Posible acuerdo de vecinos con ENAP devela nuevamente que pagando, se puede seguir contaminando.

Posible acuerdo de vecinos con ENAP devela nuevamente que pagando, se puede seguir contaminando.

La posible relocalización de los vecinos del sector El Triángulo de Hualpén -acuerdo extrajudicial con ENAP- tras denunciar los continuos episodios de malos olores que derivaron a varias familias a los centros de atención primaria, intoxicados por las emanaciones de la planta refinadora, es sin duda un avance para las poblaciones que sufren hace décadas la contaminación de la estatal, pero al mismo tiempo una pésima señal hacia la población.

Tal como en el caso del conflicto generado por la contaminación de Bocamina de Endesa en Coronel, y el acuerdo del pago a pescadores y algueras afectados por dicha contaminación, en esta oportunidad, una empresa estatal alcanza también un acuerdo económico con las familias sin que se modifiqué el funcionamiento de la planta refinadora. La señal que se da a la opinión pública es que pagando, se puede seguir contaminando.

ENAP ha señalado a través de sus representantes que la empresa no se puede hacer cargo de problemas que tienen relación con la utilización de terrenos aledaños a la refinería como habitacionales, lo que no deja de ser cierto. No obstante, no puede ser una excusa para permitir la continua ocurrencia de episodios graves de contaminación.

El acuerdo es preocupante porque, con una pequeña inspección del sector, se puede corroborar que a pesar de la ya histórica petición de relocalización de los vecinos de El Triángulo, hay una serie de proyectos habitacionales que se siguen implementando, o que ya se habitan hace un par de años como el Conjunto El Solar de Hualpén, destinado a vecinos que consiguieron subsidios habitacionales y otros varios damnificados por el 27/F del 2010. Unos se van y otros llegan.

Si la estatal continúa con sus prácticas, es posible que otros vecinos aledaños a la planta se vean afectados por los episodios de “malos olores”, concepto eufemístico para ocultar la brutal contaminación y sus efectos en la salud de los habitantes de las poblaciones del sector. No puede ser que por un acuerdo económico, se viole el derecho humano básico de “vivir en un medioambiente libre de contaminación”, derecho consagrado en la Constitución y cuya protección es responsabilidad del Estado. El mismo Estado propietario de ENAP.

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