Hay al menos 114.000 desaparecidos del franquismo en el estado español

La cifra seguramente resulta corta, pero resulta ya espeluznante de por sí. Y la ONU ha puesto el foco sobre la cuestión con dos informes consecutivos, el del Grupo de Trabajo sobre Desaparecidos y el del Relator de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Según datos de un juzgado de la Audiencia Nacional, quedan todavía al menos 114.000 personas por descubrir, desaparecidas en el periodo franquista.

El Español está entre los países del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas, y la situación no ha sido remediada en los 78 años transcurridos desde el golpe de Estado franquista de 1936. La propia Audiencia Nacional española -en concreto su Juzgado de Instrucción número 5- reconoce la existencia de, al menos, 114.266 desapariciones forzadas durante la guerra y la represión de las décadas posteriores.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONG Rights International Spain (RIS) remarcó que el desconocimiento del número exacto de víctimas de personas hechas desaparecer en esa época «ya evidencia la desidia absoluta de las autoridades españolas en la materia».

Subrayó también que estas desapariciones constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o el paradero de la víctima, como es el caso de «los más de 100.000 desaparecidos enterrados en fosas comunes por toda España».

«La impunidad sistemática existe, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares que, según la definición internacional, son también víctimas de desaparición forzada», denunció.

RIS ha solicitado al presidente, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a través de una carta a la cual puede sumarse cualquier persona, que «de una vez por todas den cumplimiento a las obligaciones internacionales de derechos humanos en esta materia, cesando en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación y adoptando las medidas instadas por la ONU».

Demanda que, «con carácter de urgencia, se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, que se investiguen las desapariciones y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia», incidió RIS.

De los 114.266 desaparecidos, más de 12.000 lo serían en Euskal Herria, donde desapareció uno de cada 250 habitantes.

Según la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que investigó las desapariciones forzadas entre 1936 y 1942 correspondiente a la CAV, 8.666 hombres y mujeres de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desaparecieron durante ese periodo. En Nafarroa, donde no hubo frente de guerra, está constatado es que 3.100 navarros fueron fusilados en retaguardia.

«Modelo de privatización»

Toda esta situación ha puesto al Estado español ante la ONU en estas últimas semanas. En un informe hecho público anteayer, el Relator sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la ONU concluye que «nunca se ha establecido una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad».

Critica también que «el modelo vigente de `privatización’ de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad. Los reclamos de los familiares para dar sepultura a sus seres queridos son urgentes», añade Pablo de Greiff.

Asimismo, el Relator constata «una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y por otro las víctimas y asociaciones con quienes estuvo en contacto. Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Esta brecha es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de `desmedidas’».

A este respecto, expresa su sorpresa al escuchar por boca de representantes del Gobierno español con quienes se reunió frases como «o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto». «La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos», remarca.

En otro informe publicado a finales de julio, el Comité contra la Desaparición Forzada, también de la ONU, exigió a Madrid que «asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido; adopte las medidas necesarias con miras a superar los obstáculos jurídicos y que las víctimas reciban reparación adecuada».

Recomendaciones

La ONU insta a Madrid a asegurar que todas las desapariciones son «investigadas de manera exhaustiva e imparcial»; a «adoptar las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas»; y a que los responsables sean enjuiciados.

CeAqua pide enseñar la verdad y formar en derechos

La Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) ha mostrado su satisfacción por las 19 recomendaciones del Relator Especial por la Verdad, la Justicia, la Reparación y Garantías de No Repetición al Estado español en materia de memoria histórica.

Celebra el reconocimiento por parte del Relator de que «nunca se ha adoptado una política de Estado para la promoción de la verdad». «Ni existen censos oficiales del número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, ni se reconoce la importancia de temas como los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, niños robados, las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de derechos humanos», remarca la CeAqua en un comunicado.

«La ausencia de la verdad, además, se ve sustentada por el perverso discurso todavía presente en determinados libros de texto y sectores de la educación, así como en sectores relevantes del poder político, sobre la lucha fratricida entre dos bandos y la falsa imagen de la Guerra Civil como `un conflicto entre dos Españas’, afirmaciones que apoyan la idea de que `todos fuimos culpables’», incide. Y estima que «la no repetición pasa por que las futuras generaciones, los funcionarios públicos, el personal militar y policial y también médico tengan una adecuada formación sobre memoria y derechos humanos». GARA

EN EL MUNDO

30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar argentina, según organismos de derechos humanos. Además, los militares robaron a cerca de 500 menores, de los cuales las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado recuperar y restituir su identidad a 114.

3.065 personas murieron o permanecen desaparecidas en Chile, según la investigación realizada por la Comisión Valech.

26.000 son los desaparecidos documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Esta cifra corresponde a los últimos 43 años. Otras fuentes como el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) elevan a más de 92.000 los desaparecidos a causa del conflicto.

22.332 personas han desaparecido en México en el marco de la guerra contra el narcotráfico y la lucha entre los diferentes cárteles (2006- 2014), según el último recuento del Gobierno hecho público el pasado 21 de agosto.

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