Entrevista con el abogado Mauricio Araneda Medina sobre la investigación de la Masacre de Laja

El último 17 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso celebró una sesión especial en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Los Ángeles. La sesión especial tuvo como propósito escuchar a representantes de organizaciones vinculadas a temas relacionados con los DD.HH, como por ejemplo sus dificultades en el acceso a la justicia, irregularidades en procesos de adopción de menores, diversidad étnica en el Alto Biobío y la eventual reapertura de la Comisión Valech.

La Comisión presidida por el Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez también escuchó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo, por intermedio de su presidenta, Gloria Urra.

Otro de los miembros de la agrupación presente al acto fue el abogado Mauricio Araneda Medina, cuyo padre Luis Alberto Araneda, maquinista de Ferrocarriles de Chile (EFE), fue ejecutado en septiembre 1973 junto a otros 18 simpatizantes de la Unidad Popular, entre los que se encontraba un expresivo grupo de trabajadores de la Papelera CMPC Laja, del multimillonarrio Grupo Matte.

Como abogado parte en la causa judicial del Caso Laja, en la presente entrevista concedida a Jornal GGN (São Paulo, Brasil) y gentilmente compartida con Resumen, Araneda habla del impacto que la ejecución de su padre por la dictadura Pinochet tuvo en su familia, analiza las investigaciones del Ministro Carlos Aldana y manifiesta su firme convicción de que la CMPC es cómplice en el asesinato de los 19 de Laja.

Pregunta: Según su juicio y sentimiento, ¿qué significado especial tiene la Masacre de Laja para Chile?

Araneda – En primer lugar, no fue la única masacre o acto de barbarie ocurrida en Chile post golpe de estado de 1973, estos mismos hechos se repitieron particularmente en localidades y pueblos apartados de las grandes ciudades, donde las víctimas fueron gente sencilla, especialmente campesinos y obreros, así ocurrió en Lonquén, Santa Bárbara y Quilaco, Mulchén, por nombrar solo algunos casos. Ahora bien, el significado especial de la masacre de Laja está dado porque, como familiares de los ejecutados, y yo en particular, tengo el convencimiento de que la Empresa CMPC, Planta Laja, a través de sus altos ejecutivos y empleados con poder de decisión en dicha fábrica, al menos, crearon las condiciones o facilitaron derechamente la realización de esos crímenes. Es decir, claramente en este caso, a diferencia de otros, existe vinculación de civiles en los hechos, pero no como simples particulares sino, amparados en una organización o entidad mayor, en nuestro caso, la CMPC, propiedad de uno de los conglomerados empresariales más importantes de Chile como lo es el Grupo de la familia Matte y otros conocidos partidarios del Golpe Militar.

Pregunta: ¿Como han reaccionado las comunas de Laja y San Rosendo? ¿Tiene indicaciones sobre si el tema es tratado en las escuelas?

Araneda– Laja y San Rosendo, particularmente este último, son dos comunas pequeñas, semi urbanas, las que en conjunto no suman más allá de veintisiete mil habitantes hoy. Luego, sus comunidades humanas han procesado de manera casi silenciosa estos hechos, salvo excepciones, se habla de esta masacre solo en ámbitos acotados, privados, nunca abiertos, como si el temor que los hechos infundieron a sus habitantes hubiese sido otra de las marcas que a la psiquis de sus ciudadanos imprimió este acto criminal. Así entonces, no es un tema que como referencia de memoria histórica sea obligatoria o abiertamente tratado en sus comunidades educacionales, lo que desde luego sigue siendo algo, al menos, anormal, cuestión que por lo demás, me atrevería a afirmar, sucede como comportamiento general en la educación pública de Chile hoy, donde el lenguaje para referirse a la Dictadura y sus consecuencias tiende siempre a ser morigerado o cuidado.

Pregunta: Ud. ha participado de las dos reconstituciones del crimen, dirigidas por el Ministro Carlos Aldana: ¿qué aportó la primera y cuáles son las novedades de la segunda reconstitución, el 2014?

Araneda: – Efectivamente, he participado en esas dos diligencias de la investigación, la primera ocurrida en agosto del año 2011 y la última el 04 de septiembre del presente año y, he concurrido a ellas, en una doble condición o calidad, a saber, como familiar de una de las víctimas y también como abogado querellante en la causa. Respecto a la primera reconstitución, su importancia estuvo dada porque los hechores materiales, después de 37 años de ocurrido el crimen o masacre, recién reconocían ante los tribunales de justicia su participación directa en los hechos y las circunstancias que rodearon el delito. Ello fue muy fuerte para los familiares, el enfrentar a los hechores pero, al mismo tiempo, constituyó el inicio de un camino necesario para ir precisando responsabilidades.

En el caso de la segunda reconstitución, sin perjuicio de que en ella nuevamente debieron concurrir como actores los ejecutores materiales procesados, esto es, los ex Carabineros de Laja que practicaron las detenciones y dieron muerte a nuestros familiares en septiembre del año 1973, con el propósito de que aportaran mayores antecedentes acerca del lugar preciso en que consumaron sus crímenes, creo que los más importante estuvo dado por aquella parte de la diligencia que se realizó al interior de la empresa CMPC, Planta Laja, donde muchas víctimas habían sido detenidas el día 13 o 14 de septiembre de 1973. En ese lugar, esto es, instalaciones de la CMPC, el Ministro Aldana tomó nuevamente declaración a los máximos ejecutivos de esa empresa a septiembre del año 1973, particularmente acerca del conocimiento que de los hechos tenían estos ejecutivos y acerca de los medios (vehículos, alimentación, choferes) que proporcionaron o facilitaron a Carabineros de Laja para proceder a las detenciones. Al mismo tiempo, esta reconstitución permitió adquirir el convencimiento acerca de la participación directa que muchos de ellos tuvieron en esas detenciones como, asimismo, el silencio cómplice que guardaron acerca de la suerte que nuestros familiares habían corrido, esto es, acerca de su muerte. No cabe duda que los altos ejecutivos de esa Papelera tomaron conocimiento de la masacre casi inmediatamente de ocurrida esta y, sin embargo, siguieron actuando como ignorantes de esos hechos. Sólo así se explican las cartas de despido que respecto de tres de las víctimas de esta masacre y que pertenecían a esa empresa, firmó y despachó en octubre del año 1973 el Jefe de Planta de la época, Lionel Aguilera, y donde les comunica su despido de la empresa por no concurrir a sus labores sin causa justificada. Esto último una verdadera crueldad.

Pregunta: Directores de la CMPC fueron acusados públicamente, con amplia reverberación de sus nombres en medios e internet, de que elaboraron una lista negra de activistas de Unidad Popular en 1973, y se la entregaron a Carabineros. ¿Cómo evalúa las investigaciones sobre la participación de la papelera CMPC en el crimen? ¿El Ministro Aldana tiene alguna duda?

Pregunta: Efectivamente, esta línea de investigación es la que el Ministro Aldana comenzó a trabajar con mayor intensidad a partir de la primera reconstitución ocurrida en agosto del año 2011, y yo creo que esta arista es la más importante en la investigación porque tengo el convencimiento de que no solo corresponde enjuiciar y castigar a los ejecutores materiales sino también a aquellos civiles que, como en el caso de empleados y ejecutivos de la CMPC Laja, alentaron y proporcionaron medios para que el designio criminal de los Carabineros se consumara y, no solo eso, porque además, ocurrida la masacre y muerte de nuestros familiares, estos civiles, conocieron el desenlace de esas detenciones, entre otros, porque la ejecución e inhumación de las víctimas se llevó a cabo en predios forestales, de propiedad o explotados por dicha empresa. Luego, será el Ministro Aldana, con los antecedentes acumulados en la investigación y otros que deberán producirse, quien pondere si a esos empleados y ejecutivos de CMPC les corresponde o no responsabilidad penal en esta causa, a los familiares de las víctimas no nos cabe duda que deben responder penalmente, esto es, ser procesados y condenados, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos investigados..

Pregunta: Las circunstancias de la prisión y del asesinato de los 19 de Laja, entre ellos su padre, permiten reconocer que los Carabineros recibieron "órdenes de arriba" y que el Regimiento de Los Ángeles tuvo un papel protagónico en la represión desencadenada en aquellos días. ¿Por qué a 41 años del crimen de Laja no ha sido apuntado ningún militar y ningún comandante de Carabineros, como debería haber sido el caso de Comisario Solari, que aparece en el listado de agentes de la DINA?

Araneda: Ello es cierto en parte, por el tiempo transcurrido desde los hechos, muchos de esos militares hoy han fallecido y, por ende, la posible responsabilidad penal de ellos se ha extinguido. Ahora, en el caso de Solari, el ha sido interrogado en varias ocasiones en el proceso y, últimamente se ha excusado de estar presente en las diligencias de reconstitución alegando razones de salud, hoy tiene 87 años y está pendiente el resultado de una pericia médico legal que determine su verdadero estado de salud.

Pregunta: Los senadores que votaron a favor de Rosa Egnem para la Corte Suprema, señalaron que en 2009 no tenían la información, hoy conocida, sobre el nulo trabajo de la ministra en la investigación del hallazgo de los cuerpos de 18 ejecutados políticos del sector Laja-San Rosendo, en 1973. La Agrupación de Familiares de los Ejecutados Políticos de Laja y usted individualmente, como abogado, han cuestionado duramente su nombramiento y cobran su destitución de la Corte Suprema. ¿Han hablado con los diputados y senadores? ¿Hay esperanzas de que sea destituida?.

Araneda: Es efectivo lo que usted plantea, yo creo que si el Senado hubiese tenido la información que con posterioridad dispuso acerca del rol de la Sra. Egnem en estos hechos, ella no hubiese sido nombrada como integrante del máximo Tribunal del país. Ahora, creo que como familiares también podemos avanzar en hacer efectiva la responsabilidad de esta Jueza por haber omitido investigar una crimen del que tomó conocimiento en circunstancias que era Secretaria Titular de un Tribunal y Jueza Subrogante, ella escondió el parte policial que daba noticia del hallazgo de 19 cuerpos, borró el Libro de ingresos del Tribunal, es decir, lo alteró, incurrió en un claro incumpliendo de sus deberes como jueza, ello la hace indigna de ocupar la alta magistratura que hoy ostenta, ello no es posible tolerarlo en un estado democrático de derecho.

Pregunta: ¿Cuál es su expectativa en cuanto al fallo que deberá emitir el Ministro Aldana? ¿Será antes del fin del año? ¿Se podrá entonces hablar de Justicia, o es una vana esperanza?

Araneda: Debo precisar que esta causa está recién en la mitad de su primera etapa, esto es, de la primera instancia, la segunda instancia estará constituida por el conocimiento que en su oportunidad deberá tomar la Corte de Apelaciones y, con seguridad, la última palabra la tendrá la Corte Suprema. Luego, en esta primera instancia recién estamos en la etapa de investigación, cerrada ésta viene la segunda parte de este juicio que es la acusación y condena que deberá emitir el Ministro Aldana. Lo más probable es que el Ministro cierre la investigación antes de fin de este año y proceda a acusar a los responsables del delito. La mayor o menor intensidad e identidad de aquellos a quienes acuse penalmente el Ministro Aldana en esta etapa, irá determinando la mayor o menor satisfacción de los familiares con la realización de la justicia particular que en este caso hemos buscado por más de 40 años. Desde luego, si son solo uniformados y no civiles a quienes el Ministro Aldana les atribuye responsabilidad penal, habrá insatisfacción en los familiares, yo creo y espero sinceramente que el Ministro no nos va a defraudar.-

Imágenes 1 al 7: reconstitución de escena de los crímenes de Laja y San Rosendo (4 septiembre 2014)

Imágenes 8 al 10:  Comparecencia de comisión de Derechos Humanos del Congreso, en actividad desarrollada en Los Ángeles (17 octubre 2014)