Acuerdo bilateral entre EEUU y Chile: El nefasto shale gas llega de la mano de Bachelet

Dentro de los lineamientos de la agenda energética, Máximo Pacheco, Ministro de Energía del Gobierno de Michelle Bachelet, anunció que se diversificaría la matriz eléctrica del país. Bajo esta idea es que se impulsa la incorporación  del Shale Gas a la matríz, con el objetivo de reemplazar el petróleo en generación eléctrica por el GNL.

El Shale Gas es también conocido como gas esquisto, debido a que se extrae de zonas donde abunda esta roca, a altas profundidades. El método de extracción del Shale Gas -fracturación hidráulica – es un tema en constante debate, pues se le culpa de contaminar las zonas acuíferas -hay estudios que también lo niegan-  y de haber provocado sismos en distintos países. El 30 de Junio del presente año, el New York Times informó de la decisión de la Corte de Apelaciones del Estado Norteamericano, de que los pueblos de Nueva York podían prohibir el Fracking en sus territorios -New York Towns Can Prohibit Fracking, rezaba el titular-, todo ello llevado a cabo por la presión de la comunidad neoyorkina preocupada por su salud y el medioambiente.

 

No es menor este tema pues en nuestro país, nos informamos que el representante de los trabajadores de ENAP, Jorge Fierro, planteó al Ministro Pacheco la posibilidad de crear nuestro propio Shale Gas en el sur de Chile.

 

El Shale Gas es una apuesta geopolítica de Estados Unidos, pues es el principal productor mundial. De hecho, Máximo Pacheco anunció que ENAP logró un acuerdo con EEUU y que “El primer puerto que va a entrar en operaciones para exportar Shale Gas desde Estados Unidos es el puerto de Cheniere y entre los primeros embarques de gas que van a salir de exportación desde ese puerto es gas que viene para Chile”. El acuerdo se realizó gracias a las gestiones del propio Ministro de Energía y la Presidenta Bachelet. En su viaje durante junio firmaron un acuerdo de cooperación bilateral con el Secretario de Energía de Estados Unidos, Dr. Ernest Moniz.

 

No son insignificantes estos hechos y vienen a dar cuenta que, detrás de una agenda energética innovadora hay una manifiesta dependencia al gigante del norte. El TLC con EEUU permitiría también, la entrada sin aranceles al sistema eléctrico chileno. El acuerdo bilateral incluye “en materia de gas y petróleo, cooperación en la planificación y promoción del desarrollo de gas no convencional; apoyo en materia regulatoria; mecanismos de tarificación;  redes de distribución para el mercado del gas e infraestructura de seguridad en plantas de regasificación.

Con respecto al desarrollo eléctrico, promueve la cooperación en aspectos técnicos referentes a redes inteligentes, experiencias de desacople, netmetering, entre otras experiencias.

La dependencia energética del país a las empresas estadounidenses puede provocar otro tipo de dificultades que no guardan directa relación con la energía. Le otorga a EEUU un poder político aún mayor para configurar el desarrollo del país bajo sus intereses. Cabe recordar, por ejemplo, que cuando Venezuela decidió nacionalizar una serie de sectores de la economía -y pese a tener un gobierno democráticamente electo- EEUU decidió no dar más asistencia técnica a los aviones de guerra venezolanos, lo que obligó al vecino país a comprar nuevos aviones, con su respectiva asistencia técnica a Rusia.

Pero los hilos de los lineamientos de la política energética ya están tomados. ENAP señaló sus intenciones de evaluar el terminal de Gas en la Región del Bío Bío. Su proyecto se da en paralelo al de Biobiogenera (Octopus) en la Bahía de Concepción quien ya firmó un acuerdo con Cheniere -la misma empresa con la que ENAP llegó a acuerdo-

 

Más allá de este debate, es necesario preguntarse acerca de la necesidad de producción energética. En un artículo anterior se señaló que según un informe del INE Distribución de energía eléctrica por tipo de cliente (2007-2010) el 34.8% de la energía va hacia el sector minería,  un 23.9% a industrias y solo un 16.2% a clientes residenciales. El Diagnóstico acerca de una crisis energética se hace bajo la óptica de los proyectos empresariales, muchos de ellos severamente cuestionados por el interés general, y sin ser necesarios para la comunidad. El beneficio que el gobierno proyecta con la entrada del Shale Gas a la matriz eléctrica es la baja en los precios de la energía. Pero esos precios beneficiarían a los clientes libres con contratos indexados al costo marginal. Es decir, a la gran empresa exportadora.

Biobiogenera ha indicado que su forma de posicionamiento en el mercado, guarda relación con la apertura de la matriz al Shale Gas. La política energética chilena puede entenderse como un apoyo al proyecto de terminal marítimo y gasoducto en la bahía de Concepción y el emplazamiento de una megacentral termoeléctrica en Bulnes y da a entender que la inclinación por este combustible no tiene que ver con su menor efecto contaminante, sino con sus bajos precios. Cabe mencionar que el Subsecretario de Medioambiente Marcelo Mena trabajo en la modelación de emisiones del proyecto Octopus que ha generado tanta oposición en la Provincia de Concepción.

Varias preguntas quedan bajo estos acuerdos una de ellas es ¿Por qué firmar un acuerdo que incluye sustentabilidad y eficiencia energética con el 2º país que provoca más emisiones contaminantes en el mundo?. Es una pregunta que queda dando vueltas junto con las dudas sobre las apuestas en tecnologías respetuosas de las comunidades y el medioambiente que propugna la clase política, pero que no tienen un contenido real pues no hay iniciativas de parte del Estado de financiar proyectos, sin duda más costosos, pero adecuados. Es decir, nuestra política energética queda subordinada a los diseños mercantiles del mundo empresarial y a la dependencia geopolítica al gigante del Norte.

 

Fuente Imagen: http://www.acclaimimages.com

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