Este miércoles 21 de enero a eso de las 07:00 horas de la mañana, un nutrido contingente policial de la SIP de carabineros y FFEE quienes aguardaban en un bus, acompañados de funcionarios de la Subtel, llegaron hasta la Junta de Vecinos de la Población La Victoria, ubicada en calle 30 de Octubre esquina Los Comandos, con el fin de incautar los equipos de la Radio que funcionaba en dicha dependencia desde hace aproximadamente dos años.

El violento operativo fue denunciado por la directiva de la Junta de Vecinos a través de un comunicado a través de las redes sociales. En dicho comunicado señalan:

"Queremos manifestar nuestro rechazo ante tanta violencia utilizada destruyendo la puerta de acceso y las puertas de oficinas interiores, además un operativo de esta envergadura sin precedente en democracia, nos hace recordar otras prácticas utilizadas en dictadura. Carabineros cuenta con la información de domicilio del directorio de la Junta de Vecinos y ante una orden no nos hubiéramos negados a abrir nuestras puertas ya que no tenemos nada que ocultar menos una radio como la de La Victoria que solo nos ha beneficiados como pobladores".

El allanamiento sorprendió tanto a los miembros de Radio La Victoria (que ocupaban el dial 98.1 FM) como a vecinos, pues la Radio es cercana a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC) y es y ha sido apoyada por la Alcaldesa Claudina Nuñez (PC) quien llegó luego de ocurridos los hechos hasta la Junta de Vecinos para enterarse de primera fuente de la situación.

La Radio es de orientación comunitaria y en su parrilla se anuncian actividades sociales de la población, la comuna y también sobre actividades gratuitas o proyectos gubernamentales.

En cuanto a la linea editorial de la Radio, si bien al interior hay transversalidad en sus integrantes, es mayoritariamente a favor del actual gobierno, por lo mismo la sorpresa fue mayor cuando llegó tamaño operativo policial a allanar la Radio y de paso, romper y destrozar cuanto había al interior de la sede social, todo esto ordenado por la Subtel.

Luego de la incautación de los equipos el dirigente José Medel, fue notificado y quedó citado a tribunales por infracción a la Ley de Radiodifusión.

Esto estaría enmarcado en la nueva política de la Subsecreteria de Telecomunicaciones (Subtel - dependiente del Ministerio de Transporte) que encabeza Pedro Huichalaf. El mismo que anunciara el pasado 9 de diciembre a los medios de una nueva adquisición por parte de la Subtel, de altísimo costo, de un Centro de Radio-Monitoreo, que fiscalizará las frecuencias radioeléctricas en la Región Metropolitana, en la primera etapa.

Dicho Centro de Radio-Monitoreo, ubicado en la propia Subtel, ha sido cuestionado desde diversas organizaciones radiales comunitarias y organizaciones de comunicación social y popular pues pareciera estar enfocada a la persecución de radios comunitarias actualmente ilegales debido a la precaria legislación en esta área para las radios comunitarias, cuestión consolidadas por una política de monopolios que lleva más de 20 años presente en Chile.

Solo hace un par de años se cambió la indicación de la 36B -A, que daba penas de cárcel e incautación de equipos para quienes transmitieran ilegalmente. Actualmente se mantiene la incautación de equipos y no la pena de cárcel, sin embargo esto para las radios comunitarias y populares significa la muerte del proyecto radial en sí.

Si bien se ha intentado avanzar en algunos aspectos, menores, esto ha sido a todas luces insuficiente. Por ejemplo hace algunos años se comenzó con la "Ley de Radios Comunitarias Ciudadanas", pero los resultados de esto han sido mínimos y su reglamentación sumamente ambigua y compleja. Además lograr una frecuencia y licitación es casi imposible, pues el proceso es engorroso y sumamente caro, limitando aún más la regularización de muchas radios comunitarias que llevan años al aire siendo un aporte a sus comunidades. Además, la mayoría de estas, quizás a raíz de lo mismo, se plantean criticas al manejo que han tenido los distintos gobiernos respecto al derecho de la comunicación.

Desde el Colegio de Periodista ya se han pronunciado, condenando el hecho, así mismo su presidenta Javiera Olivares ha señalado:

"la precariedad legal y material con la que hoy operan las radios comunitarias, que muchas veces son la voz de los marginados de este modelo de sociedad, lo único que hace es concentrar aún más el derecho a la comunicación en pocas manos. Y si a esto agregamos la represión del Estado, el cuadro se torna más oscuro. Esperamos que el gobierno explique esta situación, tanto por el actuar de Carabineros como de la eventual acción de la Subsecretaría de Telecomunicaciones".

Lee declaración del Colegio de Periodistas de Chile.

Radio Villa Francia.