La presidenta Dilma Rousseff y la guerra a la clase trabajadora

Introducción

La clase obrera brasileña se enfrenta al ataque más salvaje a su nivel de vida de los últimos diez años. Y no son solo los trabajadores de la industria el objetivo de este ataque. Los campesinos sin tierra, los asalariados del sector público y el privado, los profesores y profesionales de la sanidad, los desempleados y los pobres se enfrentan a enormes recortes de ingresos, empleos y prestaciones sociales.

Todos los avances conseguidos entre 2003 y 2013 se van a revertir. Los trabajadores brasileños se enfrentan a una “década infame”: el régimen de la presidenta Dilma ha adoptado las políticas del “capitalismo salvaje” como lo demuestra el nombramiento como ministros de uno de los más ardientes defensores de los programas neoliberales.

El “Partido de los Trabajadores” y el ascendiente del capital financiero

A comienzos de diciembre de 2014, la presidenta Dilma nombró a Joaquín Levy ministro de finanzas, lo que le convierte en el nuevo zar a cargo de la economía brasileña. Levy es un miembro destacado de la oligarquía financiera del país. Entre 2010 y 2014, fue presidente de Bradesco Asset Management, rama financiera del conglomerado gigante Bradesco, que gestiona más de 130.000 millones de dólares. Desde que realizó su doctorado en la Universidad de Chicago, Levy es un seguidor leal de Milton Friedman, supremo neoliberal que asesoró económicamente al dictador chileno Augusto Pinochet. En los años en que ejerció como alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (1992-1999), Levy destacó como firme defensor de los programas de severa austeridad que una década más tarde empobrecerían a Europa meridional y a Irlanda. Durante la presidencia de Henrique Cardoso, Levy fue el estratega económico que impulsó la privatización masiva de empresas públicas lucrativas –a precios de saldo- y una liberalización del sistema financiero que facilitó fugas ilícitas de capital valoradas en torno a los 15.000 millones de dólares al año. La pertenencia de Levy a la oligarquía financiera brasileña y sus profundos y prolongados vínculos con las instituciones internacionales financieras es precisamente la razón por la que Dilma le ha puesto a cargo de la economía brasileña. El nombramiento de Levy es una pieza fundamental de la nueva estrategia de Dilma para incrementar generosamente los beneficios del capital financiero nacional y extranjero, con la esperanza de atraer inversiones a gran escala que acaben con el estancamiento económico.

Para la presidenta Dilma y su mentor, el ex presidente Lula Da Silva, toda la economía debe encaminarse a ganar la “confianza” de la clase capitalista.

Los programas sociales puestos en marcha hasta ahora están siendo eliminados o reducidos, a medida que el nuevo zar financiero Joaquin “Jack el destripador” Levy avanza en la consecución de su “terapia de choque”. Una prioridad de su programa es la de reducir de manera minuciosa y profunda la parte de la renta nacional correspondiente al trabajo. El objetivo es concentrar riqueza y capital en el diez por ciento más elevado de perceptores de renta con la esperanza de que este grupo realice inversiones y aumente el crecimiento.

Si bien el nombramiento de Levy representa, sin ninguna duda, un giro hacia la extrema derecha, fueron las políticas y prácticas económicas de los doce años anteriores las que sentaron las bases para el retorno a una versión despiadada de la ortodoxia neoliberal.

Los cimientos económicos para el retorno de los impuestos salvajes

Durante la campaña electoral de 2002, Lula firmó un acuerdo económico con el FMI en el que garantizaba un superávit presupuestario del 3%. Lula quería asegurar a los banqueros, financieros internacionales y empresas multinacionales que Brasil pagaría a sus acreedores y aumentaría las reservas de moneda extranjera para el envío de beneficios y flujos ilícitos de capital hacia el exterior.

La adopción de políticas fiscales conservadoras del régimen de Lula se vio acompañada por políticas de austeridad basadas en la reducción de salarios y pensiones de los empleados públicos y aumentos marginales del salario mínimo. Lo más importante es que Lula respaldó todas las privatizaciones corruptas que tuvieron lugar con el régimen de su predecesor, Cardoso. Al final de su primer año en el gobierno, 2003, Wall Street aclamó a Lula como “Hombre del Año”, por sus “políticas pragmáticas” y la desmovilización y moderación de los principales sindicatos y movimientos sociales. En enero de 2003, Lula había nombrado a Levy Secretario del Tesoro, un puesto que mantuvo hasta 2006 y que coincidió con el periodo más socialmente reaccionario de la presidencia de Lula. En este mismo periodo se produjeron una serie de escándalos de corrupción por valor de miles de millones de dólares en los que estaban involucrados decenas de altos puestos del Partido de los Trabajadores, que habían recibido “mordidas” de las principales empresas constructoras del país.

En torno a la mitad de la década de 2000 se produjeron dos acontecimientos que permitieron que Lula moderase sus políticas e introdujera reformas sociales limitadas. El primero fue el auge de las materias primas, un importante incremento de la demanda y el precio de las exportaciones agro-minerales que llenó los cofres del Tesoro. El segundo, el aumento de la presión de los sindicatos, los movimientos rurales y los pobres, que exigían su parte en la bonanza financiera y que dio lugar a un aumento de los gastos sociales y los salarios y facilitó el crédito, sin que estas mejoras afectaran a la riqueza, las propiedades y los privilegios de la élite. Gracias al boom económico, Lula pudo también satisfacer las exigencias del FMI, el sector financiero y la élite empresarial, con subvenciones, exenciones tributarias, préstamos a bajo interés y “desorbitados” contratos estatales altamente lucrativos. Los pobres percibían un 1% del presupuesto nacional a través de una “asignación familiar” de 60 dólares al mes y los trabajadores peor remunerados consiguieron un aumento del salario mínimo. El coste de las prestaciones sociales suponía apenas una fracción del 40% del presupuesto asignado a los bancos a través de la cancelación de empréstitos e intereses de la dudosa deuda pública suscrita por los anteriores gobiernos neoliberales.

Con el fin del auge económico, el gobierno de Dilma ha regresado a las políticas ortodoxas que practicó el gobierno de Lula en 2003-2005 y ha vuelto a nombrar a Levy para llevarlas a cabo.

Consecuencias de la terapia de choque de Levy

La tarea asignada a Levy – volver a concentrar la renta, aumentar los beneficios y revertir las políticas sociales- resulta mucho más difícil de conseguir en 2014-15 de lo que fue en 2002-03, principalmente porque entonces se trataba meramente de continuar las políticas instauradas por el gobierno de Cardoso y Lula prometió a los trabajadores que esas medidas eran temporales. En estos momentos, Levy debe recortar y cercenar beneficios que los trabajadores y los pobres ya dan por sentado. De hecho, en los dos últimos años los movimientos sociales han estado demandando mayores gastos sociales en transporte, educación y sanidad.

Para llevar adelante la terapia de choque de Levy será preciso, llegado el momento, aplicar la represión, como ocurrió en el caso de Chile y los países del sur de Europa, cuando programas de austeridad similares redujeron los ingresos y multiplicaron el desempleo.

Levy propone rescatar los intereses del capital financiero mediante la aplicación de medidas severas en línea con la agenda de Wall Street, de la City de Londres y de los magnates financieros brasileños. Globalmente, las políticas financieras de Levy equivalen a un “tratamiento de choque”: medidas rigurosas y repentinas contra los niveles de vida de los trabajadores, equivalentes al electroshock que los psiquiatras que afirman que “el dolor cura” aplican a los pacientes con desórdenes mentales, aunque con demasiada frecuencia les conviertan en zombis, o en algo peor.

La prioridad de Levy es recortar las inversiones públicas, las pensiones, las prestaciones por desempleo y los salarios del sector público. Bajo el pretexto de “estabilizar la economía” (para los grupos financieros), estas medidas desestabilizarán la economía familiar de decenas de millones. Se propone rescindir las exenciones fiscales a la masa de consumidores que adquieren vehículos, electrodomésticos y ropa de cama, incrementando así los gastos de millones de hogares de clase trabajadora o dejándoles sin la posibilidad de acceder al mercado. Su intención es desequilibrarlos presupuestos familiares (que la deuda crezca por encima de la renta) con el fin de aumentar el superávit del Estado y asegurar el pleno y pronto desembolso de la deuda pública a los acreedores, como el propio conglomerado Brandesco del que forma parte.

En segundo lugar, Levy “ajustará” los precios. Concretamente, eliminará el control de precios del combustible, la energía y el transporte, para que los oligarcas financieros que poseen millones de acciones en dichos sectores puedan aumentarlos y “ajustar” su riqueza hacia arriba en miles de millones de dólares. Como resultado, las clases trabajadora y media tendrán que dedicar una parte mayor de sus menguados ingresos a combustible, transporte y energía.

En tercer lugar, Levy probablemente permitirá que la moneda se debilite para promover las exportaciones agro-minerales bajo el pretexto de una mayor “competitividad”. Pero una disminución del valor de la moneda incrementará el coste de las importaciones, especialmente de alimentos básicos y bienes manufacturados. La devaluación de facto será más dura para los millones de ciudadanos que no pueden asegurar sus ahorros y favorecerá a los especuladores financieros capaces de capitalizar los movimientos de divisas. Por otra parte, estudios comparativos demuestran que una moneda más barata no garantiza un aumento de las inversiones productivas.

En cuarto lugar, es fácil que Levy argumente que para atajar el déficit energético producto de la sequía, que ha reducido la capacidad hidroeléctrica de las presas brasileñas, es preciso una “reforma” del sector (eufemismo utilizado para hablar de privatización). Seguramente propondrá la liquidación del gigante petrolero semipúblico Petrobras y acelerará la privatización de la explotación de los yacimientos en alta mar, en términos favorables a los grandes bancos de inversión.

En quinto lugar, veremos a Levy reducir y eliminar las regulaciones medioambientales y empresariales, incluyendo las que afectan a la selva amazónica y a los derechos de los trabajadores y de los indígenas, a fin de facilitar la entrada y salida rápida de capital financiero.

Esta terapia de choque tendrá profundas repercusiones sociales y económicas en la sociedad brasileña. Según todas las experiencias pasadas y presentes, dondequiera que los “Chicago Boys” (como el propio Levy) han aplicado su fórmula de choque, se han producido profundas recesiones económicas, retrocesos sociales y agitación política.

Contradiciendo las expectativas de la presidenta Dilma, los recortes en el crédito, los salarios y la inversión pública hundirán la economía y la llevarán del estancamiento a la recesión. El equilibrio presupuestario retrógrado disminuye la demanda y no fomenta los flujos del capital productivo. El sector con un crecimiento más dinámico, la industria del automóvil, se verá muy afectado por el aumento de impuestos sobre la compra de vehículos. Y lo mismo pasará con el sector de los electrodomésticos.

Hasta la fecha, la expansión de las inversiones públicas ha sido la principal fuerza motriz del crecimiento (por pequeño que este sea en la actualidad). No existe ningún motivo racional para pensar que grandes flujos de capital privado vayan a absorber el descenso de actividad inversora pública, especialmente en un mercado descendente. Más aún si, como probablemente sucederá, la lucha de clases se intensifica a causa de la reducción salarial y la disminución del nivel de vida.

Como todos los fanáticos del libre mercado, Levy argumentará que la recesión y la regresión son temporales, necesarias y que darán su fruto “a largo plazo”. Pero todos los países que han sufrido recientemente esta fórmula de choque han entrado en una recesión prolongada. En Grecia, España, Italia y Portugal, la depresión inducida por las políticas de austeridad ha entrado en su séptimo año… ¡y su deuda pública continúa creciendo!

Consecuencias reales de la terapia de choque

Tenemos que desechar las presunciones de “estabilidad y crecimiento” de estas políticas de austeridad defendidas por Levy y los de su clase y observar los resultados reales que producen.

Antes que nada, aumentarán las desigualdades, porque cualquier incremento de las ganancias se concentrará en las élites. Las desregulaciones y otras políticas fiscales y monetarias del gobierno profundizarán los desequilibrios de la economía, favoreciendo a los acreedores frente a los deudores, al capital extranjero frente a los fabricantes locales, a los propietarios de capital frente a los trabajadores asalariados, al sector privado frente al público.

De hecho, Levy “asegurará la confianza del capital” porque lo que se denomina “confianza de los inversores” se basa en una licencia sin trabas para expoliar el medio ambiente, reducir salarios y explotar un ejército de reserva de desempleados cada vez mayor.

Conclusión

La terapia de choque de Levy aumentará las tensiones de clase e inevitablemente provocará una ruptura del pacto social entre el régimen del denominado Partido de los Trabajadores y los sindicatos, los trabajadores rurales sin tierra y los movimientos sociales urbanos.

En la tesitura de tener que afrontar el estancamiento económico producto de la bajada de precios de las materias primas y la decisión del capital privado de retener las inversiones, Dilma Rousseff y la dirección del autodenominado Partido de los Trabajadores podrían haber decidido socializar la economía, acabar con el capitalismo de amiguetes y aumentar la inversión pública. En vez de eso, han optado por capitular. Dilma ha reciclado los programas ortodoxos neoliberales que Lula implementó durante los primeros dos años de su mandato.

En vez de movilizar a trabajadores y profesionales para llevar a cabo cambios estructurales más profundos, Dilma y Lula cuentan con que el “ala izquierda” del partido expresará sus quejas, sus críticas y finalmente dará su conformidad. Cuentan con que los líderes fagocitados de la confederación sindical (CUT) se contentarán con elevar la voz y realizar protestas simbólicas sin capacidad para alterar la terapia de choque de Levy. No obstante, el alcance, profundidad y extremismo del denominado programa de ajuste y estabilización del ministro de finanzas provocará huelgas generales, primero de todo en el sector público. Los recortes en la industria del automóvil y el aumento del desempleo darán lugar a acciones de lucha en el sector manufacturero. Los recortes en la inversión pública y el incremento de los costes del transporte, la sanidad y la educación reactivarán los movimientos urbanos de masas.

En menos de un año, las políticas de choque de Dilma y Levy convertirán Brasil en un caldero hirviente de descontento social. Los gestos seudopopulistas y la retórica vacía de Lula no servirán para nada. Dilma no podrá convencer a los trabajadores para que acepten el programa de “austeridad“de Levy (que favorece a las clases altas), sus incentivos “para ganar la confianza de los mercados internacionales” y las políticas internas que reducirán los ingresos de la inmensa mayoría de la gente trabajadora.

Estas políticas agravarán la recesión y no servirán para “resucitar el espíritu animal de los empresarios”. Después de un año de “más dolor sin curación “ (salvo un incremento de los beneficios de financieros y exportadores agro-minerales), la presidenta Dilma deberá afrontar los inevitables resultados políticos negativos que le supondrá la pérdida de apoyo de los trabajadores, la clase media y los campesinos pobres, sin ganar el apoyo de la élite empresarial y financiera (que tiene sus propios líderes políticos de confianza). Una vez puesto en marcha su programa de libre mercado radicalmente reaccionario y provocado el descontento popular masivo, Levy dimitirá y retomará la presidencia Bradesco, el fondo de inversiones multimillonario, con la satisfacción que produce el haber “cumplido la misión”.

Puede que Dilma reemplace a Levy e intente “moderar” su terapia de choque. Pero, para entonces, ya será demasiado tarde y su respuesta será demasiado limitada. El Partido de los Trabajadores acabará en el cubo de la basura de la historia. La decisión adoptada por Dilma al nombrar a Levy zar económico es una declaración de guerra de clases. Y para ganar una guerra de clases no podemos excluir que las políticas reaccionarias tengan que ser implementadas mediante el uso de violencia estatal: represión de las protestas masivas urbanas y desalojos salvajes de los trabajadores rurales sin tierra que ocupan pacíficamente fincas improductivas.

El giro efectuado por el régimen del “Partido de los Trabajadores”, desde un “liberalismo inclusivo” a un extremismo de libre mercado al estilo de Friedman radicalizarápolarizará a la sociedad brasileña. La oligarquía presionará para volver a militarizar la sociedad civil. Esto, a su vez, estimulará el crecimiento de movimientos sociales con conciencia de clase, como los que acabaron con veinte años de gobierno militar. Tal vez en esta ocasión la agitación social no termine con el advenimiento de una democracia liberal; tal vez la próxima lucha aproxime a Brasil al socialismo democrático.

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