La marcha conmemorativa los 41 años del Golpe Militar, este 11 de septiembre no fue autorizada por la Gobernación provincial de Concepción. Los manifestantes acusaron al Jefe de Gabinete Lautaro Benítez, como la autoridad que negó el permiso para marchar, reproduciendo medidas propias de Dictadura y de los momentos de mayor agitación social del 2011, durante el gobierno de Piñera.

La marcha no alcanzó a llegar a Avenida O’higgins, pues fue interceptada por carabineros de Fuerzas Especiales, quienes fueron increpados por diversos manifestantes por su infame labor. Luego de unos instantes, los manifestantes quisieron abrirse paso por la vía pública siendo reprimidos por el contingente, usando carros lanza aguas, lanza gases y deteniendo a unas veinte personas, las que fueron dispersadas en la Primera Comisaría del centro penquista y en el recinto policial de Lomas Verdes.

Posteriormente, una parte de los convocados se reagruparon en las afueras de la catedral penquista realizando ahí una velatón. En el lugar intervinieron diferentes representantes sociales quienes resaltaron que la matanza y cacería que se inició el 11 de septiembre con el Golpe Militar fue hacia quienes trabajaban por un país justo con igualdad de derechos para sus habitantes, derechos que hoy la Nueva Mayoría niega en favor del empresariado que los entiende como fuente de lucro.

La represión vivida hoy sorprendió a manifestantes y transeúntes quienes pudieron experimentar y presenciar el asedio represivo propio de un Estado policial que, al negar las demandas e iniciativas populares, no tiene otra respuesta que la violencia institucional. En diversas organizaciones sociales hubo consenso en atribuir las recientes explosiones de bomba como elementos constituyentes de un plan que justificase la represión.

La Nueva Mayoría tiene la certeza de que el mal vivir provocado por el sistema económico - el mismo que ellos se esfuerzan por perpetuar- generará una nueva ola de descontento y desde ya preparan su derrota, propiciando condiciones para restringir la libertad de manifestación a una escala propia de una dictadura, confirmando que, a 41 años, la herencia de ella está plenamente vigente.