Institucionalidad pesquera y ambiental vuelven a develarse como funcionales al empresariado extractivista

Esta semana se conocieron dos noticias que volvieron a acusar la negligencia de la institucionalidad pesquera y ambiental, provocando la exigencia de destitución del Subsecretario de Pesca y la solicitud invalidar la aprobación del proyecto de Modernización y Ampliación de Planta de Celulosa Arauco (MAPA). 

Uno de los hechos fue el protagonizado por el Consejo Nacional de Pesca que confirmó la entrega del 20% de la extracción de jibia a la pesca industrial, obedeciendo el arbitrio del Subsecretario Raul Súnico, quien violó el acuerdo del 2 de abril de 2014, firmado por él y el Ministro de Economía Luis Céspedes ante pescadores artesanales, donde se comprometían “a dictar en un plazo de 45 días corridos la resolución que regule la “potera línea de mano” como el único arte y/o aparejo de pesca autorizado para extraer la cuota global anual de dicho recurso”. Es decir, autorizarían sólo el método artesanal para la captura de jibia. Contrariamente, la industria lo hará con pesca de arrastre. 

El 20% de la explotación de jibia por la flota pesquera industrial sumará nuevos efectos al estado de sobreexplotación de las poblaciones de peces y moluscos, debido a la no selectividad de su captura. Serán miles de toneladas de fauna acompañante que acabarán descartadas, o sea, muertas y botadas al mar. La industria no lo puede hacer de otro modo, sus pretenciones financieras lo exigen. 

En respuesta a esta decisión, este viernes 1 de agosto, pescadores artesanales realizaron una marcha por Concepción exigiendo la destitución del Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, por la corrupción y negligencia de la que está impregnada su gestión. 

El otro hecho lo constituyó la publicación de un video en que el ex director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Bolivar Ruiz, se refiere a la calidad de la consulta indígena hecha por la empresa Arauco a las comunidades mapuche que consideraron afectadas por el proyecto MAPA, consistente en ampliación de la fábrica de celulosa en Horcones, provincia de Arauco. 

Según biobiochile.cl, la grabación fue realizada el 11 de noviembre de 2013, luego de una protesta en el SEA regional ubicado en Concepción. En ella Ruiz aparece declarando que “la carta propuesta de la empresa, nosotros la consideramos absolutamente insuficiente para los efectos del estandar del convenio 169”.

La carta en cuestión comunicó las condiciones de aplicación de la cosulta. La gravedad de esta afirmación radica en que el convenio 169 de la OIT fue suscrito por el Estado chileno y tiene el caracter de vinculante, es decir, obliga a los Gobiernos a implementar diversas acciones, entre ellas, la consulta respecto de todas las acciones que incidan en la vida comunitaria de los pueblo indígenas.

Ruiz, al reconocer lo insuficiente del contenido de la “carta propuesta” denuncia la negligencia de su propia institución, en tanto el proyecto MAPA fue aprobado con este antecedente. 

A través de la abogada Paula Villegas, comunidades lafkenches pusieron un recurso de protección e ingresaron una orden de no innovar respecto a la construcción de esta planta destinada a triplicar la producción de pulpa de celulosa, desde los actuales 790.000 toneladas anuales, hasta las 2.100.000 a partir de 2015. 

Estos dos hechos muestran que la institucionalidad, promocionada como científica e imparcial, tiene un claro propósito de favorecer los intereses empresariales que fundan sus granjerías en la expoliación y empobrecimiento de nuestro territorio y habitantes.

Foto: Este viernes, pescadores en marcha por Concepción. Camila Lassalle.

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