En estos días el foco de la polémica está en las supuestas donaciones irregulares a los candidatos, pero el sistema legal de aportes privados a las campañas es millonario, opaco y financiado por las empresas. Ese es el resultado de una ley que en su génesis buscaba mayor transparencia y terminó avalando justamente lo contrario. Detallamos los números detrás del proceso electoral de 2013 en una completa visualización y seguimos la ruta de los aportes reservados.

"Proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral" era el nombre del mensaje enviado por el gobierno de Ricardo Lagos en 2001 al Congreso y que, como ha quedado claro en los últimos días, se convirtió en una legislación que tiene poco de transparente y que no permite el control de los límites legales.  Durante el proceso electoral de 2013, 90% de los fondos privados recibidos por los candidatos (1ª vuelta presidencial, senadores, diputados y consejeros regionales) y sus partidos políticos tuvo un origen secreto, a través de aportes calificados por la ley como "reservados" y "anónimos".

Se trata de montos cuantiosos. Si se suman los aportes privados y públicos que financiaron las campañas, en total se gastaron $51 mil millones, de los cuales el Fisco aportó $20 mil millones. Otros $21 mil millones ingresaron como gastos reservados de privados, los que fueron donados por sólo 297 empresas y 12 particulares, de acuerdo a datos entregados por el Servicio Electoral (Servel).

Senador Hernán Larraín (UDI)

En ninguna parte del proyecto de ley original se hablaba de "aportes reservados". Al contrario, tenía entre sus objetivos que se conociera el origen de los recursos privados para así favorecer la independencia de quienes resultaran electos. Sólo se contemplaba la existencia de aportes anónimos hasta 20 UF (equivalentes a unos $485 mil de hoy) y que en total no podían exceder el 5% del total de los ingresos de un candidato. Fue en la discusión en la Cámara Alta que los senadores UDI Hernán Larraín y Rodolfo Stange (ex integrante de la Junta de Gobierno de Augusto Pinochet) presentaron una indicación, similar a otra redactada por su correligionario Juan Antonio Coloma, que contemplaba la posibilidad de que los aportes privados fueran reservados.  Tras un largo y negociado acuerdo político, con el escándalo MOP-Gate como telón de fondo, dichos aportes quedaron plasmados en la Ley 19.884, que desde el 5 de agosto de 2003 rige el financiamiento de la política en nuestro país.

"Tengo problemas de conciencia", decía el entonces diputado socialista Carlos Montes, quien a pesar del acuerdo político se abstuvo de participar en la votación porque creía "que estas disposiciones condicionan, a largo plazo, la manera en que se manejarán los recursos en la política".  La diputada PPD Adriana Muñoz se sumaba a la reflexión en el hemiciclo: "Duele mucho ser responsable, pero hay que reconocer que la Cámara de Diputados hoy va a aprobar un proyecto con una transparencia limitada; es lo único que ha podido conseguir la clase política de nuestro país".

Once años después, en pleno debate sobre la transparencia y la fórmula ideal del financiamiento de la política en Chile, CIPER profundiza en el análisis de las cifras de la última elección. Con el apoyo de Andrea Insunza y Javier Ortega del Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales (CIP-UDP) preparamos una visualización (ver especial) cuyo énfasis está puesto en el peso de los donantes privados secretos de la elección de noviembre de 2013.  Se puede ver, por ejemplo, que se gastó un total de $ 51.261.781.583 (sumando los ingresos de los candidatos y de los partidos políticos), de los cuales $ 21.167.599.306 son aportes reservados.

En el análisis de CIPER y CIP-UDP, además de la información general y desglosada de los candidatos con mayores montos de ingresos, se quiso retratar qué porcentaje de sus aportes privados en dineros son reservados: se trata, en promedio, de un 70% en los candidatos, cifra que sube a 82% si agregamos los ingresos de los partidos políticos. Si a eso se añaden los aportes anónimos (los candidatos conocen el nombre del donante, pero no la ciudadanía) el total llega al 90% mencionado al comienzo de esta nota.

Senador Guido Girardi (PPD)

Hay un grupo de parlamentarios que posee un 100% de aportes reservados dentro de sus donaciones privadas en dinero (se excluyen los aportes fiscales, y aportes en especies o servicios). Llama la atención que ellos, y otros que tienen más del 96% por esa vía, no registran ningún ingreso proveniente de sus propios partidos políticos, a pesar de ser candidatos importantes para sus coaliciones. Es el caso, por ejemplo, de los senadores Ena Von Baer (UDI), Jacqueline Van Rysselbergue (UDI) y Guido Girardi (PPD), y los diputados Arturo Squella (UDI), Ernesto Silva (UDI) y Pedro Browne (RN), entre otros, con el 100% de sus aportes privados como reservados y ningún aporte de sus partidos políticos.

Los 20 diputados que recibieron más donaciones reservadas como proporción de todos sus aportes privados pertenecen a la Alianza, en cambio si tomamos en cuenta el monto en dinero que recibieron, 17 pertenecen a esa coalición. En el Senado, en cambio, hay 12 candidatos electos de la Nueva Mayoría en el top 20 de aportes reservados como parte del total de donaciones privadas y 12 en ránking de quienes recibieron mayores montos por esa vía.

En cuando a montos totales, el senador que recibió mayores aportes reservados es el PPD Guido Girardi, con $504 millones. Lo sigue el RN Andrés Allamand ($493 millones) y las senadoras UDI  Ena Von Baer ($323 millones) y Jacquelyne Van Rysselbergue ($278 millones). El quinto lugar lo ocupa el PPD Felipe Harboe ($272 millones), quien preside la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en la que actualmente se discute la reforma al sistema binominal, que incluye la indicación de los diputados Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal) para eliminar los aportes reservados de las campañas políticas.

Harboe se ha mostrado contrario a admitir la indicación. Junto a otros cuatro senadores decidirá si la reforma sigue su camino junto al binominal o se deja a un costado, en espera del proyecto de ley de financiamiento que promete el Ejecutivo antes de fin de año. Los otros cuatro senadores que integran la comisión son Alberto Espina (RN), quien el 2009 declaró $133 millones en aportes reservados; Hernán Larraín (UDI), quien originalmente propuso el concepto de aportes reservados en el 2001 y quien recibió $248 millones de esos aportes en su campaña el 2009; Alfonso De Urresti (PS) y Pedro Araya (IND), quienes declararon $13 millones en aportes reservados cada uno en 2013.

PESOS POR VOTOS

Otro aspecto que muestran las cifras es que no siempre un mayor gasto de campaña se traduce en más votos. Por ejemplo, hay candidatos al Senado que figuran primeros en la lista de ingresos en su circunscripción y que sin embargo no salieron elegidos, a pesar de las cifras millonarias de sus candidaturas. Uno de los casos más notorios es el de Manuel Rojas (UDI) en la Segunda Circunscripción Senatorial, pues gastó bastante más que sus rivales ($299.994.536). Mientras Rojas invirtió $7.600 por voto, los dos cupos los ganaron Pedro Araya ($3.265 por voto) y Alejandro Guillier ($2.023 por voto). Lo mismo sucedió con Gonzalo Uriarte (UDI), pues fue el que más gastó en la Cuarta Circunscripción Senatorial, $271.913.919, y la Nueva Mayoría dobló. Mientras Jorge Pizarro (DC) gastó $2.422 pesos por voto y Adriana Muñoz (PPD) sólo $1.612, Uriarte desembolsó $6.100 pesos por voto.

En Santiago el triunfo tampoco fue para los que más gastaron. En la Circunscripción Poniente, Pablo Zalaquett (UDI) lideró el gasto con $862.602.420 ($4.000 pesos por voto) sin salir elegido.  Laurence Golborne (UDI), en la Circunscripción Oriente, desembolsó $901.581.965 ($3.061 por voto) y también se perdió, pese a gastar casi $400 millones más que Manuel José Ossandón (RN) y $550 millones más que Carlos Montes (PS). Eso en el papel al menos, porque tanto Zalaquett como Golborne fueron denunciados por el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, de recibir dinero por fuera del sistema legal, lo que está siendo investigado por el Ministerio Público (ver nota de CIPER).

LA RUTA DEL APORTE RESERVADO

Cada lunes, durante el periodo autorizado por el Servel, los candidatos reciben en su cuenta los aportes reservados que se hicieron la semana anterior. Este proceso empieza mucho antes, en las reuniones de directorio de las empresas, donde sus socios deciden cuánto aportar de manera reservada a las campañas políticas y dejan constancia de esa suma en el acta de directorio, sin especificar para qué candidatos o partidos va ese aporte (ver reportaje de CIPER). El siguiente paso es ir a una sucursal de Banco Estado y solicitar un formulario especial llamado Comprobante de Recaudación de Aporte Reservado, en el que se llena el nombre del aportante, su RUT, teléfono, monto del aporte y si es en cheque o efectivo. El formulario se entrega en triplicado: una copia se queda el banco y dos se las lleva el donante, pues entregará una al Servel para comprobar su depósito.

Ese dinero llega a una cuenta del Servel que sólo está destinada a los aportes reservados. Cada noche, Banco Estado emite un informe al Servel con el detalle de los depósitos recibidos ese día. Con ese informe y el formulario que trae el donante, el servicio confirma la operación y comienza la siguiente etapa de este proceso: la distribución.

La gestión del donante no termina en el Banco Estado. Debe concurrir personalmente o a través de un representante legal a las oficinas del Servel a repartir el monto depositado entre uno o más candidatos o partidos. Para este trámite, antes de las últimas elecciones se acondicionaron tres habitaciones en la sede del Servel en calle Miraflores, en Santiago, para la distribución de los aportes reservados. En sala una se instaló un computador abierto en un programa que se diseñó específicamente para este proceso.

La persona que entra a hacer la distribución de los aportes debe acreditar su representación por un poder o escritura y llevar el acta de directorio que establece el monto decidido por la empresa como aporte, para que el Servel compruebe que esta cantidad coincide con el depósito realizado. Tras verificar esos datos, se le explica cómo funciona el programa y se la deja sola en la sala para que ingrese en el computador la información de los destinatarios de la donación y los montos.

En el Servel comentan que hay personas que pasan la mañana completa realizando aportes en una de las salas. Algunas veces hay dos o tres personas esperando su turno para entrar e incluso hay algunas empresas que llaman con anticipación para reservar el uso de una sala en determinado horario.

Es el programa computacional el que se encarga de que ninguno de los aportes exceda los máximos establecidos por la ley. Si llega a pasarse, el programa bloquea la acción y entrega una advertencia. En la pasada elección, cada aportante reservado donó un promedio de $68,5 millones, cifra que supera los límites que establece la ley como montos máximos por donante para cada tipo de candidato (presidente, $45,8 millones; diputado o senador, $28,6 millones), lo que muestra que las donaciones tienden a ser a más de un candidato. En el caso de los partidos políticos, en todo caso, el límite es más amplio: $229 millones por donante a cada partido.

El parámetro que usa el sistema para verificar que los límites se cumplan es el RUT del aportante, es decir, que ningún candidato o partido reciba un monto mayor al establecido por ley desde un mismo RUT. Sin embargo, el sistema no puede saber si un candidato está recibiendo dineros de RUTs de diferentes empresas que pertenecen a una sola persona, o a un mismo grupo económico. Se trata de un vacío legal que abre la posibilidad de que haya personas o conglomerados financiando grandes porcentajes de las campañas de senadores, diputados o presidentes sin que nadie más que ellos lo sepa.

Cada viernes, los funcionarios del Servel revisan el sistema para extraer la cifra de los aportes recogidos para cada candidato o partido político durante la semana y preparan los depósitos que serán realizados el día lunes. No depositan lo mismo que recibieron. Por ley, el Servel retiene hasta el 30% de los aportes recibidos con el sólo fin de que ni la empresa ni el candidato tengan la posibilidad de confirmar o identificar el aporte realizado. De esta forma, aunque la empresa o individuo aportante le muestre al candidato el recibo del banco, el monto no va a coincidir con el depósito realizado esa semana en su cuenta. El remanente se entrega en los siguientes depósitos. Sin embargo, desde la perspectiva de un candidato, si le avisaron que iban a aportarle $10 millones, por dar un ejemplo, y recibe $9 millones 750 mil, podría perfectamente suponer que se trata del aporte prometido. De todos modos, para evitar que se pueda identificar a los donantes, el Servel rechazó la solicitud de CIPER de revelar los montos aportados por los 309 donantes reservados aunque no se diera a conocer sus nombres.

Todas estas precauciones parecen inútiles, ahora que se sabe que los candidatos de todos modos se enteran de quienes hacen aportes reservados a sus campañas. Así lo reveló, por ejemplo, el diputado José Antonio Kast (UDI) a CIPER al reconocer que sabía que había recibido donaciones reservadas de parte de la isapre Banmédica, ligada al grupo Pensa.

Por otro lado, el Fisco, tras una autorización del Servel, devuelve dinero a los candidatos. La cifra entregada en las elecciones 2013 fue cercana a los $20 mil millones. En algunos casos, este dinero paga los créditos bancarios que solicitaron los candidatos para financiar su campaña; en otros, devuelve facturas de gastos, siempre y cuando estén pendientes de pago.  El máximo que el Fisco puede devolver depende de la cantidad de votos que haya tenido el candidato y reembolsa en dos direcciones: directamente al candidato y al partido político al cual pertenece. En la pasada elección, se reembolsó hasta un máximo de $687 por voto (0,03 UF de entonces) a los candidatos y  $344 al partido político (0,015 UF). Dos tercios de esa suma (0,01 UF) se entregó a los partidos al comienzo de la campaña como un anticipo basado en la elección anterior. Si el candidato es independiente, también recibe este anticipo, basado en la menor votación de su circunscripción o distrito en la elección anterior.

Entre lo entregado al candidato o al partido, el Fisco devolvió un máximo de $1.031 por voto, una cifra suficiente para las campañas más austeras, pero lejos de los millones invertidos por muchos de los candidatos. En el caso de los senadores, por ejemplo, el promedio de gasto por voto recibido fue de $2.468 pesos.

APORTES INC"MODOS

Antes de las elecciones de 2013, el candidato a diputado por Revolución Democrática, Giorgio Jackson, pidió al Servel que no aceptara aportes reservados para su campaña, solicitud que fue rechazada. Esta semana hizo público el intercambio (ver carta de Jackson y respuesta del Servel), pues la información oficial da cuenta de que recibió $5 millones de aportes reservados pese a que ha sido uno de los promotores para que se prohíba este tipo de donaciones, lo que originó una polémica.

Diputado Giorgio Jackson (RD)

Según explicó Jackson, supo que la donación reservada provenía de la presidenta de Comunidad Mujer, Esperanza Cueto, y tras consultarle, transparentó el aporte en su página web, donde aparecían todos sus financistas. Cueto es esposa del empresario Max Marambio, quien también aparece financiando a Jackson (entre ambos le aportaron $10,3 millones). Como Marambio estuvo ligado a la propiedad de la Universidad Arcis y Jackson votó en contra de que una comisión investigara a esa casa de estudios, fue cuestionado públicamente esta semana.

La respuesta que recibió Jackson del Servel decía que si bien el organismo no podía bloquear las donaciones reservadas, el candidato sí podía rechazarlas después. Es lo que hizo el candidato a senador Carlos Montes el año pasado y al parecer fue algo inédito. Montes registra $92 millones de aportes reservados, pero hubo uno en particular, de $15 millones, que fue hecho después de las elecciones, lo que le pareció raro. Por eso fue hasta el Servel a decir que quería devolverlo, pero según recuerda, ahí no sabían qué hacer porque el sistema les impide detectar quién es el aportante para reembolsarle el dinero. Finalmente, dice Montes, al parecer los fondos fueron depositados en la Tesorería.

AMPLIOS LÍMITES

La Ley 19.884 establece que los límites de gasto electoral son calculados por el Servel a partir de la cantidad de inscritos vigentes en los registros electorales del país. Con el término de la inscripción voluntaria, el padrón electoral creció en un 60% en esta pasada elección, de 8 a 13 millones de votantes, y esto produjo un aumento directamente proporcional en el límite de gasto electoral para los candidatos.

El aumento se vuelve muy notorio para las zonas más pobladas y para el límite del gasto presidencial, que pasó de $5 mil millones en el 2009 a más de $9 mil millones en el 2013. La candidata presidencial que más gastó el año pasado en primera vuelta fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien a pesar de alcanzar la suma de $5.377 millones se mantuvo muy lejos del límite de $9 mil millones establecido por ley.

Algo similar sucedió en las circunscripciones senatoriales más pobladas. Por ejemplo, en Santiago Oriente el candidato que más gastó fue Laurence Golborne, superando los $900 millones. Sin embargo, estuvo lejos del límite de $1.400 millones establecido para la circunscripción. La única candidata que se acercó al límite de gasto entre los senadores fue Ena Von Baer -cuya  Circunscripción, la 16, es la que menos votantes tenía en su padrón el 2013- , quien gastó $333 millones de los $335 millones permitidos por ley. Al igual que Golborne, Von Baer fue mencionada como supuesta receptora de fondos del Grupo Penta en forma paralela a las donaciones registradas legalmente.