la nula voluntad del gobierno chileno por hallar soluciones políticas al conflicto.

Sin embargo, tanto Héctor, como la mayoría de los mapuche son concientes que convenios, leyes y constituciones son susceptibles a convertirse en papel mojado, en reglas encerradas entre cajones, perdidas en la burocracia y apartados de las comunidades, y reconocen que por lo pronto, con leyes, reconocimientos constitucionales o sin ellos, lo que verdaderamente importa es el absoluto cinismo con el que la administración Bachelet actúa en el Wallmapu.

 Un cinismo que manda a los carabineros a reprimir brutalmente las muestras de solidaridad con los presos políticos mapuche y que, mientras estos han perdido cerca de veinte kilos y su estado se deteriora, amenaza con trasladarles a la cárcel de Temuko. Un cinismo que presenta como proyecto estrella para esta legislatura un aeropuerto que arrasará tierras ceremoniales y afectará a cerca de 25 comunidades en las afueras de Temuko, mientras se llenan la boca hablando de respeto por las culturas y los orígenes.

El mismo cinismo que se muestra transparente y tal como es, sin ningún tipo de vergüenza, en los alrededores del lago Lleu Lleu, donde se han desplegado Fuerzas Especiales del ejército e Infantes de la Marina al servicio de intereses empresariales que, a través de la instalación de varios proyectos mineros, buscan extraer uranio, escandio y otros materiales requeridos por la industria nuclear y aeronáutica, amenazando con contaminar el lago más limpio y puro de América.

 “A nosotros nos queda claro que en el lago Lleu Lleu serán las grandes corporaciones mineras las que se adjudicarán la licitación para explotar estos preciados metales, y como es el caso de Chile, serán empresas extranjeras y corporaciones multinacionales las que se instalarán definitivamente en nuestros territorios. Sin dudas, estamos en un nuevo escenario para la  confrontación, dado por la militarización de la zona en disputa, lo que ratifica nuestra postura de que ésta confrontación se da entre un Estado capitalista y el Pueblo Nación Mapuche”, afirma Llaitul, que asegura ya no esperar nada de los gobiernos concertacionistas.

“A pesar de que se insista en creer que se abrirán grandes posibilidades, estas se van esfumando con el tiempo, quedando solo nuevos proyectos capitalistas. Se ha demostrado que la Concertación gobierna más apegada al mercado que a los valores de la justicia social, de la sociedad en general, o de la libre determinación, en nuestro caso particular. Su único objetivo es asegurar un modelo económico centrado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales y, en consecuencia, a una obsesionada búsqueda de mercados para las exportaciones de dichas materias primas, cediendo con ello frente a tratados de libre comercio, que solo benefician a las trasnacionales y al gran empresariado chileno”.

Es la voracidad del capitalismo que, sin freno a su expansión, condena a la “gente de la tierra” a la emigración como única salida. Un camino impuesto a la ciudad, donde se cortan raíces y se borran orígenes, que ya han seguido cerca del 80% del millón de mapuche del Gulu Mapu y que responde a las intenciones denunciadas por Llaitul: “integración forzada y desaparición paulatina de nuestras comunidades”.

Frente a esta dramática realidad, la lucha del pueblo nación mapuche por la supervivencia en sus territorios, que en época de Lautaro tomaba forma de emboscada y ataque sorpresa a las tropas españolas y hoy se manifiesta en las recuperaciones de tierras y las huelgas de hambre de sus presos, se convierte en una confrontación entre dos formas antagónicas de ver y entender el mundo. La de la chilenidad occidentalizada y capitalista, que ve en la tierra mercancía para comprar, vender y saquear, y la de los mapuche, que ve en la tierra el lugar donde desarrollar sus formas de vida y prácticas sociales y espirituales libres de cualquier forma de imposición colonial.

Por eso, en este enfrentamiento, que se parece mucho a un “choque de civilizaciones”, suenan con fuerza y toman forma las palabras de José Llanquileo, que desde la prisión de Traiguén recuerda y sentencia: “Si no luchamos y tratamos de parar todas las inversiones transnacionales estamos condenados a desaparecer como pueblo. Pero no solo nosotros, también están en peligro los no mapuche que viven en nuestros territorios y la naturaleza. Por eso nosotros decimos que la nuestra es, sobre todo, una lucha por la vida”.

 

Paolo Albanesse 

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