Agenda Peñailillo: Nueva institución de inteligencia pretende criminalizar la movilización social

Todo parece haberse trastocado tras aquel bombazo en la galería comercial SubCentro, a pasos de la estación de Metro Escuela Militar. Un artefacto explosivo sin ninguna consigna clara, cuya autoría se les atribuye a grupos anarquistas sin que haya algún argumento de peso, tanto para decir que fuesen ellos o, si así fuere, para que estas agrupaciones actúen contra la población civil. El detalle es que paulatinamente, anarquista es sinónimo de violentista, de terrorista, de cambio. Es decir, al más puro estilo descrito por Naomi Klein, en la Doctrina del Schock, el terror mediático ocupa parte importante del tiempo de la población, momento en que el gobierno y la “oposición”, es decir, la clase política en su conjunto busca reanimar la policía política de la dictadura. Del conflicto de baja intensidad, a la política antisubversiva.

Más allá de las tesis al respecto, hay una realidad que se ha impuesto en el país y es la agenda Peñailillo, cuyo afán es establecer un proyecto de Ley que implemente una nueva institución de inteligencia con atribuciones operativas que claramente pueden ir en contra de la libertad y el respeto de los derechos de las personas.

Mediante una cobertura sistemática y exagerada a las actividades del Ministro del Interior, se pretende crear la sensación pública de la necesidad represiva contra lo que se considera “lo terrorista”. Todo ese manto de cinismo cubre toda crítica, olvidando, por ejemplo, que el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, viaja a España a asesorarse con la política represiva del Estado español -el mismo país cuyo anquilosado sistema permite que las fuerzas armadas sean controladas por el Rey de España. Sí, por el Rey. Dejando de lado que la policía secreta española devino en Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que, entre 1983 y 1987, asesinaron sistemáticamente tanto a militantes de ETA como a otras expresiones de izquierda, además de ciudadanos sin adscripción política conocida; grupos represivos que fueron financiados directamente por el Ministerio del Interior de España. Peñailillo visitará también EEUU, una sociedad profundamente represiva que condena por sospecha a cualquier sujeto que no responda a los cánones formales del norteamericano típico y que tiene una red de espionaje enorme, que opera tanto sobre sus ciudadanos como sobre el resto del mundo. El último caso escandaloso fue el espionaje a la Canciller Alemana, Alejandra Merkel, y a la Presidenta brasileña, Dilma Roussef. Es decir, es como asesorarse por la DINA o la CNI.

Las “asesorías” extranjeras en materias de seguridad, responden a una política del Estado chileno, subordinado a los intereses de los grandes grupos económicos. Por eso no existe gran diferencia entre los postulados del nefasto PPD, ni del visionario RN Alberto Espina. De hecho el Ministro Peñailillo ha declarado a la prensa que la institución de inteligencia que busca crear el proyecto de ley “se considerará que la entidad tenga carácter más estatal que gubernamental” agregando que esto es “con el objetivo de asegurar la permanencia en el tiempo de los equipos técnicos y los procesos que desarrolla, independiente del gobierno de turno.”

La criminalización de la protesta social es la brújula que guía el actuar del Ministerio del Interior. Más allá de la persecución y censura de los supuestos grupos anarquistas y sus correspondientes acciones -la mayor parte, de una violencia política bastante alejada del tipo de atentado ocurrido en el sector del metro Escuela Militar- la opinión de la clase política y el oligopolio informativo de medios de comunicación es de una grosera generalidad sobre los sujetos políticos que pretenden la transformación social, y que busca silenciar las problemáticas de fondo levantadas por la movilización social. Y esa grosera generalidad, será el mazo, no la vara, con la que medirán toda movilización social. Sergio Grez Toso ha explicado de excelente forma como la clase política chilena del siglo XIX y sus medios de comunicación hablaban del anarquismo cuando en Chile no hubo indicios de grupos anarquistas hasta fines de ese siglo. Para el historiador fue el fantasma del anarquismo el que utilizó la clase dominante para deslegitimar toda demanda relacionada con reivindicaciones sociales.

En la actualidad hay una especie de continuidad de ese fascismo recalcitrante, en donde el terrorismo es el fantasma de los tiempos modernos. El conservadurismo y la avaricia de la clase dominante chilena es tal, que toda actividad que cuestione de frontón su grosero sistema de explotación es catalogada de anarquista. Y todo anarquismo es catalogado, por extensión, como terrorismo. No debiera importar que estamos en uno de los países más desiguales del mundo, no importa que el Código del trabajo beneficie únicamente al empleador, ni que los sistemas de salud y educación se orienten al lucro, ni que el sistema previsional sea una estafa, entre otras realidades que los medios empresariales no pueden ocultar ni disimular. Todas las demandas sociales, por su carácter cuestionador, son consideradas anarquistas.

Pero la brújula también la sostienen los medios de comunicación, que a través de editoriales disfrazadas de cobertura noticiosa imprimen el sello terrorista a lo que todavía no ha sido definido como tal. “El impacto de la explosión no sólo complicó al gobierno en un tema de alta sensibilidad, como es la seguridad pública. También volvió a dejar en evidencia la incapacidad de los organismos de inteligencia para prevenir estos ataques y neutralizar a los grupos terroristas que operan en Chile” (La Tercera 14/09/14)

La idea de Peñailillo es, por un lado, tratar de naturalizar la infiltración de organizaciones sociales, como también imponer su forma de expresión. Es decir, no solo infiltrar cualquier supuesto grupo “desestabilizador”, sino también domesticar su potencialidad de transformación social enseñándoles como se debe protestar. Tras establecer el sinónimo entre cambio radical, anarquista y terrorista, la agenda del gobierno propone que cualquiera que se oponga radicalmente al sistema es como si lo hiciera mediante la colocación de artefactos explosivos; prácticas que son, por lo demás, completamente ajenas a la movilización social actual -no por su naturaleza, sino por el momento y objetivo-. Es la misma agenda que tuvo el ex Ministro del Interior del gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter.

Para La Moneda es importante permitir que el organismo maneje agentes encubiertos que se infiltren en las organizaciones (terroristas y criminales, según su categorización), como también regular el uso de las entregas vigiladas y de la delación compensada, señaló La Tercera citando fuentes de Gobierno. “Es muy importante que la ANI tenga atribuciones esenciales operativas, y el tema de los agentes encubiertos va a estar en el proyecto de ley”, sostuvo Peñailillo.

La agenda es a todas luces preocupante, pues la futura institución de inteligencia asumirá la tarea de coordinar todos los sistemas de inteligencia de las distintas policías, con nuevas atribuciones y financiamiento e incluso la creación de instalaciones en regiones que desde la Región Metropolitana consideran más “activas”.

Del terrorismo anarquista a la criminalización de la protesta social.

Es la bestialidad de la “democracia” chilena y su modelo económico la que genera los incipientes procesos de movilización social del país y no el actuar de ciertos grupos “resentidos”, “violentistas”, “políticos”, los que determinan la protesta social. La lógica del enemigo interno es la justificación del conservadurismo para reprimir a la organización social, pero está lejos de ser una explicación idónea acerca del malestar social.

Lejos aún de madurar, las expresiones políticas sociales y ciudadanas se han topado con un verdadero muro -la clase política y empresarial- que no quiere dar su brazo a torcer en lo más mínimo. Estos se escandalizan solo con la idea de que la población comience a pensar distinto y a exigir sus respectivos derechos económicos y sociales. En su afán de control, quieren limitar hasta el grado máximo la protesta del chileno enfrascándolo en lo “políticamente correcto”, es decir, en lo legalmente permitido y regulado, en el respeto por los trazados de las marchas, en movilizarse pero sin tomar espacios, en declarar la huelga pero no impedir el funcionamiento de la empresa.

Es importante rescatar esta idea, pues es de suma importancia para el Estado promover un sujeto social incapaz de superar el Statu quo. Es decir, promover el espectáculo de la posición radical como modelo a seguir, pues se sabe que las praxis políticas contenidas en las ideologías promovidas por el Estado son completamente inocuas. En otras palabras, se exige respeto a las formas establecidas porque desde el momento que existe respeto a la clase política y empresarial, se niega el cambio, pues a la clase dominada se le obliga a ceder.Y en la medida que aparezcan grupos o individuos que busquen escapar a esta realidad, se les busca aislar de la movilización social; del mismo modo, en la medida que no interpretan el sentir de la población son catalogados de terroristas. Es decir, se establece un control ideológico y jurídico en la sinergia entre gobierno, poder judicial y medios de comunicación.

Y para lograr ese control -como lo ha declarado el propio gobierno e incluso Marcelo Shilling, diputado socialista y ex Secretario de “La Oficina”- no necesitan ni siquiera la Ley Antiterrorista, y de hecho, algunos personeros oficialistas, como el mismo Schilling, estiman que se debe derogar. Lo importante para estos sujetos es la orientación del Ministro Peñailillo que necesita no de una nueva Ley Antiterrorista, sino de una nueva policía política.

Como menciona la Comisión Ética contra la tortura ” La Ley Antiterrorista y cualquier sucedáneo es un instrumento jurídico desestabilizador de la democracia y reñida con los derechos humanos. Esto lo ha hecho evidente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín-Catrimán y otros versus la República de Chile, notificado el día martes 29 de julio de 2014. Este fallo ha señalado que las resoluciones judiciales bajo aplicación por parte del Estado de Chile de la Ley Antiterrorista violaron el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, así como denotaron estereotipos y prejuicios que determinaron la violación de los principios de igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo, la Corte estableció que dichos fallos provocaron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir a los mismos. En consecuencia, las condenas en este caso han sido consideradas arbitrarias y absolutamente contradictorias con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, revelando que la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Estado de Chile permitió la persecución ilegal y criminalización de la protesta social mapuche”.

El mismo tratamiento aberrante que el Estado chileno, y los poderosos que representa y defiende, ha aplicado para enfrentar los conflictos con los pueblos originarios, es el que el protegido Peñailillo pretende aplicar a todo conflicto social.

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