Los forados a favor de la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha
El acuerdo tributario logrado a puertas cerradas por el ministro de Hacienda con la derecha empieza a mostrar sus flancos débiles. Y el principal es el forado que abre a la elusión y los beneficios que mantiene para los grandes contribuyentes. El protocolo debilita el objetivo original: que todos paguen de acuerdo a sus ingresos reales. Mientras algunos se disputan la paternidad de la criatura, otros tratan de mantenerse en las sombras. CIPER confirmó que entre quienes hicieron lobby figuran grandes empresarios que también se reunieron con autoridades para atenuar el impacto de la reforma. Y lo lograron.
La jornada del lunes 7 de julio será recordada por muchos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría como el despertar del marido engañado. Porque fue ese día que algunos medios de comunicación golpearon a la opinión pública con los primeros entretelones de un acuerdo entre el gobierno y la derecha que modifica el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo. El inesperado giro a la derecha se había concretado ese fin de semana, a puertas cerradas, en una vorágine de reuniones. El resultado de ellas fue un protocolo que remeció al oficialismo por sus efectos políticos y tributarios (ver protocolo). Y ello porque, básicamente, el acuerdo significó abrirle un forado a uno de los aspectos claves del proyecto original: cerrarle la puerta a la elusión de los grandes contribuyentes.
En las horas que siguieron se fueron conociendo detalles del acuerdo que no sólo había tocado el llamado "corazón" de la reforma, sino que también mantenía beneficios tributarios para ciertos sectores, anulando así el objetivo principal del proyecto: darle un vuelco al sistema para garantizar mayor equidad al obligar a los contribuyentes a pagar según sus ingresos reales. Las zonas ambiguas que dejó el protocolo de acuerdo no hicieron más que acrecentar la incertidumbre sobre cuánto había cedido el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
DOS FONTAINE EN LA COCINA
Los insertos de dos páginas publicados el fin de semana del 6 de julio en los principales diarios del país abogando por "una reforma a la reforma tributaria", parecieron un último intento de Bernardo Fontaine (director de Bicecorp, el brazo financiero del grupo Matte, además de La Polar y Embonor) por presionar por cambios a un proyecto que a su juicio traería serios daños a la economía. Pero Fontaine (ver perfil) no era un outsider que necesitaba pagar insertos para hacer escuchar su opinión. Mientras los chilenos leían el controvertido aviso en los diarios, Fontaine estaba reunido con la cúpula del Ministerio de Hacienda en casa de su hermano Juan Andrés, ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, sellando el protocolo que cambiaría el rumbo de la reforma tributaria. Hasta su ingreso al gobierno de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine era uno de los hombres de confianza del Grupo Luksic, pues integraba los directorios de Quiñenco y Banco de Chile. Hoy es director de Embotelladora Andina y Sigdo Koppers, además de consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.
Pero cuando los dos hermanos Fontaine Talavera se sentaron a la mesa con el ministro Arenas y sus asesores, lo hicieron como negociadores de Renovación Nacional. El ministro de Hacienda llegó a la casa de Fontaine con una proyección de crecimiento menor al esperado en los inicios del gobierno (marzo), lo que amenaza la expectativa de recaudar los US$ 8.200 millones comprometidos para financiar la reforma educacional. A ello se sumaron la caída del apoyo ciudadano a la reforma tributaria que marcaban las encuestas y las críticas al proyecto ya no sólo de la DC, sino también de los expertos ligados a la Nueva Mayoría, como Eduardo Engel y Claudio Agostini. El anuncio de que como último recurso para bloquear la reforma, la derecha recurriría al Tribunal Constitucional, cerró el cuadro que hacía peligrar los votos para aprobar el proyecto en el Senado.
No obstante, en vez de negociar con la Democracia Cristiana las modificaciones necesarias para garantizar los votos de sus senadores, y de escuchar a los expertos que criticaban algunos acápites del proyecto, el ministro Alberto Arenas eligió pactar con la oposición. El resultado fue la firma de un protocolo que Hacienda, la derecha y Andrés Zaldívar califican como "histórico", pero sobre el cual se han instalado dudas técnicas y severas críticas políticas.
Cuando el lunes 7 de julio los diarios comenzaron a filtrar los detalles del acuerdo entre el gobierno y la derecha, en el ala izquierda de la Nueva Mayoría se encendieron las alarmas. Los puntos que se conocieron eran claramente distintos a los que estaban negociando con Arenas los senadores de la coalición oficialista que participan en la Comisión de Hacienda del Senado: Andrés Zaldívar (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS).
Aunque la prensa había mostrado a los tres senadores entrando y saliendo desde el Ministerio de Hacienda durante el fin de semana, lo que pocos sabían era que la verdadera negociación tenía lugar en la casa de Fontaine. A pesar de lo avanzado de las tratativas del ministro con la derecha, ese lunes 7 los senadores oficialistas tampoco recibieron de Alberto Arenas el detalle de los acuerdos logrados. Según los testimonios recogidos por CIPER, incluso les suspendieron una reunión que tendrían esa misma noche del lunes con el ministro, y no sería hasta el mediodía del martes 8 que el trío de senadores conocería formalmente el contenido del protocolo. A partir de ese momento se iniciaría una tarde de frenéticas conversaciones entre los parlamentarios del ala izquierda de la coalición para decidir si lo apoyaban o no.
Primero hubo un almuerzo de los senadores de la Nueva Mayoría y luego las conversaciones se trasladaron a las distintas bancadas. La del Partido Socialista fue particularmente dura. En ella participaron sus diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara: Marcelo Schilling y Manuel Monsalve. Por momentos, lo que se escuchó fue un mayoritario rechazo al protocolo, por lo que se requirió la intervención del presidente del PS, Osvaldo Andrade. En paralelo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), junto al senador Carlos Montes (PS), intentaban que el gobierno incorporara ciertas garantías al protocolo. Más allá del compromiso verbal de Arenas de que se eliminarían los espacios que se habían vuelto a abrir a la elusión, el texto no sufrió mayores cambios.
Luego vendría el anuncio público transmitido en horario prime por los canales de televisión, con la firma de senadores desde la UDI al Partido Socialista. En las horas siguientes se iniciaba la disputa por la "paternidad" del protocolo. El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, sería el primero en declararse el "papito" de la criatura. Más tarde, Juan Andrés Fontaine contaría en radio Duna que las conversaciones se llevaron a cabo en su casa mientras comían "galletitas". Y su hermano Bernardo revelaría en CNN Chile que se juntó, reservadamente, día por medio con los técnicos de Hacienda "en una oficina perdida de la Alameda" hasta conseguir un "trasplante del corazón" de la reforma.
Finalmente, el senador Andrés Zaldívar (DC) se incorporaría a la competencia por la paternidad del acuerdo, agregando nuevos datos: su casa también había sido sede de muchas reuniones con personas cuyos nombres -dijo- no revelaría. Una de sus acotaciones avivó las iras en la Nueva Mayoría: este tipo de negociaciones "no pueden hacerse de cara a la opinión pública", ya que no todos pueden estar en la "cocina" política.
La "cocina" de la modificación a la reforma tributaria quedaba así exhibida. Pero según pudo constatar CIPER con algunos de los involucrados, faltaban nombres de los "cocineros", pues hasta los más grandes empresarios que urgían por los cambios fueron recibidos secretamente. Y los consiguieron.
LOS QUE GANAN CON LOS CAMBIOS
La discusión técnica y política está lejos de terminar, pero ya está claro que la forma cómo se negoció la modificación al proyecto de reforma tributaria no resistiría ni siquiera una Ley de Lobby básica, como la que comenzará a regir en Chile en los próximos meses. Las reuniones en casas particulares en que participaron autoridades del gobierno y del Congreso con representantes del sector privado debieron haber quedado registradas en las respectivas agendas de los funcionarios. No fue así porque la ley aún no entra en vigencia. Y aún cuando estuviera vigente dicha ley, se mantendría oculto un punto relevante: si quienes hicieron lobby financiaron las campañas políticas de aquellos que tomaron las decisiones.
-Al final tú dices: aquí ganó la Cámara Chilena de la Construcción, ganó la Sociedad Nacional de Agricultura, ganaron los viñateros... De verdad, soy partidario de los acuerdos, me parece que es mejor tener un sistema tributario consensuado por una mayoría grande, porque es más estable, no está sujeto a que lo van a cambiar todos los años. Pero si la forma de llegar a acuerdo es decirle que sí a todos los que piden exenciones y beneficios, a uno le surgen serias dudas de las ventajas. Además, así es muy fácil llegar a acuerdos -dijo a CIPER el economista Claudio Agostini, quien participó en el proyecto tributario del ex candidato presidencial Claudio Orrego (DC), y uno de los ideólogos del fin del FUT, además de duro cuestionador de la fórmula original de la reforma del gobierno (ver entrevista en revista Qué Pasa),
Un punto el ministro Arenas ha repetido una y otra vez: después del protocolo la reforma de todos modos recaudará los US$ 8.200 millones requeridos para financiar la reforma educacional. La insistencia se debe a que expertos de todos los sectores lo han puesto en duda. El economista de la Universidad de Maryland Ramón López, explicó a CIPER que, con la información disponible hasta ahora, él estima que la recaudación podría ser hasta un 25% menor a lo esperado por el gobierno. No se conoce aún un informe financiero del Ministerio de Hacienda que sustente la convicción de Arenas y sólo se podrá hacer un cálculo preciso cuando se presenten las indicaciones al proyecto, pero las dudas ya están instaladas.
Una potencial menor recaudación podría originarse en el nivel de elusión y evasión que emergen de los cambios a la reforma tributaria negociados con la derecha. El proyecto de ley original estimaba recaudar medio punto del PIB recortando estos niveles. Una arista clave si se considera que, según el actual director de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, la evasión del impuesto a la renta alcanzaría al 46% (ver nota de CIPER). Precisamente, una de las vías para atacar la evasión era fortalecer el trabajo y las atribuciones del SII, pero el protocolo de acuerdo atenúa estos cambios.
Tanto Ramón López como Claudio Agostini expresaron a CIPER su temor por los enormes espacios de evasión y elusión que se abren con los nuevos cambios que estipula el protocolo de acuerdo. Un temor que comparte el senador Carlos Montes (quien en la sala del Senado pidió 14 precisiones al protocolo) y que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a despejar vía indicaciones. Sin embargo, los detalles que se conocen hasta ahora, se focalizan mayoritariamente en cambios que buscan evitar que el nuevo sistema "semi-integrado" replique los vicios del viejo FUT (ver nota de La Tercera).
"Yo debería estarme frotando las manos, porque esto será mucha más pega para los abogados tributaristas, pero la verdad es que la propuesta es tan compleja que me preocupa su efecto", comenta un experto, quien reconoce que los cambios serán terreno fértil para la "ingeniería tributaria", y por lo tanto, focos de nuevas formas de elusión.
El protocolo firmado con la derecha, deja también muchas preguntas abiertas respecto a la implementación de este nuevo régimen. Aún no se sabe, por ejemplo, cómo será la transición, cuál será considerado el "régimen general", si las empresas podrán cambiarse cuando quieran de un sistema a otro o cómo se protegerán los intereses de los accionistas minoritarios.
Todas estas dudas debieran resolverse en las indicaciones que Hacienda deberá presentar antes del 8 de agosto en el Senado. Sin contar con el principal escollo que el proyecto, con sus nuevas modificaciones, debe enfrentar cuando retorne a la Cámara de Diputados. Allí se da por descontado que muchos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, que en su primer trámite se alinearon disciplinadamente con el proyecto original presentado por el gobierno, ahora le cobrarán la cuenta al ministro Arenas.
DEL FUT al "FUTITO"
El protocolo despeja el temor que generó en amplios sectores el cambio propuesto en el proyecto original de un sistema que grava las utilidades distribuidas a uno basado en las utilidades atribuidas (donde las utilidades pagan impuestos sin importar si fueron repartidas entre los socios o fueron reinvertidas). La propuesta terminaba así con el cuestionado Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), aumentaba la tasa del impuesto a las empresas de un 20% a un 25%, y bajaba el tramo máximo del impuesto a las personas de 40% a 35%. El nuevo acuerdo entrega a los contribuyentes la posibilidad de usar ese esquema o de optar por un régimen alternativo nuevo. En este segundo sistema, la tasa de impuesto a las empresas será de 27% en vez de 25%, y sólo el 65% del pago sobre las utilidades retiradas se descontará como crédito sobre el impuesto global complementario (en vez de 100%, como es actualmente). Es por eso que se le ha llamado "sistema parcialmente integrado" y es el primer punto del protocolo, piedra angular del acuerdo.
Al contemplar un tratamiento tributario especial para las utilidades reinvertidas, el sistema parcialmente integrado se presenta en el protocolo como un incentivo a la inversión. Se incorpora además, un incentivo al ahorro de las empresas que vendan hasta 100.000 UF (unos US$ 4,5 millones), las que podrán deducir como gasto el 20% de las utilidades que reinviertan: hasta 4.000 UF ($96,2 millones), si es que optan por el régimen de renta atribuida; y 50% si es que optan por el régimen parcialmente integrado.
Según los cálculos del economista de la Universidad de Maryland, Ramón López, el régimen semi integrado será el elegido por la gran mayoría de las empresas, lo que implicará recaudar unos US$1.000 millones menos que lo proyectado originalmente. López explica que el impuesto efectivamente pagado es actualmente de alrededor de 24% (considerando que se distribuye el 33% de las utilidades). En la práctica, la tasa subía a 35% con la fórmula de renta atribuida, pero aumenta sólo a 27% con el sistema semi-integrado. Eso en el papel, pues como recalca López, la elusión del impuesto a la renta es de alrededor del 50% y el pago efectivo de impuestos hoy es en realidad de 13.5%. "Y es muy probable que la tasa de evasión, lejos de mejorar, empeore", recalca.
Para Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto en tributos, sería preferible dejar el sistema como está y sólo subir la tasa, que incorporar los nuevos sistemas incluidos en el protocolo de acuerdo: "Esto abre nuevos espacios de planificación tributaria. Estos regímenes hacen más cara la fiscalización y administrar el sistema. Además, generan más espacios de elusión".
Estos espacios de elusión preocupan también al senador socialista Carlos Montes, quien insiste en que las indicaciones que debe presentar el Ministerio de Hacienda deben precisar mucho más lo declarado en el protocolo de acuerdo, donde sólo se explicita que se implementarán las "debidas normas de control destinadas a evitar posibles focos de elusión tributaria". Según Montes, es necesario buscar una fórmula para que los fondos sólo puedan ser reinvertidos en la propia empresa, no puedan sacarse del país y el pago de los tributos correspondientes pueda diferirse sólo por un tiempo acotado. La idea es evitar que la reforma cree de facto un nuevo FUT con otro nombre, algo que desde la derecha han admitido senadores como Hernán Larraín (UDI) y que algunos parlamentarios han denominado "Futito". "Si este punto queda tal como está en el protocolo, no es tan distinto al FUT", dijo Montes a CIPER.
Pero la experiencia demuestra que no es un asunto fácil de regular. En la práctica, el FUT es un mecanismo utilizado ampliamente para eludir el pago de impuestos a través de diversas fórmulas que nada tienen que ver con la reinversión de utilidades. Se usan trampas que todos conocen y que sin embargo siguen ahí. Eso explica, en parte, que el proyecto original intentara eliminar de cuajo el FUT, en vez de limitar su uso. Como señala Agostini, parte del problema es que el sistema legal chileno permite utilizar los vacíos de la ley mientras esos mecanismos no estén explícitamente prohibidos, a diferencia del sistema anglosajón que sanciona los resquicios si van contra el espíritu de la ley. Y los resquicios podrían multiplicarse si prospera el protocolo de acuerdo firmado por el ministro Arenas con la derecha.
-En Chile hay mucho cinismo en la discusión. Todo el mundo conoce estos abusos. Está lleno de gente que se dedica a crear sociedades de papel para otros, a administrarlas. Esto crece y crece, pero cuando alguien dice "esta cuestión se deroga, no da para más", entonces todos empiezan con que "hay que fiscalizar, para qué vamos a echarle la culpa a los inocentes por lo que hacen unos pocos culpables". Eso es cinismo, porque son un montón de pecadores por unos poquitos justos. Y cuando dices "demos más atribuciones para fiscalizar y sancionar fuerte", resulta que acá el SII no puede tener tantas atribuciones. Es un muy hipócrita esta discusión -enfatiza Agostini.
Parte del problema es que más de la mitad de los fondos del FUT están en sociedades de inversión y una cantidad indeterminada sale del país, donde queda lejos de la fiscalización de Impuestos Internos.
-Cuando uno ve que el FUT crece y crece y los niveles de inversión no crecen en esa magnitud, uno se pregunta dónde está la plata que falta. Uno sospecha que los números son grandes -reflexiona Agostini.
De allí que sea clave en la reforma tributaria dirimir qué se hará con los dineros acumulados en el FUT histórico. Un punto que para el senador Carlos Montes urge resolver, pues hay US$ 270 mil millones acumulados, de los cuales US$50 mil a US$ 60 mil millones son impuestos no pagados. Según el parlamentario, existía la idea de incentivar el uso de estos fondos, de modo de que esos impuestos se paguen, pero por alguna razón que Montes no conoce, este punto no se incluyó en el protocolo.
UN ARTICULO CON NOMBRE DE PYME
"Modificaremos la denominación de este artículo que en adelante se llamará "Artículo 14 TER (PYME)", dice un peculiar punto del protocolo que bautiza así uno de los acápites de la Ley de Impuesto a la Renta con el nombre de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Este es uno de los sectores que hizo un fuerte lobby para conseguir cambios a la reforma tributaria. El 14 TER es uno de los artículos de la ley que permite a las empresas pequeñas llevar una contabilidad simplificada. La reforma original eliminaba otros artículos que eran flancos de evasión y elusión y concentraba todo en este, triplicando el monto de ventas permitido de 5.000 UTM ($210 millones) a 25.000 UF ($600 millones), techo que el protocolo de acuerdo duplicó hasta llevarlo a las 50.000 UF ($1.200 millones, poco más de US$ 2 millones). El capital inicial, en tanto, subió de las 6.000 UTM ($250 millones) que exige hoy la ley, a 60.000 UF ($1.440 millones).
"No estamos hablando del kiosco de la esquina precisamente", bromea Agostini, quien cree que nuevamente, esta ampliación abre espacios grandes a la elusión. No sólo se multiplicó el número de beneficiarios, sino que se estableció que los socios de estas empresas tendrán "la opción de eximirse del pago del impuesto de primera categoría". Ramón López coincide y añade que, "esta es otra ventana más que va a permitir disfrazarse de Pyme y de nuevo no pagar nada de impuestos, porque si no distribuyen utilidades, pagan cero.".
-Esto va justo en la dirección opuesta de lo que uno quiere hacer, que es idealmente acercar las tasas (de primera categoría y global complementario) para evitar incentivos a que se disfracen los ahorros personales como utilidades de empresas. Pero cuando dices que el pago es voluntario, separas al máximo las tasas: ahora es cero si decides que no pagas y si pagas, es hasta 35% para los más ricos. Es realmente sorprendente, es abrir un espacio de elusión enorme -enfatizó Claudio Agostini a CIPER.
RENTA PRESUNTA: EL TRIUNFO DE LA SNA
Si hay un punto del protocolo de acuerdo donde se puede identificar el resultado de un lobby poderoso, es en la ampliación del uso de la renta presunta. Este beneficio rige actualmente para la agricultura, minería, explotación de bienes raíces y transporte. Permite que las pequeñas empresas tributen solamente el 10% del valor de sus vehículos, predios o ventas mineras, según corresponda, independientemente de sus utilidades.
El proyecto original de reforma tributaria derogaba este beneficio. "Se han prestado en algunos casos para eludir impuestos, pero también para que contribuyentes tributen aun teniendo pérdidas", decía el mensaje presidencial que acompaña a la reforma. Y creaba un nuevo sistema exclusivamente para las microempresas, identificadas como aquellas que venden menos de 2.400 UF ($57 millones). El protocolo de acuerdo sube el techo, estableciendo 5.000 UF ($120 millones) en el caso de transporte, 9.000 UF ($216 millones) en agricultura y 17.000 UF ($408 millones) para la minería. El acuerdo permite también que se acojan personas o sociedades, y modifica las normas que buscaban limitar el abuso de la renta presunta por la vía de poner límites al parentesco de que quienes acceden al beneficio, estableciendo ahora que el nuevo criterio será determinar si hay o no control o administración conjunta.
El economista Claudio Agostini es muy crítico del uso de la renta presunta en general y de esta ampliación en particular. "Nadie en el mundo académico defiende la renta presunta, porque la evidencia es que es un mecanismo de elusión grande y que las empresas que lo usan tienen un incentivo a no crecer, y si crecen, a volverse informales", explica. Para Agostini, la renta presunta ya no se justifica en Chile, y al relajar los límites a los lazos familiares, lo que pasará es que se van a crear varias empresas con distintos montos de participación para que no haya control conjunto, lo que aumentará la elusión.
La Sociedad Nacional de Agricultura fue la organización que con más fuerza defendió la renta presunta. Según Agostini, esa organización gremial utilizó "datos mentirosos", pues argumentó que el 99% de las empresas agrícolas en Chile son Pymes cuando se trata de "Pymes de papel", creadas justamente para acogerse a la renta presunta y pagar menos impuestos. Además, explica que los datos del SII demuestran que el 86% de las utilidades de esas empresas pertenece al 8% más rico de Chile, que así se las arreglan para pagar la mitad de lo que les correspondería. "Eso la SNA no lo dice. Los datos son bien escandalosos y de verdad me parece indefendible", enfatiza.
Coincide Ramón López: "Con esta modificación (incluida en el protocolo de acuerdo) se abre una ventana de elusión mucho más amplia que la que ya existía y que obviamente se va a usar. Eso, combinado con la cirugía que se le hizo en el protocolo a Impuestos Internos, que disminuyó su capacidad de controlar, es dramático".
Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile (CET), en cambio, defiende el sistema de renta presunta siempre que éste tenga una fiscalización adecuada. "Este régimen no es un ideal teórico. Efectivamente produce distorsiones, y podría ser que algunas personas terminaran pagando menos de lo que deberían pagar. Pero existe porque hay un segmento de población cuyo nivel de instrucción en materia tributaria es muy básica y si pasa a un sistema de contabilidad completa no saben cómo llevar una contabilidad".
PUNTO PARA LA CChC
"Las viviendas en general, sin excepciones, debiesen estar exentas del IVA, dado su carácter de bien social", dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Daniel Hurtado, al diario Pulso al día siguiente de conocerse el protocolo de acuerdo, mostrándose cauto respecto a los beneficios obtenidos. El gremio inmobiliario fue uno de los que más advirtió de los riesgos de la reforma original, argumentando que aumentaría los precios de las propiedades y desaceleraría la demanda. Se vieron incluso avisos de empresas del rubro que urgían a la gente a comprar casas antes de que se aprobara la reforma.
Lo cierto es que la construcción era uno de los sectores que vería disminuidos sus beneficios tributarios con la reforma original, pues le imponía el pago de IVA. Con el protocolo de acuerdo, es uno de los que más se benefició. Porque, entre otras cosas, se "clarifica" que se mantiene el crédito especial de IVA a las constructoras, se repone el crédito de 225 UF ($5,4 millones) a la construcción de viviendas de hasta 2.000 UF ($48 millones) y establece que quienes obtengan hasta 8.000 UF ($192 millones) en ganancia de capital por ventas de inmuebles no pagaran impuesto a la renta por ello.
-Los cambios benefician a la gente que tiene inversiones inmobiliarias versus la que tiene otros ahorros e inversiones. Tu negocio inmobiliario puede ganar hasta 8.000 UF al año, libre de impuesto. ¡Nadie tiene esa granjería en ninguna otra pega! -cuestiona Agostini.
Para el senador Montes el IVA a la construcción y la ganancia de capital deben ser parte de la discusión que está pendiente. Si este punto del protocolo de acuerdo no se modifica y se sigue beneficiando a las empresas constructoras, debiera compensarse de alguna forma, pues implica medio punto del PIB en menor recaudación.
EL GOL DEL SENADOR LETELIER
El senador socialista Juan Pablo Letelier consiguió un inesperado triunfo en el protocolo de acuerdo que firmó el ministro Alberto Arenas con la derecha. En las modificaciones a la reforma tributaria se incluyó una vieja propuesta suya como una forma de compensar los menores ingresos que supondrán algunos de los cambios. Se trata de una norma transitoria para la repatriación de capitales chilenos en el extranjero, iniciativa que Letelier viene promoviendo al menos desde 2010.
Letelier dijo a El Mercurio que la medida podría recaudar hasta US$ 1.200 millones por esta vía, pues estima que hay unos US$ 50 mil millones chilenos alojados en otros países, aunque aún no se sabe qué tasa espera cobrar el gobierno.
Este punto causa recelo en distintos sectores, pues aunque el protocolo establece que se seguirán "los más estrictos estándares de la OCED", es difícil tener certeza del origen de los fondos. Según un ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, en dos ocasiones estuvieron a punto de acoger la propuesta del senador Letelier y en el Ministerio de Hacienda se hicieron informes detallados al respecto. Fue el propio Piñera quien lo desestimó porque nunca quiso correr el riesgo de que, por esta vía, se produjera algún tipo de blanqueo de capitales.
Imagen: Agencia Uno
