Si bien se establecieron plazos hasta el 31 de diciembre para la presentación del proyecto de Reforma Laboral al Congreso, plazo que el gobierno cumplió hoy lunes 29, el acuerdo era en un principio comenzar a zanjar la discusión de la Agenda Laboral en octubre. Con el paso de los meses la reforma se ha visto entrampada por las presiones de las organizaciones empresariales CPC y la SOFOFA quienes han señalado sistemáticamente lo inconveniente de las medidas para el empresariado, utilizando hoy la excusa de un desfavorable escenario económico.

La insólita legislación chilena permite que en un proceso de negociación colectiva, el reemplazo de los trabajadores en huelga legal desde el día 15 de iniciada la movilización y con un bono de 4 UF (unos $ 98.000) por cada persona reemplazada. Bajo esta permisión y con sindicatos sumamente reducidos, los trabajadores han visto mermado su poder de negociación por no poder alterar significativamente las relaciones de fuerza que les permitan presionar al empleador. El desequilibrio en las relaciones entre capital y trabajo es significativo en nuestro país, y uno de los factores determinantes de esa realidad es el bajo poder de negociación de los sindicatos.

Profundamente cuestionada se está viendo la CUT por los continuos aplazamientos de reformas laborales que los trabajadores consideran indispensables para mejorar las condiciones en que se negocian los salarios y beneficios de los sindicatos. El cuestionamiento comenzó hace meses con la discusión del salario mínimo donde, ya había salido a relucir la escasa autonomía de la Central frente al gobierno. En primer lugar se alcanzó un magro reajuste y en segundo lugar se negocio por 2 años, con la excusa -declarada por Bárbara Figueroa- de que los temas importantes se darían en la mentada reforma laboral. El problema es que esta «gran reforma» que venía a cambiar el modelo de relaciones entre capital y trabajo, y por la que se habría cedido en el reajuste del salario mínimo, con el tiempo, parece ser solo un canto de sirena que oyen solo oídos ingenuos.

Las dudas sobre la presentación del proyecto se trasladaron ahora hacia su contenido, tras la firma al proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales recientemente presentado por Michelle Bachelet.

Pero bajo el gran disfraz de Reforma, la realidad parece apuntar a la modificación de detalles que pueden ser incluso atentatorios contra los sindicatos.

La principal apuesta del gobierno, enmarcándose en una tendencia que han seguido todos los gobiernos civiles tras dictadura, es fortalecer la institución mediadora en los casos de conflictividad entre empleadores y trabajadores: la Dirección del Trabajo. Bajo este alero el gobierno está desarrollando la noción de «servicios mínimos», que se resume en una figura legal que permita seguir funcionando a la empresa mientras se está paralizado, bajo un acuerdo entre empleador y trabajadores, previo a la negociación. Es decir, pretende posibilitar el derecho a huelga sin reemplazo, pero también el funcionamiento de la empresa cuando los trabajadores estén en huelga. En otras palabras, una modificación completamente inconsistente que vuelve pantanosa la negociación, pues permite de todas formas la disminución del poder negociador del sindicato al no interrumpir la producción.

Lo negativo en este aspecto para los trabajadores, es que una de las herramientas históricas claves para desequilibrar la balanza hacia el lado de los que laboran, y bajo la que se sostiene cualquier modificación al Código del trabajo a favor de los sindicatos, es el fin del reemplazo de trabajadores en huelga. La clave de las derrotas y retrocesos de las organizaciones sindicales chilenas durante las últimas décadas guarda relación con el respeto al Código del Trabajo que jibariza la huelga permitiendo el reemplazo. La paralización de una unidad productiva como presión es fundamental para mejorar las condiciones del trabajador en un proceso de negociación con el empleador, lo que por supuesto no se cumple bajo las garantías mínimas de funcionamiento de una unidad productiva.

Las garantías a los servicios mínimos no calzan con la demanda histórica de los trabajadores que profiere terminar, cuanto antes, el reemplazo de los trabajadores en huelga porque fundamentalmente, el reemplazo hace inútil la huelga. Las garantías a los servicios mínimos, si es que estos no son respetados, implicarían además sanciones para quienes vulneren el acuerdo, empleadores o trabajadores, y en el caso de estos últimos, permitiría el despido sin indemnización e incluso el reemplazo durante la huelga.

La figura servicios mínimos implica, para el gobierno, la inclusión de un articulado legal que sirva como normativa para conducir los conflictos empresa/trabajadores. Esta normativa puede ser nefasta para los trabajadores, porque incluiría un nuevo engorroso trámite de mediación que si los trabajadores llegan a vulnerar podrían verse sancionados incluso con el despido sin indemnización legal. En declaraciones a la prensa, el MINTRAB señaló que era intención del gobierno que los trabajadores también se ajustarán al 100% de cumplimiento de esta prestación de servicios mínimos. Es decir, el tiro puede salir por la culata, pues si bien existen huelgas legales que respetan el burocrático proceso de la negociación colectiva, la mayor parte de las huelgas realizadas en Chile durante al menos la última década, revisten el carácter de ilegales, gran parte de ellas consideradas como tales por no cumplir con los requisitos burocráticos al suceder el conflicto.

Las medidas pro empresariales en la «reforma laboral» apuntan también a la adaptabilidad pactada, sentida demanda de los empresarios, que busca que las empresas puedan «incorporar en sus propuestas los temas que son propios de la administración y que hoy están impedidos de negociar como jornada de trabajo, salarios, reajustes y gratificaciones o repartición de utilidades»

El segundo factor importante que debiese tener una reforma laboral, digna de tal enunciado para el mundo laboral, es la posibilidad de que haya negociación ínter empresa, es decir, negociación por rama. La subcontratación es parte de la columna vertebral de la extracción de plusvalía y de la acumulación flexible de capital en Chile porque permite que una empresa contrate empresas prestadoras de servicios desligándose de los derechos económicos, previsionales y laborales de los trabajadores que prestan servicios a la empresa mandante. Los pilares de la acumulación de riqueza en el país guardan relación con la entrega de los recursos naturales a las grandes transnacionales, y también con esta sobreexplotación de la mano de obra contratada y fundamentalmente, subcontratada. En Codelco, cuya administración es idéntica a la de las mineras transnacionales, por cada trabajador contratado existen 4 subcontratados, muchos de ellos realizando las mismas funciones que el contratado y bajo las condiciones de subordinación y dependencia. Según indica la Fundación SOL «3 de cada 4 nuevos empleos creados en Chile en últimos 4 años y medio es tercerizado (Subcontrato, Suministro, Enganche), cuenta propia (fundamentalmente no calificado y de pocas horas) y familiar no remunerado»

La negociación interempresa, señaló hace unos días la Ministra Javiera Blanco, no está dentro de las modificaciones que busca el gobierno. Queda entonces preguntarse ¿Qué será la gran reforma laboral anunciada por el gobierno? Como acabamos de ver, una reforma que no considera el fin del reemplazo de trabajadores en huelga ni tampoco la negociación interempresa -o bien la modificación de la definición de empresa donde no se permita externalizar funciones a una empresa que le son propias- no busca equilibrar las relaciones entre empleadores y sindicatos, y debido a su notable insuficiencia, sigue promoviendo la hegemonía del capital sobre el trabajo.