Condena a la represión y a la promoción del pánico

Ante el clima de temor impuesto y la represión del día 11 de septiembre en Concepción, declaramos que:

1.                  Es evidente que se ha puesto en marcha un plan para crear pánico en la sociedad chilena a través de diversos métodos. Durante el día 11 de septiembre, la ciudad de Concepción ha sido testigo de la más desvergonzada campaña para crear este clima y criminalizar la manifestación y la expresión públicas. Para ello y de forma anónima, se instalaron numerosas falsas amenazas en centros comerciales y lugares de concurrencia pública. Este empeño por amedrentar cobardemente a la población coincide con iguales acciones en otros lugares del país y es divulgada de manera entusiasta por funcionarios de gobierno y por la mayoría de los medios de comunicación masivos, que pretenden asociar estas acciones a la tradicional manifestación pública que se convoca cada año, instalando el sesgo antidemocrático del gobierno para impedir el derecho a la libre expresión.

2.                  La manifestación que se realiza regularmente en todo el país, en Concepción concitó una participación de casi dos mil personas. Pero su realización fue impedida por cientos de agentes de Fuerzas Especiales y un despliegue de carros, caballería y motorizados que solamente pueden recordar a los años más turbios de la dictadura militar. Sin mediar agresión alguna, FFEE golpeó y detuvo, arrojó gases lacrimógenos y agua contaminada de forma indiscriminada contra la concurrencia, incluyendo, niños, niñas y tercera edad.

3.                  Toda esta violencia represiva ha sido parte del programa de pánico desarrollado a través de una desproporcionada campaña mediática, de acciones de amenaza pública y también de un gobierno regional que se “lava las manos” para no dar cuenta de sus responsabilidades. El gobierno regional, indignamente, ha humillado a los familiares de detenidos desaparecidos en la fecha que conmemora a sus víctimas, y ahora se encarga de crear las condiciones para aplicar la represión con el objeto de criminalizar la libre expresión.

4.                  Es increíble que el gobierno pretenda hacerse responsable de la seguridad pública, cuando son las propias instituciones que dirige las que se infiltran en manifestaciones con la finalidad de provocar actos de violencia y de desorden público, como quedara demostrado con la identificación de un funcionario de la PDI actuando como provocador violento dentro de una manifestación de organizaciones de derechos humanos. Esto explica la dificultad para identificar a los provocadores y bándalos que enturbian manifestaciones, pero, además, comprueba que está en marcha una campaña de criminalización contra la legítima protesta, orquestada desde el Estado.

5.                  Repudiamos igualmente la pretensión del gobierno de la Nueva Mayoría de ampliar las atribuciones de la Agencia Nacional de Información, creando equipos operativos más allá de las funciones de análisis de información. De esta manera, el gobierno de M. Bachelet avanza a constituir un oscuro organismo propio de los gobiernos autoritarios, una especie de nueva CNI para el control del movimiento social, utilizando como justificación el clima de temor que orquesta la ultra derecha. ¿Cuál es, entones, la función de Carabineros y de Investigaciones? Las fuerzas democráticas nos debemos oponer a la creación de aparatos represivos que actúan fuera del control de la sociedad y al alero de la desinformación pública.

6.                  Por todo lo anterior, requerimos que prontamente el Intendente Rodrigo Díaz se haga cargo de su función y asuma los costos de un proceso de represión ascendente, aún más grave que el desarrollado por el gobierno de Piñera. El gobierno no puede seguir mintiendo y diluyendo responsabilidades. Deberán asumir el significado que tiene impedir que los deudos y las víctimas de la dictadura, así como la juventud indignada ante una democracia que no ha llegado a ser, se manifiesten en libertad. No dejaremos de considerar el 11 de septiembre como un día de protesta y de memoria, tanto por las atrocidades y crímenes que siguen impunes como por la profundización de las políticas de injusticia impuestas por Pinochet.

UNIDAD COMUNISTA

Concepción, 12 de septiembre de 2014

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