El martes 10 de junio el comité de ministros encabezado por el titular del Medio Ambiente, Pablo Badenier, rechazó el proyecto HidroAysén acogiendo una gran cantidad de denuncias hechas por la comunidad, organizaciones y empresarios vinculados al turismo.

Los proyectos en la Región del Bío Bío

La iniciativa de las energéticas Colbún y Endesa en la patagonia chilena, era paradigmática en tanto mostraba no solo la voracidad por la producción energética, sino también la irracionalidad del modelo de desarrollo chileno dispuesto a sacrificar un territorio casi sin intervención, con la intención de producir electricidad. No obstante la decisión- bien acogida por la ciudadanía por lo demás-, que dio a algunos esperanza de revertir los desastres medioambientales y sociales producidos por las generadoras, el día anterior al rechazo -lunes 9 de junio- el Intendente Rodrigo Díaz y los seremis del Biobío aprobaban una central termoeléctrica de biomasa en Cabrero, sin estudio de impacto ambiental y que se sumará a las 6 existentes en la localidad.

En la Región del Bío Bío existen una serie de proyectos que, sin la envergadura de Hidroaysén, son parte de la iniciativa del empresariado por producir mayores cantidades de energía. Al caso de Cabrero, debe agregarse una central en Mulchén. El caso de la Central de pasada de GDF Suez en el Río Laja que terminó con la zona turística de La Aguada. Dos proyectos hidroelécricos adicionales se quieren implementar en el Río Bío Bío en los sectores Rucalhue y San Miguel, que vendrían a adicionarse las ya existentes Angostura, Palmucho, Pangue y Ralco.

Laraquete fue amenazada hace un par de años del intento de Southern Cross de instalar una termoeléctrica en el lugar. El dueño del proyecto, Rodrigo Danús, hace unas semanas acaba de aclarar que el proyecto aún está en sus planes y que tienen la intención de instalar una central de baja producción en Curanilahue. Ambas a base de carbón.

En Coronel ya existen las dos unidades de la cuestionada Bocamina de Endesa, a las que se suma Santa María de Colbún que ahora quiere instalar una segunda unidad en el mismo lugar.

A ellos hay que agregar la iniciativa que afectaría directamente a una gran cantidad de comunas -Talcahuano, Penco, Lirquén y Tomé, a las que se agrega Bulnes, representada por el proyecto BioBio Genera (ex Octopus) que pretende traer gas importado, transportarlo por un gasoducto utilizando un términal marítimo y la Bahía de Concepción, para terminar abasteciendo a la central termoeléctrica de ciclo combinado El Campesino, en Bulnes.

La política energética chilena

Hay varias razones para cuestionar la idea de un cambio en las políticas energéticas y medioambientales del gobierno. La más significativa, la iniciativa anunciada por el gobierno de Michelle Bachelet de impulsar proyectos energéticos que aportarán cerca de 1500 MW a los sistemas interconectados del país. Destacan entre esos proyectos Alto Maipo en la Región Metropolitana y una serie de proyectos a base de carbón impulsados por las empresas Colbún, Endesa y AES Gener, es decir, del oligopolio de la generación eléctrica. A estos anuncios a de proyectos hidroeléctricos y carboníferos, se suma la inversión de U$1000 millones de dólares en adelantar proyectos de transmisión de electricidad. Lo que significa un impulso político a los proyectos energéticos de los grandes grupos económicos y su apoyo a través de la inversión millonaria en proyectos de transmisión de la energía eléctrica generada por estas empresas.

El fondo del asunto para el gobierno y los empresarios, tendría que ver -aquí no hay diferencias entre el actual gobierno y el anterior de Sebastián Piñera- con el escenario de alta demanda energética y escasa oferta en el sistema interconectado. O sea, con el mercado de la energía y su principal cliente: los grandes proyectos mineros.

La megaminería del cobre, además de ser el principal sector productivo del país, es también el principal consumidor de energía junto a la industria forestal. Según un informe del INE Distribución de energía eléctrica por tipo de cliente (2007-2010) el 34.8% de la energía va hacia el sector minería,  un 23.9% a industrias y solo un 16.2% a clientes residenciales.

La emergencia de proyectos mineros es un dato indesmentible, lo que es sumamente cuestionable es que sean beneficiosos para el país. El mayor reflejo de ello no son solo los costos sociales y ambientales -contaminación y pobreza en los territorios donde se ubican los yacimientos; zonas de sacrificio-, sino también la propia devaluación del metal rojo que al explotarse en mayor envergadura, produce que sus precios bajen.  El ciclo expansivo del precio del cobre ha llegado a su fin tras haber sido explotado sin control por décadas.

El debate sobre la necesidad de proyectos energéticos tiene que ver entonces, no con una realidad que por cierto es desmentible -la necesidad de producción de energía-, sino con una realidad que se debe develar: la política energética chilena es diseñada siguiendo los lineamientos de los grandes grupos económicos.

Por otra parte, en los comentarios tanto del gobierno como de los empresarios esta ausente el concepto de ahorro de energía. Si hubiese una crisis energética de la envergadura que señalan, lo que debe ser implementado en primer lugar, es una política de ahorro energético contra el importante despilfarro de energía, sobretodo de los grandes clientes libres que negocian las tarifas con las generadoras eléctricas. No obstante aquello, se sigue atribuyendo la responsabilidad del ahorro de energía al sector residencial, que abarca tan solo el 16% del consumo.

La determinación del concepto crisis energética se basa en el diagnóstico de las necesidades de los próximos proyectos de la megaminería y la industria. Tiene por lo mismo, un sesgo ideológico importante.

La defensa corporativa v/s organización social.

La movilización contra HidroAysén marco sin duda un cambio en el movimiento social chileno. Pero en cierto modo, también lo confundió. Tras la borrachera vivida con su rechazo y el delirio sobre cambios en la política energética, el auspicio del gobierno a través de aportes millonarios a la misma forma de entender el desarrollo viene a desenmascarar que el proyecto fue frenado solo porque hubo movilización social y ante la posibilidad de que su aprobación reactivara a los sectores movilizados en un escenario donde la clase política está cada vez mas mal evaluada.

Si bien la composición «ciudadana» de las movilizaciones fue bastante importante en esta coyuntura, el peso que tuvo la movilización, también guardó relación con los intereses corporativos tras la defensa medioambiental. De hecho, las empresas tras la defensa de la patagonia no han tenido expresión al momento de defender otros territorios donde no están sus intereses, a diferencia con lo que vive el movimiento social. Este movimiento por la defensa de la patagonia disfrazo sus intereses planteando el movimiento medioambiental como fundamentalmente apolítico. En ese sentido ha limitado el poder de la movilización social hacia un escenario reactivo, sin crítica a la matriz productiva del país que se ve reflejada en los auspicios de los gobiernos de turno para potenciar las políticas de brutal extractivismo en el país.

Esta actitud «apolítica», artificial y mezquina significa, por cierto, un abandono de los ideales sociocráticos a los que se apeló para levantar la movilización en distintas regiones.

En este sentido Hidroaysén recuerda el proceso vivido en las protestas contra la Central Ralco, que más allá del cuestionamiento a la intervención del BíoBío y de los territorios pehuenches- realizado fundamentalmente por organizaciones y ONGs medioambientales- no hizo más que tomar una posición crítica y apolítica, sentando las bases de un medioambientalismo inofensivo.

El movimiento medioambiental debe tender a politizarse, no en un sentido partidario, sino en su condición de posibilidad de trascender la mera coyuntura y proyectar los intereses generales de la población en una política energética subordinada a esos intereses. Por lo mismo, un movimiento medioambiental coherente debe aspirar a confrontar sus posiciones y presionar y obligar a los gobiernos de turno a respetar el derecho humano básico a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Y eso significa ser parte del movimiento social que se confronta a los poderes fácticos por la defensa de los derechos sociales.

Los años de luchas contra los proyectos extractivistas y contra la instalación de proyectos energéticos contaminantes, han demostrado que mientras la sociedad en su conjunto no participe en estas discusiones políticas, planteando por ejemplo, la necesaria subordinación de la economía a la ética- es decir, que los negocios respeten las condiciones de vida de las personas- la casta político empresarial del país seguirá orientando al país hacia sus intereses particulares.

Las comunidades v/s BioBio Genera (ex Octopus)

Tras el profundo rechazo de las comunidades de los territorios involucrados en la construcción de un terminal marítimo de gas, un gasoducto y una central termoeléctrica con capacidad de producir cerca de 1170 megawatts, el proyecto cambio de nombre – de Octopus a Bio Bio Genera- fue retirado del SEA y presentó, tras una serie de críticas realizadas por actores sociales, varias modificaciones a sus proyectos.

Julio y agosto serán fechas claves, pues se ingresará nuevamente al SEA tanto el proyecto de terminal marítimo y gasoducto, como el de la termoeléctrica. Ambos planes con importantes modificaciones. Según consignó su director ejecutivo Juan José Gana, se cambiaron puntos sensibles para la población para lograr la aprobación del proyecto. Entre las medidas están la baja utilización de agua en el enfriamiento de la Central termoeléctrica, el cambio del uso de cloro por la ionización en el proceso de regasificación y la no intervención del humedal Rocuant/Andalién con el gasoducto.

Los anuncios de cambios del proyecto energético, son vistos con recelo por parte de las comunidades organizadas contra Octopus. Existe el cuestionamiento a los grandes anuncios, como por ejemplo, que la ionización que se utilizará en el regasificado es un método que nunca ha sido utilizado. A ello se agrega que a pesar del anuncio de utilizar la mínima cantidad de recursos hídricos, la empresa sigue con los derechos de agua del proyecto anterior y ha solicitado más. Y una de las más inquietantes es que a pesar de estar a cerca de un mes de la presentación del proyecto aún no se sabe por donde pasará el gasoducto.

No son cuestiones menores cuando se está enfrente de un inmenso proyecto, que quiere entrar en el mercado del gas y también construir la mayor central termoeléctrica a gas del país que producirá 1170 MW. Para la comunidad se torna sospechoso que un solo proyecto se presente como si fuesen dos -terminal y gasoducto por un lado y termoeléctrica por el otro-  y que además vaya a utilizar un gasoducto del pacífico que fue afectado por uno de los terremotos más grandes de la historia.

La relativización de la contaminación del gas frente al uso del carbón, ha llevado a que varios «expertos medioambientales» señalen que es una opción saludable para la generación de energía eléctrica -como el Subsecretario de Medioambiente, Marcelo Mena-. Lo cierto es que esta postura ignora la forma en que se extrae el combustible de la tierra, sobretodo en EEUU -país desde donde BioBio Genera importaría-: el método Fracking o de fracturación hidráulica que se resume en la inyección a presión de agua, arena y productos químicos para aumentar la salida del gas. Las críticas hacia el método señalan que se ha extendido su uso por ser económico, pero lo responsabilizan de contaminar el subsuelo, las napas subterráneas, de utilizar un elevado consumo de agua, contaminación de la atmósfera y la migración de los gases y productos químicos utilizados a la superficie.

Publicado en la versión impresa de Resumen nº57.

Fuente imagen: El Ciudadano