A 30 años de la Operación Alfa Carbón

Con la realización de diversas actividades a realizarse en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, familiares, amigos y compañeros de los caídos conmemoran este mes los 30 años de ocurrida la operación represiva conocida como matanza de la Vega Monumental. Los días 23 y 24 de agosto de 1984 la CNI, el criminal aparato represivo de la dictadura, desató una operación punitiva para aniquilar a miembros de la Resistencia y del MIR en las principales ciudades del sur de Chile.

La represión dictatorial

Aquel operativo, denominado “Operación Alfa Carbón” en la jerga represiva, abarcó las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otros pueblos sureños. En ella fueron asesinados un total de 7 miristas, una veintena resultó detenida y otros tantos lograron escapar de las acciones represivas en su contra. El día 23, en Hualpén, fue asesinado Luciano Aedo Arias; en la Vega Monumental fue ejecutado Mario Lagos Rodríguez, allí mismo apresaron a Nelson Herrera Riveros el que fue llevado hacia el camino a Santa Juana y ejecutado a sangre fría. En la ciudad de Los Ángeles fue asesinado Mario Mujica Barros; en Valdivia fueron ejecutados Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala en el sector de Puente Estancilla, un descampado camino a Niebla. El día 24, también en Valdivia, fue asesinado Juan José Boncompte Andreu en su vivienda en la calle Rubén Darío.

Se trató de un gigantesco operativo de la CNI destinado a desarticular la actividad de la resistencia popular en el sur y asesinar a los principales dirigentes y militantes del MIR. La acción represiva fue la culminación de una operación de inteligencia que se preparó y prolongó por más de seis meses por parte de efectivos de la CNI. Toda la preparación y ejecución del operativo estuvo bajo el mando directo de Marco Spiro Derpich Miranda y de Álvaro Julio Corbalán Castilla. Por entonces, Derpich era coronel de ejército y ejercía como jefe de la División Regionales de la CNI; por su parte, Corbalán Castilla era mayor de ejército y ejercía como jefe de la División Antisubversiva de la CNI, que estaba asentada en el Cuartel Borgoño, de Santiago.

Toda la acción represiva fue ordenada y monitoreada por la Dirección Nacional de la CNI que en esa época comandaba Humberto Gordon Rubio, secundado por Hugo Salas Wenzel. Tanto la labor de inteligencia previa, como la preparación y ejecución del operativo, así como los propósitos que buscaban, fue organizada y controlada por los mandos superiores, quienes dispusieron la movilización de hombres, los medios y recursos necesarios para el logro del objetivo de neutralizar al MIR y la Resistencia en el sur.

Durante esos meses fueron trasladados desde Santiago hacia las ciudades sureñas, para hacerse parte de las acciones previas, más de medio centenar de agentes de la División Antisubversiva de la CNI, principalmente los miembros de la Brigada Azul de esa división que se especializaba en la represión al MIR. Pero también fueron movilizados agentes de la Brigadas Amarilla, Café, Verde, Plomo y Especial. Este contingente, sumado a los agentes locales, sumaba cerca de un centenar de miembros de la CNI tras los pasos de los miristas durante la preparación y ejecución del operativo.

En la ejecución de los operativos de exterminio participaron la totalidad de agentes desplazados desde Santiago junto a los integrantes de las Brigadas Regionales de CNI que operaban en Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Los agentes operaban en equipos, los que cumplían diversas funciones, entre las que estaban los que debían encargarse de las ejecuciones. Los objetivos y los responsables de cumplirlos fueron señalados por los jefes de las Divisiones y Brigadas, secundados por sus oficiales, en sendas reuniones previas con los jefes de equipo; reuniones que se llevaron a efecto en todas las ciudades y en las que los miristas a ejecutar fueron señalados con una cruz en un gráfico ilustrativo; a los jefes de equipo encargados de las ejecuciones les fueron entregadas indicaciones y carpetas para asegurar el cumplimiento del objetivo criminal.

Los montajes y encubrimientos

Todo ello habla de una planificación, preparación y disposición previa para realizar una acción de represalia y ejecución, mediante el asesinato de los principales dirigentes, destinada a destruir la capacidad organizativa y de acción que el MIR tenía en la zona sur del país. Esta premeditada operación criminal fue presentada por los órganos oficiales de la dictadura y por los medios de prensa de la época como extremistas muertos en enfrentamientos con efectivos de las fuerzas de seguridad.

A esta farsa se suma la complicidad y labor de encubrimiento que por más de 20 años desempeñó la justicia a través de los Tribunales Militares, los que simplemente no investigaron nada ni nada hicieron por establecer la verdad. La historia judicial de este caso comienza el mismo 23 de agosto de 1984, en las fiscalías militares de Concepción, Temuco y Valdivia con procesos caratulados en contra de la veintena de detenidos en el marco de las acciones represivas y, supuestamente, para establecer los responsables de las “violencias innecesarias” que causaron la muerte de los miristas.

El Fiscal Militar de turno sobreselló el caso el año 1998; resolución que, como siempre ocurre, fue confirmada por la Corte Marcial. Resolviendo ante un recurso de casación interpuesto por los familiares de las víctimas, la Corte Suprema ordena seguir con la investigación. El año 2003, un nuevo fiscal militar asume el caso y, luego de fracasadas sus tentativas para nuevamente sobreseer, se decide por investigar los hechos.

La verdad judicial

Desde el año 2007 se pudo dar avances sustanciales en la investigación, esencialmente por la participación de la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos de la PDI en las labores investigativas. Recién entonces la farsa de los enfrentamientos comenzó a desmoronarse jurídicamente y comenzó a establecerse la verdad jurídica de las ejecuciones y los encubrimientos. Verdad que nunca estuvo en duda para los familiares, para la historia real y para la memoria social, aunque fuese ignorada y humillada por quiénes debían establecerla en los tribunales de justicia.

Los avances logrados permitían esclarecer los hechos y responsables pero, con el proceso judicial en manos de tribunales militares, no podía esperarse que se aplicara algo de justicia. Por el contrario, con eufemismos jurídicos como “violencia innecesaria con resultado de muerte” se pretendió encubrir asesinatos, ejecuciones, homicidios, cometidos con premeditación, alevosía, sobreseguro y, en tres de los siete crímenes, en descampado.

Posteriormente, en agosto del año 2009, el proceso judicial pudo ser arrebatado de manos de los tribunales militares y asumido por el Ministro en Visita Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción.

En deuda

Sin embargo, el proceso en manos de los Tribunales de Justicia no ha tenido el decurso que se espera de los tribunales civiles. El proceso judicial sigue siendo objeto de una lentitud que va a contrapelo del concepto de oportunidad que la justicia debiera tener. Se observa una falta de voluntad, o de valor, o de compromiso con la justicia, para procesar a los responsables imputables en los hechos. En respectivas resoluciones emitidas en el curso del 2013 y enero del 2014, el Ministro Sr. Aldana y la Corte de Apelaciones de Concepción se negaron a procesar a una serie de agentes de la ex CNI, entre mandos superiores, oficiales y tropas, que tuvieron activa y directa participación en la comisión de estos asesinatos.

Recién, a fines de julio, el Ministro Aldana recalificó su decisión respecto del grado de participación de algunos agentes en los diversos crímenes. Así, en cuanto a la responsabilidad de los mandos y oficiales, por el delito de asociación ilícita y de homicidio calificado fueron procesados Marcos Derpich y Álvaro Corbalán respecto de todas las víctimas; Jorge Mandiola Arredondo respecto de las cuatro víctimas de Concepción y Los Ángeles; y Patricio Castro Muñoz respecto de las tres víctimas de Valdivia.

Por el delito de homicidio calificado quedaron procesados los agentes Luis Gálvez Navarro y Roberto Farías Santelices por el homicidio de Luciano Aedo Arias en Hualpén; Manuel Morales Acevedo por el crimen de Mario Lagos Rodríguez en la Vega Monumental; José Abel Aravena Ruiz, Luis Enrique Andaur Leiva, Sergio Mateluna Pino y Patricio Bertón Campos por el asesinato de Nelson Herrera Riveros camino a Santa Juana; los agentes Bruno Soto Aravena y José Zapata Zapata por el crimen de Mario Mujica Barros en Los Ángeles; Luis Moraga Tresckow, Gerardo Meza Acuña y Luis René Torres Méndez por los asesinatos de Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala en Puente Estancilla; y Oscar Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez por el crimen de Juan José Boncompte Andreu en la calle Rubén Darío, en Valdivia.

No obstante, aún quedan impunes algunos agentes, mandos y oficiales que los magistrados consideran que no deben ser juzgados por estos delitos. La Justicia aplicada con criterios de impunidad, de acomodos, de equilibrios políticos, de la medida de lo posible, no parece justicia y no es la justicia que reclaman delitos y crímenes tan alevosos como los que se cometieron en la llamada “Operación Alfa Carbón”.

El año 2013, con motivo de los 40 años del golpe militar, la Corte Suprema de Justicia realizó un reconocimiento de ciertos errores y deficiencias en que los tribunales de justicia incurrieron durante los tiempos de la dictadura. Sin embargo, pareciera que la autocrítica en la declaración Suprema en el sentido de señalar: “corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita”, se ha convertido en una frase difícil de hacerla real por parte de ciertos magistrados.

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