México: terrorismo de Estado y movimiento estudiantil

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha erigido en el frente de la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre en el estado de Guerrero.

El 20 de noviembre se llevó a cabo una de las ya varias Jornadas de Acción Global para Ayotzinapa encabezada el Distrito Federal por los padres y madres de los estudiantes de la Normal Rural, con presencia de algunos de los movimientos sociales y políticos más combativos de la República, así como de miles de estudiantes de secundaria, bachillerato y de las principales universidades públicas y privadas del país. Tras las intervenciones de los padres y madres de los chicos desaparecidos, mucha gente permaneció en el Zócalo, momento en que el cuerpo de “granaderos” del Gobierno del DF aprovechó para iniciar la represión hacia los manifestantes. La policía detuvo aleatoriamente más de una decena de personas, la mayoría de ellas estudiantes de diferentes niveles, que fueron acusadas de terrorismo y enviadas a cárceles de máxima seguridad en estados lejanos. Paradójicamente (o no), quien se manifestaba contra la barbarie de la desaparición de 43 estudiantes recibía cargos más graves y medidas de seguridad superiores que las que sufrían los presuntos autores intelectuales de la desaparición, el alcalde de Iguala y su mujer.

Gracias a la movilización, la presión y las denuncias nacionales e internacionales, en Sandino, los detenidos el 20 de noviembre y otros que habían sido apresados ​​en la manifestación del 1 de diciembre, fueron liberados días después. Algunos de ellos tendrán que hacer frente a un proceso judicial; otros como en Bryan y Jacqueline continúan en prisión.

 

La UNAM, en el punto de mira del Estado

No es la primera vez que el movimiento estudiantil mexicano y, en concreto, los estudiantes de la UNAM se ponen a la cabeza de la lucha. Desde las luchas estudiantiles del 68 mexicano que fueron finalizadas con la masacre de la plaza de Tlatelolco hasta la famosa huelga 1999-2000 que impidió la subida de las tasas de matrícula, la UNAM ha sido un centro neurálgico del pensamiento crítico y la praxis política que aglutina la oposición al sistema desde la academia. Con casi 350.000 estudiantes y 38.000 académicos, la UNAM nutre las filas de la intelligentsia mexicana.

A pesar de ser lejos de su época dorada, cuando académicas exiliadas de las dictaduras latinoamericanas o española encontraron refugio en sus aulas, hoy en día la UNAM sigue siendo un referente académico y político. Es una de las universidades de mayor prestigio en América Latina y el Caribe. Cada años recibe 6.000 estudiantes extranjeros para formarse de manera gratuita. Intelectuales, académicos o políticos latinoamericanos, como el actual vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, han pasado por la UNAM creando redes académicas y políticas que van más allá del territorio nacional. Redes que contribuyen al eco internacional de unos hechos que ponen en entredicho la imagen democrática que México quiere presentar al mundo. De ahí la obsesión del gobierno para silenciar las voces críticas que provienen de la principal universidad pública del país.

Para la derecha, sin embargo, la UNAM es un epicentro de la subversión que hay que desprestigiar como sea. Tras la huelga de 1999-2000 las empresas evitaban contratar estudiantes titulados de esta universidad. De este “nido de guerrilleros” pueden salir estudiantes que son asesinados en campamentos de las FARC, como ocurrió en Sucumbios en marzo de 2008, o posibles aliados de los vientos bolivarianos que soplan en Sudamérica, como se demostró en los papeles filtrados por Wikileaks donde se hablaba de la preocupación del ultraderechista gobierno de Felipe Calderón por la posible influencia de Hugo Chávez en la UNAM.

 

Mural de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Foto: Carla Corrales.

Todos estos hechos permiten entender otros actos de provocación que han sufrido los estudiantes universitarios durante estos meses de lucha. El 15 de noviembre policías de civil dispararon contra los estudiantes presentes en el auditorio Che Guevara vulnerando la autonomía universitaria con la entrada posterior de policías en el campus para contener las protestas. O la sospechosa quema de un autobús en la UNAM, presuntamente cometida por estudiantes, mientras el movimiento estudiantil se encontraba al otro lado de la ciudad luchando por la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Casualmente (o no) en las mismas fechas apareció muerto David Flores, un estudiante de la Maestría en Ciencias Bioquímicas, involucrado en el movimiento de solidaridad con Ayotzinapa. Tampoco estos casos de asesinatos selectivos son nuevos en la historia de la universidad. En 2011 asesinaron dos estudiantes de la Facultad de Filosofía en circunstancias aún no aclaradas.

En días más recientes, un investigador del Instituto de Física de la UNAM, Jorge Antonio Montemayor Aldrete, y otro de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pablo Ugalde Vélez, cuestionaron la versión gubernamental según la cual los normalistas de Ayotzinapa habrían sido quemados en el vertedero de Cocula por Guerreros Unidos, un grupo del narco local. Y añadieron la hipótesis de que fuera el propio Ejército quien pudiera haber quemado los cuerpos a un crematorio militar. A raíz de su declaración pública, los investigadores han sufrido varias amenazas.

 

Movimiento estudiantil, movimiento interclasista

El clima de violencia y de impunidad que se vive en el país ha facilitado que durante años hayan asesinado o desaparecido cientos de luchadores sociales, generalmente de extracción trabajadora y campesina, sin que ello haya sido noticia internacional. Pero la magnitud de la barbarie de Ayotzinapa ha convertido en un punto de inflexión. Hoy casi todo el mundo que esté mínimamente informado conoce el caso y sabe que el responsable último de estas muertes y desapariciones es el Estado, que está utilizando la excusa de la falsa lucha contra el narco para desaparecer gente incómoda al poder. Nada nuevo en la historia mexicana.

Pero ahora están reaccionando muchos ciudadanos, entre ellos estudiantes de universidades privadas, que tibiamente han comenzado a entender que viven en medio de un espejismo democrático. Algunos de ellos despertaron con el movimiento # Yosoy132, otros lo están haciendo con Ayotzinapa. Sean estudiantes hijos de la clase trabajadora y campesina, sean hijos de la clase media, los estudiantes empiezan a ser el actor social que ahora mismo parece hacer más estorbo a un narcoestado que avanza peligrosamente hacia una dictadura abierta para mantener los privilegios de una oligarquía al servicio del gran capital del norte.

 

Foto principal: Carla Corrales.

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