Confirmado el procesamiento de Rosauro Martínez Labbé
La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el procesamiento del ex diputado RN por Chillán y ex oficial de ejército Rosauro Martínez Labbé. El ex parlamentario fue sometido a proceso el pasado 11 de septiembre por la Ministra en Visita para causas de Derechos Humanos de la jurisdicción de Valdiva, doña Emma Díaz Yévenes, por las responsabilidades que le caben en el asesinato de tres militantes del MIR. Los hechos ocurrieron en el mes de septiembre de 1981 en la localidad de Remeco Alto, comuna de Panguipulli, durante un operativo anti guerrilla emprendido por el ejército y la CNI. A Rosauro Martínez se le imputa responsabilidades por las ejecuciones de Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, José Eugenio Monsalve Sandoval y Próspero del Carmen Guzmán Soto.
La resolución de la Corte valdiviana, confirmando la decisión de la Ministra Emma Díaz, fue comunicada este viernes 24 aunque fue adoptada el pasado viernes 17 luego de haber visto y revisado un recurso de apelación presentado por la defensa de Martínez Labbé. Luego de los alegatos de las partes, la Corte confirmó por unanimidad el procesamiento de ex militar.
Este es el cuarto resultado adverso que, durante este año, recibe Rosauro Martínez Labbé en el marco del proceso que sustancia la Ministra Díaz en relación a los sucesos de Neltume del año 81 en donde resultaron muertos 9 militantes del MIR. El 5 de mayo, la misma Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió por unanimidad el desafuero del diputado RN, acogiendo una solicitud en tal sentido presentada por los abogados querellantes en la causa. El 13 de junio el pleno de la Corte Suprema confirmó, también por la unanimidad de sus miembros, el desafuero del parlamentario posibilitando entonces su comparecencia ante tribunales. Como ya está dicho, el 11 de septiembre fue sometido a proceso y a prisión preventiva; días después se le concedió la libertad provisional previo el pago de una fianza de 15 millones de pesos. Con la decisión comunicada el día de hoy, a Martínez Labbé no le quedan recursos o maniobras para intentar eludir la acción de los tribunales, de los que había escapado escudándose en su condición de parlamentario.
Por otra parte, pero en la misma causa criminal, la Corte valdiviana accedió a la solicitud de la parte querellante de citar a declarar al UDI Sergio Fernández Fernández, ex Ministro del Interior de la dictadura a la época de los hechos. La solicitud fue presentada por la responsabilidad que le cabe a este individuo en la ejecución de los miristas René Eduardo Bravo Aguilera y Julio César Riffo Figueroa, quienes fueron detenidos por carabineros del retén Malalhue en la localidad de Huellahue (vecina a Panguipulli), el 29 de agosto de 1981. Ambos detenidos son trasladados raudamente hasta la tenencia de Lanco y ese mismo día son llevados a Valdivia y sometidos a brutales torturas por los agentes del SICAR y del OS7, que viajaron expresamente desde Santiago para el efecto. Los detenidos, debido a sus precarias condiciones físicas y de salud, son asociados como miristas que trataban de escapar de los sucesos de Neltume. Luego de un par de días, los altos mandos de la dictadura deciden que ambos prisioneros sean entregados a la CNI. Los agentes de la CNI trasladan a Bravo y Riffo hacia Santiago y en las mazmorras del cuartel Borgoño fueron torturados hasta lo indecible. Sergio Fernández, el entonces Ministro de Pinochet, aparece firmando los decretos de detención de ambos prisioneros y luego firma una prórroga del período legal de detención. Sin embargo, Bravo y Riffo son asesinados el 21 de septiembre en la cordillera de la zona de Neltume; la información oficial de gobierno señalaba que habían muerto en enfrentamiento con efectivos militares. Las autopsias respectivas demuestran que se trató de ejecuciones criminales. Algo tendrá que decir al respecto el individuo que firma ordenando las detenciones de estos miristas.
Los mencionados decretos de detención que autorizó y firmó Sergio Fernández eran una formalidad necesaria en la burocracia represiva, sobre todo porque se había producido un traspaso de detenidos de un órgano represivo a otro; si la detención original la hubiese practicado efectivos de la CNI o del ejército, a Bravo y Riffo los hubiesen hecho desaparecer o ejecutado sin mediar trámite burocrático alguno. El ex ministro tendrá que comparecer ante la jueza Emma Díaz en calidad de testigo, según lo dispuso la Corte de Valdivia.
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