La odisea de Alejandra: Violencia política sexual

Alejandra Holzapfel Picarte tenía 21 años y militaba en el MIR cuando fue detenida por la Dina el 11 de diciembre de 1974. Para entonces sabía de la existencia de centros clandestinos de detención, pero no imaginaba la dimensión de las atrocidades y horrores que se ejercían sobre los prisioneros. Junto a otras sobrevivientes, Alejandra y tres compañeras, presentaron una querella por violencia sexual contra mujeres, practicada por agentes del Estado.

Alejandra Holzapfel estuvo detenida en Villa Grimaldi, la Venda Sexy y Cuatro Alamos. Durante su paso por los centros clandestinos de la Dina fue violada por Osvaldo Romo y violentada sexualmente con un perro adiestrado por la mayor de Carabineros Ingrid Olderock. A mediados de 1975 fue expulsada del país. Para conversar sobre la querella y el difícil proceso de superación del trauma sufrido, Alejandra recibe en su hogar a Punto Final.

A sus 60 años se le ve tranquila; sonríe al mirar a su nieto que corretea por la casa. Cuando el niño se acerca, le acaricia, besa una mejilla, y el niño retorna a sus juegos. “Nosotras sufrimos atrocidades, pero somos capaces de ser felices, podemos mirar a nuestros hijos a los ojos pues somos personas dignas”, nos señala Alejandra Holzapfel.

Con voz pausada, relata que “este año cuatro mujeres nos decidimos a presentar una querella por violencia política sexual. Estamos dando la lucha para que se tipifique el delito de violencia política sexual y de tortura”. A renglón seguido dice que “los criminales, en su mayoría, están libres y nos encontramos muchas veces con ellos cuando pasean por las calles o cuando están firmando en tribunales. Hay cerca de 970 criminales procesados por los tribunales, sólo 57 están encarcelados” y añade: “Hay que hacer justicia y terminar con la impunidad para que nunca más vuelvan a violarse los derechos humanos”.

Alejandra, Nieves Ayress, Nora Brito y Soledad Castillo, decidieron presentar la querella tras largas conversaciones y difíciles procesos personales. “Fue un proceso complejo, me costó enfrentar el tema con mi madre. No quería que ella viviera una angustia más, pues ya sufrió mucho cuando estuve secuestrada en Villa Grimaldi y Venda Sexy. Contarle todos los horrores era muy complicado. A muchas compañeras les ocurre lo mismo. Guardan silencio, por sus madres, por los hijos, por sus compañeros y esposos, por los nietos. No quieren que se enteren, no hacen la denuncia, esto es comprensible. Las sobrevivientes estábamos preocupadas de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, los buscábamos, eran nuestra prioridad como también apoyar las demandas de sus familiares. Recién ahora hemos empezado a conversar nuestro tema y a darnos cuenta que debemos ser capaces de hacer un recuento de lo que pasó. Hemos ido reconstituyendo las piezas que existían, quiénes eran los torturadores, los jefes de los centros de tortura. Ha sido un proceso difícil, pues se integran las compañeras a las que les cuesta hablar de lo que vivieron. Pero entre todas nos apoyamos”.

La querella fue acogida a tramitación contra todos los que resulten culpables, cómplices o encubridores de las crueldades a que fueron sometidas los prisioneras. Alejandra ejemplifica que, en Venda Sexy, en diciembre de 1974, “el jefe era Raúl Iturriaga Neumann, y cumplían labores los torturadores Manuel Carevic, del ejército; Miguel Hernández Oyarzo, de Carabineros. De Investigaciones: Risiere del Prado Altez España, Manuel Rivas, Juan Rivera, Hugo Hernández del Valle. Ingrid Olderock, de Carabineros, funcionaba en el subterráneo, y hay también otros de los cuales tenemos sus nombres”.

Durante las movilizaciones estudiantiles iniciadas en 2011, conocieron denuncias de adolescentes de trato indigno y degradante, incluidos desnudos y manoseos durante la detención. “Eso a nosotras, que sufrimos la violencia sexual durante nuestras detenciones, nos parece vergonzoso. De allí que sea tan importante sacar a luz las atrocidades cometidas en contra nuestra. Les señalamos a los jóvenes, a los luchadores sociales de hoy, que denuncien cualquier forma de acoso sexual sobre hombres o mujeres detenidas”, sostiene con firmeza.

Alejandra dice que los sobrevivientes están permanentemente enfrentados al dilema de qué olvidar: “Esto se traduce en un desgaste emocional y sicológico que se arrastra por 40 años. A lo cual hay que sumar que los procesos judiciales, en los casos de derechos humanos, son eternos. Cada vez que tenemos que declarar en tribunales, el procedimiento nos revictimiza. La justicia tarda demasiado. El Estado ha puesto mayor énfasis en la verdad más que en la justicia”. Agrega: “Los silencios y omisiones son otra forma de injusticia. Por ejemplo el secreto de los archivos de la Comisión de Prisión Política y Tortura, respecto de los cuales hay que esperar 50 años para conocerlos. Pero es tiempo que todo se haga público”.

Alejandra cuenta que la agrupación de sobrevivientes de Venda Sexy, ha enviado una carta a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual: “Le señalamos que ante la violencia política sexual en dictadura, es urgente poner fin a la impunidad. Este tema ha sido invisibilizado estos años posdictadura y deseamos conocer un pronunciamiento e iniciativa estatal. Esperamos un compromiso activo del Ministerio que ella dirige: que se haga parte de las querellas por delitos, crímenes, torturas y violencia política sexual cometidos contra tantas mujeres. También hay casos de compañeros que vivieron situaciones similares”.

Alejandra Holzapfel regresó a Chile en 1987. Cuando es citada a declarar en procesos por secuestro y desaparición de quienes lucharon contra la dictadura, ha concurrido a los tribunales. Se ha enfrentado con varios torturadores: Basclay Zapata Reyes, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Lauriani Maturana y el fallecido Osvaldo Romo, entre otros. Reconoce que son momentos duros, pero también de reparación. Decirles “aquí estoy para acusarlos es sanador”, reconoce, pero confiesa “una gran frustración es saber que los torturadores no reciben castigo. Me duele no saber qué pasó con los compañeros detenidos desaparecidos y que aún hoy, a cuarenta años, nos nieguen la verdad y la justicia. Es una nueva forma de tortura. La dictadura cívico-militar desplegó una política de exterminio hacia el MIR y otros partidos de la Izquierda chilena y procuró la destrucción de nosotros como seres humanos. Aún no pudieron conseguirlo”.

RAUL FLORES CASTILLO

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 812, 5 de septiembre, 2014

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