Indiferencia y voracidad empresarial atenta contra sitio emblemático en Mulchén

La Corte de Apelaciones de Concepción tendrá que resolver la solicitud presentada por el Programa de Derechos Humanos, en representación de los familiares de víctimas de la dictadura de la comuna de Mulchén, que busca impedir la construcción de una Central Hidroeléctrica de Pasada que pretende construirse en el Río Renaico.

En octubre de 1973, entre otros tantos crímenes, se cometió el asesinato y desaparición de 18 campesinos pertenecientes a 3 lugares de la zona cordillerana de la comuna. La solicitud judicial se fundamenta en el hecho que la central de pasada afectaría una zona considerada sitio de memoria y veneración por las familias puesto que allí se ubicaba una sepultura clandestina donde fueron enterradas víctimas de este suceso.

En efecto, la Central Hidroeléctrica de Pasada Agua Viva se proyecta en terrenos del fundo Carmen Maitenes, entre otros, junto al río Renaico, afectando la ubicación de una fosa clandestina donde en octubre de 1973 las hordas represivas, uniformadas y civiles, del naciente régimen militar asesinaron e inhumaron ilegalmente a ocho campesinos del mencionado fundo. Las víctimas se convirtieron en desaparecidos.

Luego, en mayo de 1979, como parte de la “Operación retiro de televisores” ordenada por el tirano y dirigida a nivel nacional por el jefe de la CNI Odlanier Mena, efectivos uniformados procedieron en secreto a la exhumación ilegal de los restos y a trasladarlos al Regimiento de Los Ángeles donde los habrían incinerado. Los restos de los desaparecidos fueron, nuevamente, hechos desaparecer. En el marco de la investigación judicial de los casos de los detenidos desaparecidos de Mulchén y de la investigación judicial de la horrible operación criminal de borrado de huellas ordenada por el dictador, el lugar donde se ubicaba la fosa adquiere el carácter de “sitio del suceso”.

La solicitud de los familiares de las víctimas presentada en los tribunales penquistas deja al desnudo la arrogancia, prepotencia e impunidad con que actúan los grupos empresariales para imponer sus proyectos económicos. Esta actitud se expresa en el atropello en que han incurrido históricamente hacia las comunidades mapuches y de campesinos pobres de las zonas rurales donde centrales hidroeléctricas instalan sus monstruos y monstruitos. Se ha evidenciado, también históricamente en el atropello y exclusión de comunidades urbanas y costeras en proyectos de centrales termoeléctricas que han asolado las realidades locales; solo en algunos casos, estos proyectos invasivos han podido ser bloqueados por la movilización social y accionar judicial emprendidos por las comunidades afectadas.

La displicencia del empresariado resulta ser un factor común que atenta contra la realidad de las comunidades y medio ambiente donde quiera que pretendan irrumpir con sus proyectos. Llama la atención y resulta intolerable la facilidad con que las autoridades aceptan, aprueban o dan carta blanca para todo tipo de proyectos depredadores o invasivos con total prescindencia de la opinión e intereses de la ciudadanía de las localidades afectadas; actúan con indiferencia hacia los intereses medioambientales, culturales, históricos y, como en este caso, humanos de la comunidad que resulta afectada y agredida por estas iniciativas. A las comunidades y ciudadanía no les queda otro camino que, junto a la movilización social para exigir el respeto de derechos esenciales, emprender vías judiciales para tratar de hacer valer sus legítimos derechos humanos.

El escrito presentado este miércoles 30 ante el Ministro Carlos Aldana, que sustancia las causas de Derechos Humanos en la jurisdicción penquista, pretende que se dicten las medidas necesarias para proteger el sitio por considerar que contiene evidencias esenciales para la investigación y resolución de los procesos judiciales en curso relacionados con las víctimas de Mulchén. El ministro Aldana se declaró incompetente para resolver sobre el asunto puesto que la causa que relacionada al caso se encuentra elevada a la Corte. Por tal motivo, los familiares hicieron la presentación ante el alto tribunal.

Junto con los familiares de las víctimas se hizo parte de la reclamación el Comité Social por Mulchén; organización social que se ha constituido para manifestar su preocupación por el impacto ambiental y social de los proyectos energéticos que pretenden instalarse en la comuna. Por tal motivo han solidarizado con la presentación de familiares de los detenidos desaparecidos de Mulchén.

Fotografía: Paulina Pérez de Pablo. Conmemoración de los 40 años del golpe.

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