Un acuerdo nacional buscará materializar el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para modificar el Código Penal y anular la Ley Antiterrorista. A mediados de la próxima semana se enviará la iniciativa de la mentada agenda Peñailillo al congreso.

Buscando el apoyo transversal de la clase política, el Ministro Peñailillo busca incluir dentro del Código Penal la Ley Antiterrorista, anulándola como ley especial, pero volviéndola aún más represiva dentro del Código. Según informó La Tercera, el borrador presentado por el Ministro incluye entre otras cosas, la tipificación de delito terrorista la acción individual y solitaria de una persona, sin necesidad de vincularlo a una asociación ilícita.

SEgú el borrador, el Ministerio tendrá la posibilidad de investigar  «los delitos de asociación criminal terrorista, financiamiento del terrorismo y de seguridad del Estado» con un plazo  de tres años desde su judicialización.

El borrador indica también que «el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía que decrete, sin comunicación previa al afectado y antes de la formalización de la investigación, el impedimento de la salida del país de quienes se sospeche fundadamente que están vinculados". Además, indica que el Ministerio público podrá pedir a un juez de garantía la posibilidad de «recluir al imputado en lugares públicos especialmente destinados a este objeto, establecer restricciones al régimen de visitas e interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar y telegráfica»

A estas medidas se agrega la posibilidad de utilizar medios tecnológicos «captar, grabar y registrar subrepticiamente imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público»

Cabe recordar que las modificaciones tipificadas en el borrador se basan en sugerencias realizadas por países como España y EEUU, profundamente cuestionados por tener sistemas de vigilancia que amenazan continuamente las libertades públicas. La actividad catalogada de terrorista, en específico los casos de las bombas, ha sido utilizado para dar legitimidad a una ley que no será exclusivamente para este tipo de delitos, sino también para tratar la conflictividad social. Será la vara con que se juzgará la movilización social sin necesidad de invocar la Ley Antiterrorista.

Fuente imagen: Emol.com