A días de agudizarse el conflicto en Aurora de Chile: La pelea en Concepción por el derecho a la ciudad

“Agradezco al geógrafo Ignacio Celis y la profesora de historia y geografía Geanina Zagal por sus relevantes aportes a este escrito”

Uno de los legados más duraderos, pero menos mencionados que tuvo la dictadura, fue la concepción y estructuración del espacio urbano dentro de la ideología neoliberal; una verdadera “contrarevolución” urbana. Esta política del suelo y de la producción del espacio fue continuada casi sin modificaciones por los gobiernos de la Concertación. Sintetizando, durante la dictadura, fueron desplazados de las ciudades, hacia las periferias, los grupos sociales más desfavorecidos, a la vez que se articulaban renovados núcleos de consumo y vivienda en suculentos espacios reconvertidos bajo el poder de las grandes empresas constructoras e inmobiliarias.  Esta acción fue potenciada por el clima de miedo y de impunidad con que el Estado podía violentar a la población civil en general, y a los más pobres en particular.

El objetivo de esta “higiene espacial” y erradicación de los grupos más desfavorecidos hacia las periferias, puede ser resumido en dos puntos: 1) Segregar el espacio urbano según clases sociales desplazando de manera continua a los pobres a la periferia y quedándose los grupos de poder con los terrenos más valiosos que se encuentran en el centro de los núcleos urbanos; 2) Dar rienda suelta al  lucrativo negocio inmobiliario a través de la construcción de viviendas sociales a través de empresas inmobiliarias privadas.

Esta política urbana heredera del terror dictatorial fue profundizada y perfeccionada por los gobiernos de la Concertación. Hoy produce ciudades altamente estructuradas según clases sociales, generando una segregación monumental, y la conformación de una nueva pobreza habitacional producto de las malas condiciones en que se entregan las viviendas sociales, así como por el gran distanciamiento que tienen con los centros de salud, trabajo, educación y otros que necesita una población para tener una vida digna. No contenta con desplazar a los márgenes a los menos favorecidos, esta política urbana cortó los vínculos comunitarios que los pobladores tenían con sus vecinos y familiares en sus antiguos lugares de residencia, que muchas veces fueron trasladados a zonas diferentes. En este proceso también se atomizaron las organizaciones sociales de los territorios. A todo esto hay que agregar la cooptación de las juntas vecinales por la dictadura que elegía a “dedo” a los dirigentes de éstas.

La marginación y la segregación desmedida acrecentaron los índices de drogadicción, delincuencia y otras problemáticas que agravaron aún más los problemas de las comunidades desplazadas a la periferia, a la vez que sirvieron a los gobiernos de la Concertación para estigmatizarlos y ejercer violencia institucional a través de la policía y la intervención de deficientes políticas públicas, mejor conocidas como “programas sociales”.

Esto produjo un sin número de problemáticas que han generado resistencias, las cuales se han transformado en movimientos y grupos de acción. No es casualidad, más allá de la opinión que tengamos de ella, que la candidata presidencial más disruptiva de las últimas elecciones, Roxana Miranda, no haya provenido ni de las luchas sindicales, estudiantiles, de gremios profesionales o indígenas, sino de las luchas por la vivienda y el control social del espacio urbano.

En la actualidad, son innumerables los conflictos por el espacio y la vivienda en nuestro país. Ahora mismo, pobladores están acampando en la ribera del Mapocho tratando de hacer escuchar sus demandas, los vecinos de Bajos de Mena en el sur de Santiago están perdiendo sus viviendas,  y en la octava región, en la comuna de Hualpen, Concepción, se acaban de entregar viviendas sociales que ni siquiera soportan una lluvia sin filtraciones. Una situación similar se produce en los morros de Talcahuano. Los ejemplos pueden ser infinitos, en todas las urbes de chile (y del mundo) se vive, por una parte, la apropiación capitalista del espacio urbano y, por otra, resistencias populares que buscan participar en la producción social del espacio.

Un sistema habitacional controlado por grandes consorcios capitalistas busca cualquier oportunidad para acrecentar sus ganancias. Sin embargo, este macabro escenario no es producto de una mano invisible que controla a los y las habitantes de la ciudad como marionetas, sino que tiene como protagonista a uno de los gremios más fuertes en Chile: el de la construcción. Al alero la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) se articulan las proyecciones de uso del suelo, sin control estatal y con permisividades de edificación que permiten aumentar la especulación y subir los precios de las viviendas ofertadas.

Una importante opción para incrementar su capital se presenta cuando diversos cataclismos asolan el territorio. En el Gran Concepción, el 27/F significó un lucrativo escenario para las inmobiliarias que se quedaron con el negocio de la “reconstrucción”. En Talca se aprovechó el derrumbe de casas antiguas habitadas por sectores populares que estaban en el centro de la ciudad para desplazar a sus antiguos habitantes, y así construir enormes torres inmobiliarias. En Valparaíso se especula con el futuro de muchas familias que perdieron todo con el incendio y que no contaban con títulos de dominio de sus tierras, las cuales ahora son ansiadas por diversos poderes económicos.

El caso post-terremoto del Gran Concepción, aglomeración urbana con más de un millón de habitantes, es paradigmático. Muchos son los casos en donde se privilegió el negocio inmobiliario por sobre los intereses de las comunidades. A cuatro años del cataclismo aún se sigue re-estructurando el enorme ajedrez urbanístico que soporta las luchas entre diversos intereses dentro de la ciudad. Sin duda, el caso de la población Aurora de Chile es de los más emblemáticos al respecto.

La población es una estructura barrial que data de hace, por lo menos, 80 años. Sus calles (aún de tierra), su alcantarillado, sus espacios comunitarios, sus viviendas y sus redes de electricidad fueron hechos todos a pulso por los propios pobladores/as. El Estado no ha invertido prácticamente nada en el equipamiento y mantenimiento de la población, ésta ha permanecido invisible para los grupos de poder hasta ahora.

Los terrenos en que se cimienta Aurora de Chile han aumentado su plusvalía estrepitosamente, transformándose en una de las zonas más caras de la ciudad, lo cual ha abierto el apetito del Estado y los privados. Hace algunos años, los sectores aledaños se vienen interviniendo a través del llamado Proyecto Ribera Norte, el cual ya erradicó a cientos de pobladores/as vecinos de Aurora de Chile. Sin embargo, estos últimos siempre se han negado a ser erradicados del sector, al cual los une un estrecho lazo de memoria histórica. Los terrenos en donde se cimienta la población eran antiguamente parte del rio Biobío y fueron rellenados a través de décadas por el esfuerzo de los propios pobladores. Ellos han construido literalmente el terreno que hoy habitan y por eso sienten una pertenencia tan grande con el sector.

En los últimos años se han instalado diversos edificios inmobiliarios y malls en las inmediaciones de la población que, literalmente, la cercan, aumentando así el valor y la especulación en sus terrenos. La presión sobre la población aumenta por el hecho de que post-terremoto las autoridades proyectaron un puente sobre el rio Biobío que “casualmente” desemboca en el barrio, amenazando con expropiar a los vecinos en beneficio siempre del “progreso de Concepción”.
La presión del Estado que intenta atravesar la población con una megacarretera que conectará al puente con la superficie continental de la ciudad de Concepción, así como la ejercida por los grupos inmobiliarios que ven esta zona como altamente lucrativa, tiene con una enorme presión a los vecinos del sector. La Aurora de Chile, a medida que la ciudad de Concepción ha crecido enormemente, ha quedado literalmente en el centro de la ciudad, teniendo a pocas cuadras su plaza principal, los edificios públicos más importantes de la ciudad, entre ellos la intendencia, y mega estructuras comerciales como el Mall Mirador del Biobío, recientemente construido a un costado de la población. Además, en el lugar se proyecta construir obras como el Teatro Regional del Biobío, que sería el teatro más grande de la región. Evidentemente las autoridades quieren expulsar lo antes posible a ese foco de “subdesarrollo” para de esta manera implantar el “desarrollo”. El suyo, por supuesto.

Pero Aurora de Chile no es la única zona amenazada, este suceso está conectado con una re-estructuración general de todo el borde costero del Biobío que quiere ser transformado en una zona turística y de emplazamiento de una carretera al borde del río. Este proyecto amenazará otras poblaciones como Pedro de Valdivia Bajo y todo el borde costero de la comuna de Chiguayante que aloja a sectores populares que prontamente serán presionados para que dejen sus terrenos (tal como ya ocurre con el conjunto habitacional Villa Futuro en esta misma comuna).

Sea como sea el futuro de este enorme entramado que busca “recuperar” el borde río para el Estado y los privados, será trascendental lo que ocurra con la población Aurora de Chile. Frente al hecho de que los vecinos no han querido moverse aún con el puente casi terminado, la presidenta Bachelet junto con las autoridades regionales han anunciado por los medios la visita de una comisión de tres ministros que recorrerá la ciudad de Concepción el 14 de julio para solucionar el problema (seguramente con la solución tomada bajo 4 paredes en Santiago y sin escuchar a los pobladores).

La manera en que reaccione esta población, es decir, con pasividad o con confrontación, será primordial para sentar un precedente en las luchas que en los próximos años afectaran a todo el borde costero del río Biobío. Es por eso que hay que estar atentos a lo que sucede con la Aurora en las próximas semanas. El desenlace del conflicto es trascendental para prever lo que se le viene a la ciudad de Concepción y a las luchas por lo que algunos llaman “el derecho a la ciudad” o la producción social y colectiva del territorio.

En las próximas semanas el conflicto se agudizará porque las autoridades están decididas a seguir construyendo el mega-puente que busca atravesar a la población en dos. Sería ilógico para ellos tener un puente construido sobre el río Biobío, pero sin la conexión continental que lo hiciera útil. Es por eso que en su desesperación las autoridades locales como el actual Intendente Rodrigo Díaz y alcalde Álvaro Ortiz se han reunido con Bachelet para buscar apoyo y “solucionar” el problema. La comitiva de ministros que visitarán la ciudad a mediados de Julio vendrá a imponer la salida al conflicto, pero habrá que ver la reacción de la gente de la Aurora.

En la disputa por la ciudad, algunas preguntas que surgen son las siguientes: ¿Podrán los vecinos y vecinas de Aurora de Chile doblegar el poder del asistencialismo concertacionista y su política urbana segregadora?; ¿Lograrán seguir habitando su población doblegando así las ansias del capital privado y estatal por expulsarlos de esta zona altamente lucrativa y estratégica de la ciudad?; ¿Tendrán la unidad para enfrentar colectivamente este desafío? Serán los propios vecinos los únicos capaces de responder a esta pregunta, esperemos que favorablemente, porque así marcarán un precedente en la lucha por la producción social del espacio en la ciudad de Concepción.

Nicolás Salazar es Licenciado en Historia de la Universidad de Concepción

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