Ante denuncias de malos olores fiscalizarán Celulosa Nueva Aldea

Ante denuncias de malos olores fiscalizarán Celulosa Nueva Aldea

A raíz de una numerosos reclamos, la Superintendencia de Medio Ambiente comunicó a la Seremi de Salud del Bío Bío la necesidad de inspeccionar la planta Celulosa Nueva Aldea emplazada en la comuna de Ránquil, luego que vecinos de ésta y otras localidades como Quillón, Coelemu, Cobquecura, denunciaran la emanación de malos olores de esta fábrica.

Celulosa Nueva Aldea fue inaugurada el año 2006 con una capacidad declarada de producción de 1.027.000 toneladas anuales de pulpa de celulosa, el 2009 fue instalado el ducto para descargar sus residuos.

Según declaró radio Bío Bío, se ordenó fiscalizar calderas para quema de gases, incinerador de respaldo, válvulas de venteo y alivio operacional. También se pedirán informes al titular de la Planta sobre los niveles de producción diarios de los últimos 4 meses e información sobre el cumplimiento de la Norma de Emisión para el control de gases compuestos.

Las constantes acciones de asistencialismo, por parte de empresas Arauco, no han podido ocultar el desastre ambiental provocado por su planta. Periódicamente, la comunidad denuncia situaciones que amenazan la habitabilidad de su territorio, sin embargo la institucionalidad parece disolverlas en su maraña burocrática, sin que se tomen medidas determinantes en el funcionamiento de Nueva Aldea. Por ejemplo, diversos derrames de sustancias tóxicas, como el de noviembre de 2013, se archivan como antecedentes de un prontuario que nunca es lo suficientemente abultado y categórico como para condenar y establecer medidas destinadas a impedir estos hechos y reparar sus efectos.

En una fecha próxima, y con aviso, se hará la visita de inspección y los efectos que para los vecinos ésta tenga no sólo dependerá de cuestiones técnicas, la experiencia avisa que, de no existir presión por parte de la comunidad, los prontuarios de crímenes ambientales están destinados a seguir almacenándose en una creciente cantidad de mega bytes en los servidores de las instituciones ambientales, sin que se tomen decisiones a partir de ellos.

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